Reajuste y “amarre”: oficialismo rechaza los cinco años de antigüedad y mantiene los dos originales

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presencia del ministro de Hacienda Nicolás Grau, la noche de este lunes aprobó por mayoría la norma de “amarre” incluida en el proyecto de reajuste del sector público, pero rechazó la indicación del mínimo de 5 años de antigüedad para reclamar a la Contraloría por cese de la contrata sin fundamentos, y mantuvo los dos años del proyecto original.

Los cinco años fueron anunciados por el ministro Grau para descartar que el “amarre” beneficie a las personas contratadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en el sector público, pero los diputados oficialistas decidieron respaldar la disposición original de dos años y la aprobaron por 7 votos a favor y 4 en contra.

Además de esta indicación que modificaba el criterio de la confianza legítima de la Contraloría, también se aprobaron más de 90 artículos —de un texto que tiene 129— y el resto será despachado durante la mañana de este martes, para que el miércoles sea visto por la sala de la Cámara.

Financiamiento

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, resaltó en la Comisión de Hacienda que presiones sobre el gasto público que no hayan sido previstas en la Ley de Presupuestos podrían generar riesgo de incumplimiento de las metas fiscales.

A la vez, Benavides sostuvo que el CFA advirtió en octubre pasado, cuando presentó su informe semestral al Congreso, que el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 no contemplaba un ajuste por inflación esperada en el subtítulo 21 de gasto en personal, agregando que cualquier medida adicional que se adoptara debía enmarcarse en los límites del presupuesto aprobado, a fin de resguardar la meta de Balance Estructural (BE) de 2026.

Respecto al costo fiscal del proyecto, Benavides detalló que, según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, es de US$1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado).

“De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros”, dijo la presidenta del CFA.

Al término de su presentación, Benavides subrayó que “el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”.

Así, el CFA recomendó que la Dirección de Presupuesto explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.