Societat Civil e Impulso Ciudadano critican la financiación autonómica: «Profundiza en la desigualdad entre los españoles»

El nuevo modelo de financiación autonómica para los próximos años, pactado por los socialistas y ERC y que deja a la Generalitat de Cataluña en una situación privilegiada dentro del sistema de regiones del régimen común, ya ha suscitado, a las pocas horas de conocerse las líneas generales del plan, las primeras críticas desde la comunidad. Impulso Ciudadano y Societat Civil Catalana se han pronunciado en contra de una reforma que «profundiza en la desigualdad entre los españoles». Más allá de las posiciones de los partidos políticos, y de la patronal catalana, que considera el acuerdo suscrito en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras (todavía inhabilitado para cargo público), como insuficiente, desde Cataluña también se han escuchado voces en contra de un acuerdo advirtiendo, entre otras cosas, que la financiación autonómica «es un juego de suma cero», por lo que no se puede afirmar que «nadie resulta perjudicado». Esta es la posición que defiende Impulso Ciudadano. En un comunicado, la asociación ha señalado que «lejos de responder al interés general», la propuesta «profundiza en la desigualdad entre los españoles, incrementa la opacidad del sistema de financiación autonómica y avanza en una dirección contraria a la que deberían orientar futuras reformas». «Todos los recursos públicos disponibles se distribuyen entre unos y otros», ha añadido. Y si las CC.AA. reciben más, «necesariamente disminuyen los recursos del Estado y, con ello, los del conjunto de los españoles». En esta línea, desde la entidad que preside Rafael Arenas se ha indicado que «la financiación autonómica es un juego de suma cero» y ha criticado que «afirmar que nadie resulta perjudicado por una modificación del modelo de financiación -tal y como defienden desde el PSOE, el PSC y ERC- no es solo falso, sino una forma de populismo fiscal que degrada el debate público». Además, se ha criticado que el modelo general ya parte de una desigualdad al permitir dos excepciones, la del País Vasco y Navarra, que «no se traduce en una mejora proporcional de los servicios públicos, sino en el desarrollo de políticas nacionalistas». En opinión de Impulso Ciudadano, dotar de más recursos a la Generalitat, que está controlada indirectamente por los independentistas, es a la larga, en base a «la experiencia de las últimas décadas», engordar «las políticas identitarias y de construcción nacional que no solo dañan los intereses generales de España, sino que con frecuencia conllevan restricciones de derechos para los propios ciudadanos de la Comunidad». Igualmente, se ha criticado que el sistema fije la ordinalidad (es decir, que la región que más aporte a la caja común sea la que más dinero reciba) y que este modelo lo defienda el PSOE. «Desde esta perspectiva, un modelo de financiación autonómica legítimo debe partir de la garantía de unos servicios públicos equivalentes para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. No es un objetivo legítimo que cada Comunidad Autónoma reciba recursos en función de su capacidad de generar riqueza, y resulta aún más inaceptable que este criterio se invoque únicamente para determinadas Comunidades, mientras se excluye expresamente a otras», ha explicitado la entidad en el comunicado. En una línea similar se ha pronunciado Societat Civil Catalana. La asociación, presidida por Álex Ramos, ha lamentado que el acuerdo de financiación se haya decidido por la debilidad del Ejecutivo, en manos de las formaciones independentistas y bendecido por Junqueras, «condenado por el Tribunal Supremo por sedición, malversación y desobediencia», revelando «hasta qué punto el actual jefe del Ejecutivo no persigue un acuerdo pactado con el conjunto de las autonomías, basado en el interés general de todos los españoles, sino un enésimo balón de oxígeno que le permita mantenerse en el poder al precio que sea». Esta entidad ha puesto el foco más en las formas que en el fondo de la cuestión. El pacto de financiación, han advertido, no contentará a los que quieren el concierto económico ni a los que defienden un sistema «plural y equilibrado» y se ha firmado mediante «la indignidad en las formas, imprescindibles en democracia». «Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de impostura para apurar una legislatura a la deriva y, al tiempo, facilitar los Presupuestos de Salvador Illa», han añadido. Por último, Societat Civil Catalana ha lamentado que, en este caso, desde el Gobierno «se mercadee con la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios». Y ha defendido que el sistema de financiación autonómica «debe acordarse entre todas las autonomías, no a través de una negociación bilateral con partidos minoritarios que representan exclusivamente los intereses del nacionalismo separatista». Por último, la asociación se ha alineado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y ha pedido un adelanto electoral: «Ante una legislatura insostenible, cualquier gobernante responsable convocaría elecciones antes de quedar en manos de quienes no acatan el Estado democrático de derecho».