Informe de YPFB reporta caída de 42% de la renta petrolera
A septiembre de 2025, la renta petrolera en el país cayó un 42% en comparación con similar periodo de 2024, según el reporte publicado en los Indicadores Financieros elaborados por la Gerencia de Administración Económica y Financiera de Contrato de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las cifras apuntan a una caída histórica y confirman el desplome de los ingresos por hidrocarburos. Entre enero y septiembre de 2025, la renta petrolera llegó a $us 760 millones, muy por debajo de los $us 1.310 millones registrados en el mismo periodo de 2024.
Para 2025 se prevé el menor ingreso desde 2021, de acuerdo con el informe de YPFB. En esa gestión, el país recibió $us 1.701 millones por renta petrolera.
La cifra más alta en este rubro se alcanzó en 2022, cuando la renta llegó a $us 2.657 millones, impulsada por los precios internacionales y una mayor producción de gas.
A partir de ese año, los ingresos comenzaron a caer: en 2023 se registraron $us 1.984 millones; en 2024 la cifra bajó a $us 1.619 millones; y para finales de 2025 el Gobierno proyecta ingresos por $us 1.502 millones.
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Ingresos
Según los Indicadores Financieros de YPFB, el Tesoro General de la Nación (TGN) y otros beneficiarios concentran gran parte de estos recursos, por lo que también son los más afectados por la baja.
El informe también evidencia un descenso notable en los ingresos destinados a gobernaciones, municipios y universidades a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros tributos.
Para octubre de 2025, la proyección de ingresos también es baja: se estiman solo $us 123 millones.
El año pasado, el entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, atribuyó la reducción de la renta petrolera a la falta de exploración en gestiones anteriores.
La renta petrolera incluye los ingresos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías, participación del Tesoro General de la Nación (TGN), recursos de YPFB, patentes, impuestos y otros conceptos.
Estos ingresos favorecen directamente a gobernaciones, municipios y el sistema universitario público, y coadyuvan al desarrollo de programas de salud, educación, vivienda, empleo y diversificación productiva que impactan en la calidad de vida de las familias bolivianas.
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