Gobierno amplía estado de emergencia en Lima y Callao: ¿hasta cuándo durará y qué restricciones habrá?
El Gobierno de José Jerí extendió por 30 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao tras la aprobación del Consejo de Ministros. La medida se oficializó mediante un Decreto Supremo que responde al incremento de los delitos y a la preocupación ciudadana por la inseguridad en el país. La normativa mantiene la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.
Asimismo, se aprobó la ampliación del estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, en la región Tumbes. Del mismo modo, se prorrogó en las provincias de Trujillo y Virú, en el departamento de La Libertad. Esta medida forma parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado; sin embargo, sectores afectados por las extorsiones, como el de los transportistas, afirman que las prórrogas no han dado resultado.
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¿Cuáles son las restricciones durante el estado de emergencia?
La prórroga conlleva restricciones a derechos fundamentales, tales como la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, así como la libertad de reunión y tránsito en la vía pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. En este contexto, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con operativos coordinados y patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva.
Además, se aplican medidas excepcionales en seguridad e inteligencia, que incluyen el control penitenciario, la vigilancia territorial y la respuesta del sistema de justicia. El Ejecutivo ha indicado que la identificación de las zonas de intervención se sustenta en indicadores, estadísticas y mapas del delito, lo que permite orientar los operativos hacia los sectores más afectados por la criminalidad.
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Asesinatos no paran pese a estados de emergencia
A pesar de las anteriores declaratorias de estado de emergencia y del despliegue de operativos de seguridad, la criminalidad sigue siendo un tema crítico en Lima y Callao. Delitos como la extorsión y el sicariato han afectado a trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresarios del sector construcción. Por ello, el 14 de enero, gremios de transportistas realizaron un paro para exigir mayor seguridad, luego del asesinato de al menos 70 personas, entre ellas conductores y comerciantes, en los últimos meses.
Las autoridades han señalado que muchos de estos crímenes se orquestan desde las cárceles, lo que ha provocado un aumento en los registros e intervenciones en los centros penitenciarios. Pese a ello, la ciudadanía ha expresado su descontento ante la falta de resultados concretos. El presidente Jerí ha enfatizado que la principal prioridad del Gobierno de transición será enfrentar la inseguridad, mientras se busca garantizar la estabilidad económica y la transparencia en las elecciones generales previstas para abril. No obstante, la continuidad de los delitos evidencia las limitaciones de las estrategias del Gobierno y el debilitamiento de la confianza ciudadana.
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