Impuestos verdes: del costo invisible al nuevo mapa competitivo de México

Hasta hace poco, en muchas organizaciones el tema ambiental se quedaba en dos terrenos: el reporte de sostenibilidad y algunos proyectos de eficiencia para reducir consumos. Hoy se está moviendo al centro de la agenda de negocio por una razón muy concreta: la contaminación está dejando de ser un costo difuso para convertirse en un costo medible y, cada vez con mayores impactos para las empresas.

Ese giro ocurre por distintas vías. Algunas son explícitas, como impuestos por emisiones, residuos o descargas. Otras llegan por la puerta comercial: clientes que piden trazabilidad de huella de carbono, bancos que incorporan métricas en financiamiento y regulaciones externas que empiezan a asignar un precio al carbono en la frontera. En ese contexto, México está entrando a la fiscalidad ambiental por una ruta propia: una combinación de señales federales, incentivos a la inversión y una expansión acelerada de gravámenes estatales.

El punto para las empresas es claro: la conversación ya no es si este tema es relevante, sino cómo se gestiona. Y hacerlo bien implica datos, decisiones de inversión y coordinación interna.

EMPEZAR POR EL PRINCIPIO: ¿QUÉ ES UN IMPUESTO VERDE?

A diferencia del ISR o el IVA, los impuestos verdes no parten de la utilidad ni de las ventas. En términos prácticos, son gravámenes que no se calculan sobre utilidades o ventas, sino sobre algo medible asociado a la contaminación: litros de combustible, toneladas de emisiones, agua descargada o residuos enviados a disposición final. Su objetivo principal no es recaudar, sino cambiar conductas: hacer más caro contaminar y más rentable invertir en eficiencia y tecnología limpia.

Esta lógica explica algo que suena contraintuitivo: si un impuesto ambiental está bien diseñado, con el tiempo podría recaudar menos. No porque falle, sino porque su señal incentiva cambios tecnológicos y operativos que reducen la base gravable, es decir, la contaminación.

¿POR QUÉ EXISTE?

El argumento económico detrás es conocido: hay actividades que generan costos que no se reflejan en el precio de mercado y terminan pagándose socialmente, por ejemplo, en salud pública, calidad del aire, agua o degradación ambiental. La fiscalidad verde busca cerrar esa brecha: que el costo ambiental deje de ser invisible y entre en la ecuación económica.

De ahí surge una idea que hoy vuelve con fuerza: el doble beneficio. El primero es ambiental, menos contaminación. El segundo puede ser económico si los recursos se utilizan para fortalecer competitividad, por ejemplo, financiar infraestructura, acelerar transición tecnológica o apoyar proyectos que reduzcan el costo de cumplimiento. Este segundo beneficio depende del diseño y, sobre todo, de la confianza: reglas claras, medición verificable y transparencia sobre el uso de los recursos.

LO QUE MUESTRA EL MUNDO: EL CARBONO YA NO ES SÓLO POLÍTICA PÚBLICA, TAMBIÉN ES COMERCIO

En Europa se ha observado que lo que detona inversiones no es sólo el monto, sino la certeza de que la señal de precio llegó para quedarse, impulsando eficiencia, electrificación y sustitución de combustibles. Países como Suecia y Dinamarca han reducido emisiones de forma significativa sin frenar el crecimiento.

A eso se suma un cambio relevante. Mecanismos como el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) europeo, que entró en fase definitiva este 2026, apuntan a que, en ciertos sectores intensivos en carbono, el acceso al mercado exija reportar emisiones y enfrentar un costo asociado.

MÉXICO: SEÑALES FEDERALES MIXTAS

En México no existe una ley única de impuestos verdes. La política fiscal ambiental se materializa en instrumentos dispersos, con dos palancas federales particularmente relevantes: la señal asociada a combustibles fósiles y los incentivos del ISR para acelerar inversión en tecnologías limpias.

COMBUSTIBLES: EL EQUILIBRIO ENTRE INFLACIÓN Y EFICIENCIA

El IEPS aplica cuotas por litro a las gasolinas y al diésel, lo que incide directamente en el costo de los combustibles. Para 2026, por ejemplo, la cuota federal se actualizó a 6.70 pesos por litro en gasolina regular (Magna) y 7.36 pesos por litro en diésel, impactando de forma inmediata la estructura de costos de transporte, logística e industrias intensivas en combustible.

En la práctica, este tipo de señal enfrenta una tensión estructural: cuando se activan estímulos para suavizar el precio de los combustibles por razones inflacionarias o de estabilidad, la señal conductual se debilita. Esto importa porque, para muchos sectores, el consumo de combustibles es un componente relevante de costos. Si la señal fiscal es consistente, incentiva eficiencia y sustitución. Si es intermitente, suele postergar decisiones de mediano plazo.

INVERSIÓN: EL ISR COMO ACELERADOR DE TRANSICIÓN

El otro lado de la moneda es más propositivo. En el ISR existen incentivos que pueden cambiar la viabilidad financiera de proyectos de transición energética, destacando la deducción inmediata del 100% para maquinaria y equipo destinado a generación con fuentes renovables. Además, bajo el Plan México vigente en 2026, se suman deducciones adicionales para capacitación e innovación.

EL CAMBIO MÁS RÁPIDO: LOS ESTADOS Y EL NUEVO MAPA DE CUMPLIMIENTO

Si el nivel federal avanza con instrumentos híbridos, el crecimiento más visible se ha dado en los estados. En los últimos años, un grupo creciente de entidades ha incorporado impuestos ecológicos, y hoy ya es común verlos en estados industriales como Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Zacatecas y Coahuila.

Aunque cada estado ha diseñado reglas propias, en la práctica la mayoría de estos gravámenes se concentran en pocos frentes muy claros:

•Emisiones: cobran por lo que se emite al aire (chimeneas). En Querétaro, por ejemplo, la tarifa 2026 ronda los 694 pesos por tonelada de CO2, una señal robusta.

•Descargas: se enfocan en lo que afecta al agua y al suelo.

•Residuos: impuestos por enviar desechos a confinamiento.

•Extracción: ligados a minería o materiales pétreos.

Para las empresas con operaciones en más de un estado, el efecto práctico es inmediato: aparece un mapa de cumplimiento que no siempre es homogéneo. Un grupo industrial con tres plantas en estados distintos puede encontrarse con diferencias relevantes en cómo se define la base y qué evidencia se exige. Si la organización no estandariza datos y procesos, el cumplimiento se vuelve artesanal, elevando costos y riesgos ante auditorías.

CONCLUSIÓN

La fiscalidad verde suele percibirse como costo. Sin embargo, en el contexto actual puede convertirse en un diferenciador. Muchos corporativos globales están incorporando huella de carbono y trazabilidad en compras, contratos y reportes, y el financiamiento empieza a premiar métricas verificables.

En paralelo, ciertos mercados avanzan hacia esquemas donde el carbono es un componente de acceso comercial.

Medir y reducir puede traducirse en eficiencia operativa, modernización de activos, mejor posicionamiento ante clientes y, en algunos casos (como el CBAM), menor riesgo de barreras comerciales.

En el caso de México, para las empresas, la lectura es práctica: esto no es un tema “ambiental” aislado. Es estructura de costos, decisiones de CAPEX y acceso a mercados. Quien mida, documente y reduzca su huella con anticipación no sólo disminuye riesgos fiscales y regulatorios; también se vuelve un proveedor más atractivo para cadenas globales que ya están asignando un valor económico al carbono.