Una derrota anticipada para Costa Rica
Afirmamos en artículos anteriores que no importaba quién fuera electo en primera o segunda ronda, el país quedaría a una pizca de caer en el noveno círculo del Infierno de Dante si en campaña electoral no se visibilizaban los grandes atributos constitucionales concebidos para tener verdaderos estadistas gobernando y legislando.
Hablo de los atributos cuyo incumplimiento recurrente ha sido responsable de la situación caótica actual del país. Ninguno de ellos fue tocado por ningún periodista, ni medio noticioso, ni académico, con ninguno de los 20 candidatos presidenciales. ¿Y estos?: ¡gracias, compadres!
Es elemental esperar que un presidente sea un líder capaz, bien formado, con experiencia pública, profesional, honesto, proclive al diálogo y no al insulto ni a alentar la insurrección civil contra los demás Poderes del Estado.
Pero, eso no es suficiente. Para ser estadista, hay que adoptar y ejercitar esos atributos virtuosos que la Constitución consagra para evitar que se llegue a mejenguear, a improvisar o a basarse en la “experiencia personal”. Sépase que aun los candidatos que hoy se vanaglorian de haber sido ministros, diputados o prominentes figuras gubernativas, nunca ejercitaron ese ABC “decalógico” que, precisamente, habría evitado los ineficaces gobiernos que han arrastrado al país al caos presente.
Esta gran inoperancia informativa y formativa “cancerígena y metastásica” nos ha llevado al punto de presenciar cómo 20 partidos compiten con base en meros eslogans o proyectos aislados, no en estrategias integrales que permitan valorar cómo el artículo 50 de la Constitución podría ser llevado a su nivel de máxima realización.
Tenga claro el lector que al razonar esto, nos basamos en normas constitucionales y legales cuya redacción no da lugar a “interpretaciones discrecionales” de los órganos obligados a cumplirlas.
¿Mi última esperanza para Costa Rica? Que si quienes llegan en mayo reproducen los mismos horrores e incumplimientos que aquí reseño, queda la Sala IV para intentar eliminar de cuajo esta “sociopatía conductiva” que nos asfixia y ante la que muy pocos parecen inmutarse.
Veamos.
Primero: el nuevo presidente tiene que garantizar que sus ministros lleguen plenamente preparados para “sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento” según artículo 140.3 (por ejemplo, el ministro de Salud tiene que ser el “vocero en jefe” de las actividades pertinentes de la Caja, AyA y otros entes del sector salud; el de Trabajo y Seguridad Social –no un presidente ejecutivo con rango de ministro sin cartera– del IMAS, PANI, CCSS, MinSalud, INVU, MEP y otros; el de Ambiente, del ICE, Recope, INVU, AyA, Senara y otros, así como el del MAG sobre CNP, Inder, Senara, etc.
Segundo: también tiene dicho órgano que “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativos” (140.8), ya consagrado como la competencia de “dirección gubernativa” sobre entes autónomos, operativizada esta en la LGAP 6227 de 1978 (arts. 27.1, 98, 99 y 100). O sea, los ministros no pueden seguir actuando como desvalidos espectadores de tales entes.
Entiéndase que quienes se “enfrentan” en esta “lucha de poder político” no son –como afirmó la entonces ministra de Planificación, Laura Fernández, hace dos años– un “ministerio débil” como el de Salud contra un ente más grande y “poderoso” como la Caja. O un Minae, contra el ICE. No señores. El enfrentamiento real debe ser entre el poderoso Poder Ejecutivo en Salud, Ambiente y en todo sector, versus juntas directivas sujetas a destitución, óigase bien, por incumplimiento injustificado de “directrices gubernativas”.
Tercero: dicho Poder Ejecutivo también es responsable en “todos los… casos en que por acción u omisión viole... alguna ley expresa” (art. 149.6), quedando los ministros sujetos a “interpelaciones y censura de la Asamblea por tales actos inconstitucionales o ilegales, o por errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos” (art. 121.24).
Cuarto: la Ley 5507, de presidencias ejecutivas, prohíbe explícitamente que los presidentes ejecutivos puedan ser nombrados en otro cargo público. La Constitución, en el artículo 143, prohíbe que los ministros puedan desempeñar otro cargo público. El próximo mandatario/a no debe seguir nombrando a tales presidentes con rango de ministro sin cartera, siendo ambos cargos de tiempo completo, incompatibles entre sí y totalmente disfuncionales, lo cual explica los marasmos operativos de muchos entes… y “sectores“.
Quinto: no puede el presidente electo seguir ignorando la ley de planificación 5525, de 1974, y sus reglamentaciones. Está obligado a activar los sectores y regiones de desarrollo de manera que las menos de 60 instituciones clave del gobierno funcionen como un conjunto, con Mideplán como bujía indiscutible de tal sistema.
Sexto: el presidente tiene que visibilizar a los ministros como “rectores sectoriales” según Constitución y aquellos cinco artículos de la LGAP más la Ley 5525, pues solo así asumirán plena responsabilidad y “vocería” junto con él por el desempeño y resultados de esos conjuntos de entes y ministerios, o sea “sectores”, antes de entrar “a lo loco” a eliminar o refundir instituciones que en el ínterin permanecerían paralizadas y disfuncionales, siendo que ya podrían resolver mucho mejor los grandes problemas del país en ambiente, salud, educación, agricultura, vivienda, seguridad social y en todo campo, apoyados en –no ignorando– las normas previamente enumeradas más otras cruciales como la LOA, Fodea, Código de Niñez y Adolescencia, General de Salud, Fundamental de Educación, Simplificación de Trámites y varias otras.
Siete: los nuevos legisladores no pueden llegar haciéndose los “majes” –con la complicidad de Contraloría y Defensoría– de su obligación constitucional de controlar y exigir cuentas al presidente con cada ministro como “voceros" responsables de las instituciones bajo su “mando político”, o sea "sectores", para que funcionen como un reloj en San José y en toda región.
¿Le quedan dudas al simpatizante de todo partido de que el no ejercitar estas competencias o atributos virtuosos es lo que ha generado el vacío abismal en dirección y planificación estratégica y operativa –y en participación civil– que ha llevado a tantas instituciones a “hacer solo cositas”, tanto por ocurrencias de los gobernantes como por la pasividad de legisladores, Contraloría y Defensoría, al no querer reconocer y rectificar estos horrores como la Constitución y las leyes les exigen?
¿Hay –pregunto finalmente a todo elector– mayor corrupción que darles la espalda a estas normas o atributos de oro, que habrían evitado llegar al desmadre y confusión conductiva y electiva que enfrentamos hoy?
Pobre Costa Rica, con un pueblo tan confundido y engañado, que podría votar con el hígado y precipitarnos al mismísimo infierno, sin nunca atisbar la gran nación que los constituyentes de 1949 consagraron como visionario modelo de Primer Mundo... que nadie ha querido tomar en serio. Y menos, el gobierno actual.
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño Segura, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de ‘Página Quince’ de ‘La Nación’ desde 1974.