Una moratoria para evitar el colapso: el riesgo inminente de los tribunales de instancia
Máriam Martínez-Bascuñán deja importantes lecciones en su libro El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad (editorial Taurus, octubre 2025). Al analizar el papel del legislador, en un método que busca considerar diversas perspectivas, concluye que “no consiste solo en acumular opiniones, sino en sumergirse en la pluralidad de perspectivas, en ponerse en el lugar del otro, en mirar el problema desde ángulos diversos y enriquecedores. Al hacerlo, el legislador no solo logra una visión más completa de la realidad, sino que también puede formular una política que responda mejor a las necesidades reales de la sociedad, en lugar de hacerse eco de una visión personal o partidista limitada”.
La implantación de los Tribunales de Instancia se ha presentado como una modernización de la Justicia. Supone una reforma estructural: sustituye la organización de juzgados unipersonales y órganos colegiados -heredera de un modelo decimonónico- por Tribunales de Instancia organizados por secciones e integrados por plazas judiciales.
Pero una reforma así no puede ejecutarse como si fuera un simple cambio de organigrama. Está en juego el funcionamiento del servicio público que es la Justicia, con el ciudadano jugando el papel de perjudicado principal. Por eso, a las puertas del despliegue en las grandes capitales con el inicio de la fase 3, a partir del 1 de enero de 2026, la pregunta responsable no es si la reforma “queda bien sobre el papel”, sino si está lista para ser llevada a la práctica.
"Los errores se traducen en retrasos e indefensión"
La respuesta es clara: hace falta una moratoria para evaluar con rigor lo ocurrido en las dos fases ya implantadas. Hace falta revisar el camino andado con serenidad y con datos, antes de seguir dando pasos que puedan agravar una situación que ya es más que compleja. No se trata de oponerse al cambio por sistema. La carrera judicial no es inmovilista; también quiere modernización. Precisamente por eso hay que tomarse el cambio en serio: en Justicia, los errores se traducen en retrasos e indefensión, y avanzar sin comprobar el impacto real traslada el riesgo al ciudadano.
Hasta ahora, lo que sabemos -porque se ha vivido en los territorios donde ya se ha implantado- es que la implantación no es uniforme. Allí donde se prometía agilidad han aparecido disfunciones ligadas a la reasignación de tareas y a cambios en el reparto. En algunos casos se ha corrido el riesgo de extravío de expedientes; procedimientos que tenían una tramitación clara pasan ahora por varias manos y los profesionales no saben quién lleva su asunto. El ciudadano no ve el organigrama; ve que su asunto no avanza y que “nadie sabe” en qué mesa está su expediente.
Y cuando la respuesta institucional ante esos problemas se limita a insistir en el relato -con la repetición de palabras como “modernización”, “eficiencia”, “resultados”-, el debate se empobrece. La moratoria no es un freno caprichoso: es una medida de prudencia. La reclamamos desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Lo hicieron jueces decanos de más de 50 ciudades y la Audiencia Nacional.
¿Qué debería incluir esa evaluación previa? Indicadores comparables y verificables allí donde ya se ha implantado: tiempos medios de tramitación, carga de trabajo, impacto en señalamientos y ejecución, incidencias de tramitación, claridad en la asignación de funciones y acceso del ciudadano a la información y a la tutela judicial efectiva. Medir solo entradas o salidas, sin explicar por qué cambian, ofrece una imagen incompleta.
"No se puede exigir adaptación heroica"
La evaluación también debe preguntar por lo obvio: si han existido refuerzos reales de personal; si las herramientas digitales se conectan bien entre sí y no fallan; si hay protocolos claros; y si la coordinación entre unidades funciona. No se puede exigir adaptación heroica sin dotación material, ni vender eficacia cuando lo que se está haciendo es desplazar la carga de un lado a otro.
Además, una moratoria permitiría corregir a tiempo las disfunciones que se revelen. Rectificar no es un fracaso: es una forma de responsabilidad. La implantación en grandes capitales multiplica el riesgo por escala: lo que en un partido judicial pequeño es una disfunción, en una gran ciudad puede convertirse en un cuello de botella.
Todo nos devuelve al punto de partida: una reforma de este calado no puede apoyarse solo en la convicción de quien la diseña ni en la urgencia de quien la impulsa; exige método. Eso, traducido a los Tribunales de Instancia, significa escuchar a quienes sostienen la Justicia cada día antes de extender la reforma a su fase más delicada. Porque son ellos quienes detectan dónde se atascan los procedimientos, qué decisiones organizativas generan fricción y qué ajustes son imprescindibles.
Aún hay tiempo para evitar el colapso de la Justicia. Basta evaluar con rigor las fases ya implantadas, incorporar todas las perspectivas relevantes y corregir a tiempo. Solo así podremos tener una visión clara -no un relato- de lo que está funcionando y de lo que debe cambiar. Y solo desde esa claridad puede construirse una modernización real; la que mejora el servicio público y da al ciudadano la Justicia que merece.
Marien Ortega Herrero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).