La Xunta prevé aumentar la producción eólica hasta en un 35% renovando aerogeneradores

En un contexto complejo para el sector eólico gallego, con paralizaciones cautelares y procesos judiciales en curso desde hace años que afectan a una parte importante de la potencia instalada total, la Xunta redobla su apuesta por la repotenciación para intentar aumentar la producción eólica con la sustitución de antiguos aerogeneradores por modelos más modernos . Según trasladó el Ejecutivo gallego remitiéndose a un informe presentado durante el Consello del lunes, esta renovación permitiría aumentar hasta en un 35% la producción de los parques instalados y reducir el número de molinos sin que varíe la potencia instalada en Galicia. En este sentido, la Xunta indica que está tramitando siete nuevas solicitudes de repotenciación presentadas en los últimos meses. Un proceso que, según el informe elaborado por las Consellerías de Medio Ambiente y Economía, supondría reducir de 259 a 37 los molinos de viento presentes en estos parques sin mermar la potencia instalada. Concretamente, las instalaciones implicadas serían las de Barbanza I y II, Farelo, Serra da Loba, Monte Treito, Serra do Cando y Monte Seixo, pero no son los únicos parques eólicos interesados en la repotenciación. El gobierno gallego también aprobó la renovación de nueve parques eólicos entre 2024 y 2025, para la repotenciación de Castelo, Coriscada, Monte Redondo, Muras, Novo, Serra da Panda, Somozas, Sotavento y Pena Galluda. Entre ellos, tres ya se encuentran en proceso de repotenciación (Monte Redondo, Novo y Somozas) y en los próximos días comenzarán las obras para intercambiar los aerogeneradores de Muras. Por otra parte, en el caso de Serra da Panda, se trata de la segunda parte de una repotenciación que comenzó hace años. A estos proyectos se suman los llevados a cabo por la Xunta entre los años 2016 y 2020 en las instalaciones de Malpica, Cabo Vilano, Zas, Corme y Serra da Panda (la primera parte de la renovación). En total, las repotenciaciones previstas y ya ejecutadas implican a 20 instalaciones eólicas que cuentan con una potencia instalada de 485 MW. El resultado previsto por el Ejecutivo gallego tras la finalización de estos 20 proyectos supondrá una reducción de molinos del 84% (de 856 a 137) y aumento de la producción de esta energía renovable de los 1,14 millones de MW por hora al año de partida a 1,75 millones, el equivalente al consumo eléctrico de más de 437.500 familias al año según las estimaciones del informe. Una mejora propiciada por la eficiencia de los nuevos aerogeneradores, que cuentan con la capacidad de aprovechar mejor las rachas de viento por su mayor capacidad de barrido, lo que amplía sus horas útiles de funcionamiento con una diferencia de hasta 500 horas extra al año por aerogenerador respecto a los de mayor antigüedad. Más energía con la misma potencia instalada. Además, esta renovación de estos parques eólicos con menos molinos reduciría las emisiones de CO2 a la atmósfera en 822.500 toneladas al año , cantidad equivalente a las emisiones anuales de 658.000 coches. Un balón de oxigeno para avanzar en los objetivos de descarbonización de la administración autonómica, estatal y europea, mientras no se resuelve el entuerto judicial que mantiene bloqueada una cantidad de energía equivalente a prácticamente la mitad de la ya instalada en la comunidad gallega, que cuenta en la actualidad con 193 parques eólicos en funcionamiento y una potencia instalada de 4.020MW, de donde proviene el 38,4% de la electricidad generada en Galicia. Y pese a la intención de la Xunta de renovar todas las instalaciones eólicas con una antigüedad mayor a 20 años salvo casos puntuales, el 60% de los que están servicio y el 56% de la potencia total instalada, desde el sector eólico no comparten que se establezca un plazo fijo de obsolescencia, aunque si han impulsado la repotenciación en aquellos casos donde la inversión y el retorno se acompasan con sus intereses. Y pese a esta y demás diferencias, tanto la patronal eólica como la Xunta comparten diagnóstico: los 228 recursos judiciales en curso que afectan a 92 parques pendientes de su instalación en Galicia -86 de ellos suspendidos por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- suponen un freno en seco para nuevas inversiones ante una inseguridad jurídica que aleja de la comunidad gallega millones de euros y empleo año tras año. Todo ello a pesar de los pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que han resulto varios de los recursos avalando la legislación gallega y española, lo que no ha impedido que el TSXG encuentre nuevos argumentos para paralizar o suspender los proyectos, como ocurrió recientemente en el caso de A Ruña III de Mazaricos, en el que alegaron que la declaración de impacto ambiental no incluía la línea eléctrica de evacuación, pese a que está ya se emplea en otro parque eólico en funcionamiento.