Tragedia anunciada: más de 3 millones de peruanos en riesgo por inundaciones y huaicos en temporada de lluvias
En el país, 382 distritos de 20 regiones han sido declarados en estado de emergencia ante la posibilidad de lluvias intensas. Estas localidades se ubican principalmente en Amazonas, Áncash, Cusco, Piura, Puno y Ucayali. La amenaza es concreta. Más de tres millones de personas viven en zonas de riesgo alto y muy alto frente a inundaciones, huaicos y deslizamientos, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Cada año, durante los meses de verano, se activan alertas en los mismos puntos críticos. Sin embargo, la población continúa expuesta y la respuesta del Estado se concentra en acciones de contingencia, dejando de lado la prevención estructural que permitiría reducir pérdidas humanas y materiales.
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Las cifras incómodas
El riesgo alcanza tanto a zonas urbanas como rurales. Unas 942.000 viviendas se encuentran en riesgo muy alto por movimientos en masa y 386.988 por inundaciones. Además, más de 2,3 millones de viviendas están ubicadas en áreas de riesgo alto por lluvias y desbordes de ríos.
La infraestructura esencial tampoco está a salvo: 1.169 establecimientos de salud y 5.118 colegios presentan riesgo muy alto por inundaciones, mientras que 1.839 centros de salud y 14.885 colegios están expuestos a movimientos en masa.
Un país que no aprende del pasado
Para quienes viven en zonas vulnerables, los huaicos no son eventos excepcionales, sino amenazas recurrentes. El sonido del río, la lluvia persistente o los mensajes entre vecinos anuncian lo que está por venir.
Hebert Mayo, damnificado por el ciclón Yaku en 2023, recuerda el desastre con claridad. “Fue una tragedia. Murió una vecina con su hijo. No sabíamos qué hacer. La impotencia fue enorme”, relata. El hecho ocurrió en el cruce del jirón Moyobamba con la avenida Malecón Rímac, en San Martín de Porres. La ayuda llegó después de la emergencia.
Una experiencia similar vivió Javier Ávila en 2019, en la cuenca del río Huaycoloro, en Chosica. “El aviso llegó con muy poco tiempo. En una hora ya no se podía hacer nada”, contó. El lodo alcanzó más de un metro de altura, arrastró vehículos y derribó paredes.
Ávila apunta a un problema recurrente: la acumulación de basura y tierra, sumada a obras mal ejecutadas. “No se limpiaron los cauces. Eso hizo que el río se desborde. Con la naturaleza no se juega”, advierte.
Falta de orden y prevención
Desde el Colegio de Ingenieros, Fredy Morán señala que muchas familias se asientan en quebradas, laderas inestables o suelos de relleno. En la misma línea, Gina Chambi, del Colegio de Arquitectos, advierte que se sigue ocupando zonas no aptas para vivienda.
Ambos coinciden en que la falta de planificación urbana y de control territorial empuja a las poblaciones más vulnerables a vivir en áreas de alto riesgo.
Alertas que no se atienden
La Defensoría del Pueblo ha advertido que uno de los principales problemas del sistema de gestión del riesgo es la baja prioridad que se da a la prevención en el presupuesto público.
Según el adjunto para la Administración Estatal, José Luis Agüero, solo 12 gobiernos regionales destinaron recursos para la descolmatación de ríos y quebradas antes del inicio de la temporada de lluvias.
Desde el Senamhi, la ingeniera Grinia Ávalos explica que el sistema de alertas funciona con anticipación —niveles amarillo, naranja y rojo—, pero el problema no es la información, sino la falta de acción. “No se necesita un pronóstico para actuar. Sabemos que enero, febrero y marzo son los meses más lluviosos”, remarca.
Rafael Pereira, director regional del Indeci en Cusco, coincide en que el enfoque sigue siendo reactivo. “Tenemos hasta 60 días para ejecutar medidas preventivas, pero muchas veces ese plazo empieza cuando ya llueve”, señala.
Un Estado fragmentado
Para la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, el problema central es la desarticulación del Estado. La gestión del riesgo se reparte entre los tres niveles de gobierno, sin una coordinación efectiva ni sanciones cuando no se cumplen las responsabilidades.
A ello se suman la baja ejecución presupuestal, la escasa capacitación técnica, la alta rotación de funcionarios y una cultura institucional que actúa solo cuando el desastre ya ocurrió.
Mientras esa lógica no cambie, las víctimas y las pérdidas seguirán aumentando.
La tragedia, una vez más, estaba anunciada.
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