El Plan Regional de Biometanización aviva la controversia social en Castilla-La Mancha

El Plan Regional de Biometanización 2024-2030 de Castilla-La Mancha se ha convertido en uno de los asuntos ambientales más controvertidos en la región. Mientras el Gobierno autonómico defiende estos proyectos como una apuesta por la economía circular y la transición hacia energías renovables, el rechazo vecinal crece en distintos municipios ante el temor a los impactos ambientales, sanitarios y territoriales de las macroplantas de biogás y biometano. Las principales preocupaciones ciudadanas giran en torno a los malos olores, la posible emisión de gases contaminantes, los riesgos para la salud y la contaminación de acuíferos, especialmente en zonas rurales donde se proyectan estas instalaciones. Colectivos vecinales y plataformas ecologistas denuncian además «una falta de estudios ambientales rigurosos» y critican que la planificación haya sido impulsada con la «participación de empresas directamente interesadas» en el desarrollo del sector. En este contexto, la plataforma Stop Ganadería Industrial ha denunciado este martes la autorización de tres nuevos proyectos de macroplantas de biogás y biometano en Los Yébenes (Toledo), La Roda (Albacete) y Talavera de la Reina (Toledo), lo que eleva a 71 el número de instalaciones previstas e n toda la comunidad autónoma. Según los datos aportados por este colectivo, el tamaño de los proyectos proyectados resulta especialmente preocupante: 40 de las 71 plantas superarían las 150.000 toneladas de capacidad anual, 21 rebasarían las 200.000 toneladas y tres excederían las 300.000 toneladas, situando el tamaño medio de las instalaciones en torno a 159.000 toneladas, una dimensión que los opositores consideran desproporcionada para el medio rural castellanomanchego. Ante la creciente polémica, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha salido al paso para defender el enfoque del Gobierno regional. Según ha explicado, el Plan de Biometanización tiene como objetivo principal «regular de forma clara y transparente la instalación de plantas de biometano, garantizando la protección ambiental, la seguridad de la ciudadanía y una correcta ordenación del territorio». Gómez insiste en que el plan «no pretende fomentar la proliferación» de estas instalaciones, sino establecer las condiciones técnicas, ambientales y territoriales que deben cumplir las empresas que deseen implantarse en Castilla-La Mancha para tratar residuos orgánicos y transformarlos en biogás y biometano. Uno de los elementos que el Ejecutivo autonómico destaca como diferenciador es la «obligatoriedad» del tratamiento del digestato, el residuo resultante del proceso de biometanización. El objetivo, según la consejera, es convertirlo en un abono orgánico de alta calidad, cerrando completamente el ciclo productivo. «Se evita así la generación de nuevos residuos y se permite también el tratamiento y la reutilización del agua generada en el proceso, tanto el fertilizante como el agua en la agricultura», ha señalado. La responsable de Desarrollo Sostenible recuerda además que Castilla-La Mancha genera 15,7 millones de toneladas de residuos orgánicos al año, entre vinazas, estiércoles, pajas, lodos de depuradora y otros subproductos agrícolas y ganaderos. «Si estos residuos no se tratan adecuadamente, acabarían en el medio natural o cerca de núcleos de población», advierte Gómez, quien defiende la necesidad de abordarlos desde una gestión planificada y controlada. Mientras la Junta insiste en que el plan aportará seguridad jurídica y garantías ambientales, los colectivos críticos reclaman mayor participación ciudadana, estudios independientes y una reducción del tamaño y número de las instalaciones, en un debate que, lejos de cerrarse, continúa creciendo en intensidad en numerosos municipios de la región.