Caso ProCultura: PDI detiene a Alberto Larraín y Fiscalía apunta a intervención de Claudio Orrego
La Policía de Investigaciones (PDI) concretó este viernes la detención del psiquiatra Alberto Larraín, fundador de la extinta fundación ProCultura, en el marco de las indagatorias por el denominado Caso Convenios. La captura se produjo tras una orden emanada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que además incluyó mandatos de aprehensión contra otras cuatro figuras clave de la entidad: María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado.
Larraín fue interceptado por los efectivos policiales en un punto fuera de su domicilio y trasladado posteriormente a su residencia en Ñuñoa para realizar diligencias de inspección. Al ser consultado por el procedimiento, el médico mantuvo una postura de apertura hacia la investigación, señalando que el proceso es parte de las etapas necesarias para esclarecer los hechos:
“La detención es parte del proceso normal, y hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. En la medida que podamos ayudar, bienvenido sea”.
El foco sobre Claudio Orrego y la asignación de recursos
La investigación, dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ha puesto especial énfasis en la figura del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Según la tesis del Ministerio Público, existirían vínculos previos y redes de confianza entre la autoridad regional y los directivos de ProCultura que habrían facilitado la transferencia de más de $1.600 millones para el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Para los persecutores, estos fondos no fueron asignados bajo parámetros técnicos, sino mediante una discrecionalidad que vulneró los principios de transparencia. En el documento de solicitud de desafuero contra el gobernador, la Fiscalía fue enfática en señalar la presunta infracción de deberes:
“Se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública”.
Gestiones para un proceso “acelerado”
Uno de los puntos más complejos para la defensa de los involucrados son las pruebas que sugieren que el convenio fue acelerado artificialmente. La Fiscalía sostiene que Claudio Orrego habría intervenido activamente, incluso mediante llamadas a otras autoridades, para apurar los trámites administrativos que permitieron el traspaso de los millonarios recursos a la ONG de Larraín.
Este análisis institucional del proyecto no se limita a los montos, sino que busca desarticular lo que el Ministerio Público define como un abuso del cargo de gobernador para favorecer a actores con vínculos informales y formales previos. Con la detención de Larraín y el resto de la cúpula de ProCultura, se espera que las próximas audiencias de formalización arrojen nuevos detalles sobre la ruta del dinero y el alcance real de las responsabilidades políticas en la Región Metropolitana.