Plantean incentivo fiscal a funcionarios de casilla

El Instituto Nacional Electoral (INE) propuso que la reforma en la materia premie con incentivos fiscales a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla en los comicios y, en el caso de estudiantes, se les valide como servicio social y prácticas escolares, además de que la ley permita que voten de manera anticipada.A diferencia de la propuesta que la Secretaría Ejecutiva entregó en noviembre a las consejerías —que planteaba hacer obligatoria la participación de ciudadanos, imponiendo sanciones a quienes resultaran sorteados y se negaran— el nuevo planteamiento optó por el incentivo para reducir las complicaciones en la organización de comicios.El INE propuso a la comisión presidencial a cargo de la iniciativa “modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de promover que la ciudadanía que participe como funcionariado de mesas directivas de casilla pueda recibir incentivos, tal como reducción de impuestos”.En el caso de estudiantes, los incentivos se ampliarán para quienes se inscriban como capacitadores asistentes o supervisores electorales. Además de que propone recorrer casa por casa para convencer a la ciudadanía de participar, capacitarse y ayudar en la organización e instalación de casillas.El documento propone “establecer la posibilidad de que las escuelas de educación media superior y superior se corresponsabilicen con un porcentaje de participación de personas bajo el esquema de liberación del servicio social o prácticas escolares”.Asimismo, plantea que quienes sean funcionarios electorales formen parte de sectores con derecho a voto anticipado.Sin embargo, el INE también establece la otra cara de estas figuras, solicitando un mayor blindaje para garantizar que no participen operadores de programas sociales, a través de un sistema de cruce de información para que el INE pueda conocer quiénes fungen como Servidores de la Nación y no avancen en el proceso de selección y contratación.Los consejeros hicieron un llamado a mantener como prohibición legal que el INE no pueda contratar o dar acceso a la capacitación electoral a personas con vínculos partidistas, pues tan solo en los comicios federales de 2024 tuvo que dar de baja a 16 mil 412 personas por ser militantes de alguna fuerza política.????️Conoce los 10 ejes de la propuesta de mejora electoral que presentó el INE a la Comisión Presidencial para la #ReformaElectoral.????Consulta el documento completo aquí: https://t.co/Qz1avlDte7 pic.twitter.com/cnbCJOOQ9L— @INEMexico (@INEMexico) January 14, 2026


Beneficios para IndepLos consejeros del INE avalaron la idea de entregar el proceso de extinción de partidos políticos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).Con ello, el Consejo General del instituto se limitará a decretar la pérdida de registro a los partidos y entregará al Indep el último informe anual de las prerrogativas de esas fuerzas políticas.En ese sentido, será desde esta área del gobierno federal que se harán cargo de rastrear, administrar, transferir y decidir el destino de los bienes de los partidos extintos, y no un interventor independiente como ahora.“Considerando que los partidos son entidades de interés público, (…) es necesario contar con normas puntuales que permitan facultar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o el órgano facultado para ese efecto en el ámbito local la transferencia, administración y destino del patrimonio de estos”, señala la propuesta.Documento se va con erroresAunque el INE aseguró que entregó 241 propuestas a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, en realidad presentó un documento con 205, incluyendo algunas repetidas, otras con errores y al menos una que desapareció del oficio final.MILENIO consultó con los consejeros por qué hay 205 propuestas y no 241, como se informó institucionalmente, quienes señalaron que, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, hubo algunas que, al ser similares, se agruparon. Sin embargo, persisten dudas particularmente sobre una propuesta que fue aprobada por mayoría y que planteaba reforzar las sanciones a influencers para evitar estrategias ilícitas, como las que ha repetido en varios procesos electorales el PVEM.Explicaron que en el documento final “desapareció” la propuesta que decía: “se sugiere incorporar como sanción para las personas físicas (influencers) la desmonetización y detener el acceso al contenido cuando se difunda propaganda en periodo prohibido, porque las impuestas actualmente son menores y no inhiben las conductas, como en el caso del PVEM en los procesos 2015 y 2021”.Ante la duda de consejerías, la Secretaría Ejecutiva argumentó que el consejero Uuc-kib Espadas solicitó su retiro, aunque esto aparentemente no fue consensado con todas las consejerías.El documento contiene al menos un error notorio, pues en la propuesta para modificar la elección judicial —que inicialmente se acordó que fuera en septiembre— plantea que las campañas sean los 60 días de agosto y dicho mes, y la jornada el último domingo de octubre, dejando tres semanas de inactividad.En entrevista para MILENIO Televisión, el consejero Arturo Castillo confirmó el error y señaló que el acuerdo previo a la reunión con la comisión presidencial fue que las campañas se recorrieran a septiembre y octubre, y la elección sea el último domingo de ese mes para dar más tiempo a que se cierre todo el proceso de la elección federal intermedia.Sin embargo, ese acuerdo no se reflejó en el documento final.Por este tipo de fallas, la consejera Dania Ravel no firmó el proyecto entregado, pues carecía de todas las observaciones realizadas por consenso.SNGZ​