La renuncia del acta de Ábalos hace que la instrucción del caso Koldo en el Supremo se derive a la Audiencia Nacional
La renuncia al acta de diputado por parte de José Luis Ábalos tendrá efectos inmediatos en la instrucción que se sigue en el Tribunal Supremo del caso Koldo. La parte de las diligencias que se sigue investigando, relativa al presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, se remitirá a la Audiencia Nacional, toda vez que el alto tribunal perdería la competencia para instruir la causa al no haber ya ningún aforado.
Con todo, el alto tribunal seguiría adelante con el juicio de la trama mascarillas, cuya celebración está prevista para el próximo mes de abril. Cabe recordar que el caso Koldo arrancó en la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 a tenor de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades con la compra de mascarillas en pandemia desde Puertos del Estado y Adif, entes dependientes del Ministerio de Transportes.
Sin embargo, los avances en la instrucción propiciaron la implicación en los hechos de Ábalos. Debido a su condición de aforado, la Audiencia Nacional se inhibió ante el Tribunal Supremo, por ser el competente para investigar estos hechos. Así las cosas, el magistrado del alto tribunal Leopoldo Puente asumió la parte de las pesquisas que afectaban al exministro de Transportes, tales como su implicación en la firma de los contratos, el pago del alquiler de la vivienda de lujo de su expareja Jésica Rodríguez, su enchufe en Ineco y Tragsatec o la presunta repatriación de dinero desde República Dominicana.
Amaños de obra pública
En el marco de esta instrucción, la Guardia Civil detectó también un presunto amaño de adjudicaciones de obra pública de dicho Ministerio en favor de algunas empresas como Acciona y Servinabar, una pequeña mercantil vinculada a Santos Cerdán. El magistrado Puente abrió una nueva línea de investigación con estos hechos e imputó tanto a Cerdán como a otros empresarios implicados en los hechos.
De esta forma el caso Koldo en el Supremo se dividió en dos partes. La primera de ellas, relativa a los pelotazos de mascarillas, se terminó de instruir y el magistrado Puente acordó la apertura de juicio oral para los tres investigados en esta pieza: Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 24 años de cárcel, 19 y siete años, respectivamente, mientras las acusaciones populares, representadas por el PP, solicitan penas de hasta 30 años de cárcel.
La jurisprudencia del alto tribunal determina que, una vez abierto juicio oral, como es el caso, el Supremo mantiene la competencia, de manera que la renuncia del acta de diputado de Ábalos no afectaría en absoluto a esta pieza, la cual está pendiente de enjuiciarse. En concreto, la Sala de lo Penal ya conformó el tribunal que juzgará los hechos y señaló también el 12 de febrero para celebrar la vista preliminar y el mes de abril para acoger el juicio.
El juicio se queda en el Supremo
Mientras tanto, siguió con la instrucción de la parte relativa a los amaños de obra pública, en el marco de la cual están pendientes de nuevos informes policiales, tales como la investigación patrimonial a Santos Cerdán.
Con todo, la decisión de Ábalos, que ha comunicado él mismo a través de la red social X, propicia este nuevo giro de guion en la causa. Ahora el siguiente paso sería que el Congreso de los Diputados notifique al Tribunal Supremo la renuncia del aforamiento del político valenciano, lo que implicaría la pérdida de competencia para instruir la causa en el alto tribunal. También puede notificarlo directamente la defensa de Ábalos, la cual ha asumido recientemente el abogado Marino Turiel, penalista que ya le ha llevado asuntos derivados de esta causa de corrupción.
Así pues, de seguirse el cauce establecido, la Audiencia Nacional asumiría la parte que afecta a Santos Cerdán. Cabe recordar que el magistrado Ismael Moreno comenzó investigando esta presunta organización criminal y bajo su batuta se mantiene todo lo relativo al caso Koldo que no afecta a Ábalos. De esta forma, en este órgano siguen imputados los altos cargos de Puertos del Estado y de Adif que gestionaron los contratos de mascarillas, además de la expresidente de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, por su presunta implicación en la trama.
Del mismo modo, la Audiencia Nacional mantiene también una pieza separada en la que investiga bajo secreto de sumario un presunto delito de blanqueo de capitales con el efectivo que le entregó el PSOE a Koldo García. Del mismo modo, se indaga todo el incremento patrimonial de este último y de Víctor de Aldama. En el marco de estas diligencias permanecen imputados desde el principio de la investigación tanto la expareja de Koldo, Patricia Úriz, como su hermano, Joseba García. A ambos se les atribuye haber contribuido a ocultar las presuntas ganancias ilícitas del exasesor ministerial.