China convierte el sexo en campo de batalla fiscal para frenar su invierno demográfico
China ha pasado, en apenas una generación, de temer la superpoblación a perseguir la baja natalidad con el instrumento más frío que tiene el Estado: el sistema tributario. El último movimiento es tan simbólico como polémico ya que, por primera vez en tres décadas, los preservativos y otros métodos anticonceptivos dejan de estar exentos y pasan a pagar un 13 % del impuesto al valor añadido, mientras el cuidado infantil y otros servicios familiares reciben alivio fiscal.
El régimen comunista, que durante décadas castigó con multas, abortos forzados y esterilizaciones a quienes se salían de su planificación familiar ahora intenta persuadir, presionar y fiscalizar para que la gente tenga más retoños. La reforma, en vigor desde el 1 de enero, cierra una excepción que venía de 1993, cuando la segunda economía mundial estaba inmersa en la política del hijo único, su prioridad oficial. Entonces, el acceso barato e incluso gratuito a la contracepción era una herramienta central de control. Hoy, con la tasa de fecundidad hundida y la población encogiéndose por tercer año consecutivo, Pekín reescribe las reglas.
El cambio normativo se enmarca en una amplia revisión de la Ley del IVA que, según el discurso oficial, persigue «coherencia administrativa» más que un objetivo demográfico explícito. Sin embargo, el contexto hace imposible leerlo solo como técnica tributaria. China registró en 2024 unos 9,5 millones de nacimientos, frente a los 14,7 millones de 2019, un mínimo de 60 años. India la ha desbancado ya como país más poblado del mundo. Al mismo tiempo, un informe del Instituto YuWa sitúa el coste medio de criar a un hijo hasta los 18 años en el equivalente a unos 76.000 euros, uno de los niveles más altos del planeta en relación con la renta de los hogares.
Sobre ese telón de fondo, la señal que envía el nuevo esquema fiscal es evidente. Por un lado, se eliminan las exenciones a anticonceptivos, que pasan a tratarse como «productos ordinarios». Por otro, se introducen ventajas impositivas para guarderías, servicios vinculados al matrimonio, atención a mayores y cuidados a personas con discapacidad, en línea con el giro pronatalista, es decir, más ayudas a quien entra en la lógica familiar tradicional, menos facilidades para quien prioriza evitar la descendencia.
La reacción social ha sido inmediata. En plataformas como RedNote o Weibo, numerosos jóvenes han ridiculizado la medida. «Ya no solo no podemos permitirnos tener sucesores, es que ni siquiera podemos permitirnos tener sexo» ironizaba un usuario. Otros mostrabaron fotos de compras masivas de condones antes de la subida. El mensaje de fondo se repite: una subida de unos céntimos en un paquete de preservativos es insignificante frente al «monstruo que devora dinero», como definía un internauta, en referencia al coste de uno o más vástagos.
Los analistas coinciden en ese diagnóstico. El efecto de este impuesto sobre la fecundidad será, en el mejor de los casos, marginal. Las decisiones reproductivas en la China urbana de hoy están condicionadas por otros factores como jornadas laborales extenuantes, salarios presionados a la baja, un mercado inmobiliario tambaleante que destruye riqueza de las familias y un sistema educativo ferozmente competitivo que empuja a los progenitores a invertir cada vez más en extraescolares o escuelas reputadas.
Ante ese panorama, el ligero encarecimiento de los anticonceptivos no altera la ecuación básica ya que, para millones de jóvenes, la descendencia es un lujo, no una opción lógica.
Donde sí puede haber consecuencias tangibles es en salud pública y desigualdad. Con más de 1,4 millones de personas viviendo con VIH y centenares de miles de casos de sífilis y gonorrea registrados cada año, China enfrenta ya un repunte sostenido de infecciones de transmisión sexual, especialmente entre los 15 y 24 años. Expertos en demografía y sanidad advierten de que cualquier barrera, aunque sea modesta, al acceso a preservativos y anticonceptivos puede traducirse en más embarazos no planificados y más venéreas entre quienes menos capacidad económica tienen.
A ello se suma un ángulo invisible en parte del debate: los anticonceptivos no se usan solo para evitar embarazos. Hay mujeres que dependen de ellos para tratar enfermedades como la endometriosis o para regular ciclos menstruales dolorosos o incapacitantes. La percepción de que las políticas pronatalistas se construyen sobre el cuerpo femenino, dándolo por disponible, se consolida.
La reforma tributaria tampoco llega sola. Pekín lleva años intentando limitar los abortos considerados «no médicamente necesarios» y animando a las parejas casadas a tener dos o tres hijos. Paralelamente, se multiplican las noticias de autoridades locales que llaman a mujeres en edad fértil para preguntarles por sus ciclos menstruales o sus planes de embarazo, bajo el pretexto de «mejorar la planificación de servicios sanitarios». Para parte de la ciudadanía urbana, estas prácticas recuerdan demasiado al control intrusivo de la era del hijo único, solo que ahora la presión va en la dirección contraria.
Desde fuera, la estrategia corre el riesgo de ser contradictoria. Mientras se pide a las familias que tengan más descendencia, el contexto económico no acompaña. La inflación débil y la caída de precios de la vivienda alivian el coste de vida en apariencia, pero en realidad reflejan una economía gripada que ofrece menos oportunidades, más paro juvenil y negocios que cierran.