Los derechos de los accionistas, en peligro
Mientras la polémica sobre el ataque de los Estados Unidos a Venezuela y las declaraciones de su presidente sobre su futuro llenan portadas y tertulias, nosotros, hablando de nuestro libro, llamamos la atención al ataque de la Administración Trump a los derechos de los accionistas, sus propuestas en juntas de accionistas, sus asesores de voto (proxy advisors) y sus políticas de sostenibilidad, nada menos.
En diciembre de 2025, el presidente estadounidense emitió la orden ejecutiva «Protegiendo a los Inversores Americanos de los Asesores de Voto de Propiedad Extranjera y con Motivaciones Políticas», un título muy explicativo, dirigida a reforzar la supervisión de los proxy advisors, sus políticas y su influencia en el voto de los accionistas. La orden acusa a grandes firmas como Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, dominadores del sector, de utilizar su poder para promover agendas políticas, incluidos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (las famosas siglas ESG en inglés), así como de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en detrimento del objetivo único de los inversores y gestores, la rentabilidad financiera de las inversiones.
La orden instruye a la SEC, al Ministerio de trabajo (DOL) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) a revisar las prácticas de estas firmas, su posible violación de leyes antimonopolio y antifraude, o su actividad como asesores de inversión. A su vez, la SEC está reformando la Regla 14a-8 para dificultar la presentación de propuestas de accionistas en juntas generales y la respuesta de las sociedades cotizadas.
Por su parte, otros actores como Elon Musk o Jamie Dimon han criticado el excesivo poder e influencia de los asesores de voto sobre los inversores. De hecho, el banco que preside este último, JPMorgan Chase, acaba de anunciar que va a dejar de utilizar sus servicios y su gestora de activos usará en su lugar una plataforma recién lanzada basada en IA. Los proxy, por su parte, también han comunicado que dejarán de facilitar recomendaciones estándar (in house) y solo seguirá las políticas de sus clientes. Adicionalmente, los principales inversores institucionales como BlackRock, Vanguard, Fidelity o Goldman Sachs, han redefinido sus políticas, eliminando objetivos sostenibles (ESG o DEI), al igual que muchas compañías cotizadas como Accenture, Alphabet, Amazon, Ford, Meta, Walmart y McDonald’s.
Las críticas a los proxy advisors se centran en la falta de rigor y transparencia, pero sobre todo, y en esto no les falta razón, en su posición de oligopolio y sus conflictos de intereses. En efecto, las dos grandes firmas tienen un dominio del mercado preocupante, más aún cuando desde hace años, han cruzado la barrera ofreciendo su información, asesoramiento y servicios a las propias sociedades cotizadas que analizan, comprometiendo de esta forma su independencia de criterio y entrando de lleno en un grave conflicto de intereses. Algo similar ocurrió en las últimas crisis financieras, primero en 2002 con las firmas de auditoría (caso Enron y caída de Arthur Andersen) y en 2008 (caída de Lehman Brothers) con las agencias de calificación crediticia, que otorgaron los mejores ratings a emisores de dudosa solvencia, a los que prestaban servicios de consultoría. A raíz de estos problemas, se pusieron límites a los servicios que todas estas entidades podían prestar a las sociedades objeto de su análisis.
Sin embargo, debe recordarse que los asesores de voto nacen como una necesidad de la industria de crear entidades independientes, expertas en gobierno corporativo, para asesorarles en cuestiones que no forman parte de su foco y conocimiento principal, que es el rendimiento financiero, pero que deben ser tenidas en cuenta a la hora de vigilar el comportamiento de las sociedades con respecto a otros factores, como la gobernanza y, más recientemente, los ambientales y sociales.
Precisamente la poderosa e influyente Business Roundtable, el lobby de las cotizadas estadounidenses, cambió en 2019 el propósito de la empresa desde la shareholder primacy (prioridad del accionista, basada solo en el rendimiento financiero) al stakeholder capitalism (capitalismo de los grupos de interés, para empleados, clientes, proveedores y otros miembros de la comunidad) con un enfoque a largo plazo. Este debate abierto es el centro de la polémica y la razón que subyace bajo los ataques normativos y las medidas comentadas: ¿deben los gestores e inversores, y por tanto las compañías, centrarse solo en la rentabilidad financiera o en algo más?
En nuestra opinión, la respuesta es clara: la sostenibilidad es un factor fundamental de las inversiones y no perjudica su rentabilidad, sino que, por el contrario, favorece su rendimiento a largo plazo, además de proveer otros beneficios materiales e intangibles para todos. Es cierto que toda la normativa sobre ESG y sostenibilidad es bastante reciente y debe asentarse, como se ha puesto de manifiesto con la reflexión de la Unión Europea (UE) sobre el exceso de regulación y la publicación del paquete Ómnibus, destinado a simplificar la normativa, en especial las obligaciones de información, en beneficio de la competitividad en la UE. Su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles es solo de 2018, por lo que un replanteamiento era necesario y conveniente para todos, inversores, compañías, reguladores y otros agentes, pero estamos seguros de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Dicho esto, nos preocupan estas actuaciones agresivas y radicales, que ponen en cuestión principios ya superados y atacan los derechos de los accionistas para vigilar las prácticas de las compañías en las que invierten, una obligación que surgió precisamente en los Estados Unidos hace más de 50 años con objeto de preservar los ahorros de los pensionistas primero, y después de todos los inversores. No obstante, creemos que la industria de los asesores de voto debe ser regulada, en línea con la normativa aplicada a otras entidades similares, en especial los proveedores de servicios ESG, con cuya actividad tienen muchos puntos en común.
Finalmente, volviendo al inicio, nos gustaría ver una pronta solución satisfactoria y justa para el castigado pueblo venezolano. Habiendo vivido tres años en Caracas, montando los negocios del Grupo Santander, coincidiendo con el intento de golpe de estado de Chávez y su posterior subida al poder, deseo de corazón a los venezolanos unos dirigentes honestos y eficientes que garanticen un futuro libre, próspero, independiente y democrático.
Juan Prieto es Fundador y CEO de Corporance Asesores de voto, el proxy advisor español