García Ortiz se incorporará a la Fiscalía de lo Social del Supremo tras su condena
Álvaro García Ortiz se incorporará como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo tras ser condenado a inhabilitación como fiscal general del Estado. Fuentes fiscales han confirmado a EFE que el que fuera líder del Ministerio Público ha pedido incorporarse a esta sección, que aunque no deja de ser una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, es al mismo tiempo una de las más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática, que es una de las intenciones que buscaba el propio fiscal.
García Ortiz, que tiene condición de fiscal de Sala, máxima categoría profesional en el Ministerio Público, llega al Supremo sin saber aún qué ocurrirá con su futuro en la carrera fiscal. La Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar cómo afecta la sentencia a la condición de fiscal de García Ortiz, es decir, si le expulsa o le suspende como fiscal, en virtud del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que el Supremo ve "excesivo", aunque reconoce que "las consecuencias extraprocesales de la condena" no es competencia suya.
El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.
En este sentido, la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, tiene de plazo hasta mañana para presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, un paso que escasamente prospera en el Supremo pero que es preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y poder así acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
Quien sí ha presentado ya ese incidente ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido al alto tribunal que anule la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.
En el escrito, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Supremo, sigue en buena parte los razonamientos recogidos en sus votos particulares por las dos magistradas que se opusieron a la condena.
Sánchez Conde cree que la sentencia debe ser anulada, entre otras cosas, porque vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz al prescindir del testimonio de los periodistas que declararon en la vista y que acreditaron que estaban en posesión del correo de 2 de febrero de 2024 -el que filtró, según la sentencia- con anterioridad a que lo tuviera el fiscal general.
Y recuerda que la difusión de la nota de prensa, en la que la Fiscalía trataba de desmentir una versión "sesgada y falaz" de la negociación entre González Amador y los fiscales que le investigaban por fraude fiscal, había quedado fuera de los hechos imputables, ya que la propia sala la había considerado no punible.