Preocupación en Castilla-La Mancha por el impacto de la nueva normativa eléctrica

La nueva circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actualmente en tramitación y relativa a la retribución de las redes eléctricas, está generando una creciente preocupación por sus posibles efectos sobre el desarrollo económico , la electrificación y la competitividad de Castilla-La Mancha . El principal riesgo de este nuevo marco regulatorio es que no garantiza las inversiones necesarias en las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución . En un contexto en el que la red eléctrica ya se encuentra muy tensionada y cercana a su límite de capacidad en amplias zonas del país, la falta de incentivos adecuados para reforzarla puede convertirse en un freno estructural al crecimiento. La saturación de la red eléctrica está impidiendo atender nuevas solicitudes de acceso y conexión, lo que afecta directamente a numerosos proyectos empresariales, industriales y energéticos que cuentan con inversión prevista y viabilidad técnica. Esta situación no solo perjudica a grandes iniciativas, sino que también condiciona desarrollos urbanísticos, proyectos de vivienda, pequeñas empresas, iniciativas emprendedoras y actividades de sectores emergentes. El modelo planteado por la CNMC se sitúa además por debajo de los niveles de retribución existentes en otros países de nuestro entorno europeo, lo que reduce la competitividad de la economía española. Este impacto es especialmente acusado en territorios extensos y con fuerte componente rural, donde las infraestructuras eléctricas requieren mayores inversiones para garantizar un suministro adecuado y equilibrado. La falta de capacidad en los nudos eléctricos se ha convertido en un problema generalizado que limita la creación de empleo, retrasa inversiones estratégicas y dificulta la implantación de nuevas actividades productivas. Todo ello entra en contradicción con los objetivos de transición energética, electrificación de la economía y desarrollo sostenible. Sin una red eléctrica suficientemente dimensionada, resulta inviable avanzar en la modernización de los sectores productivos, atraer nuevas industrias o consolidar actividades vinculadas a la innovación, la digitalización y la economía verde, ámbitos en los que Castilla-La Mancha presenta un notable potencial de crecimiento. Resulta imprescindible contar con un marco regulatorio estable, previsible y alineado con las necesidades reales del sistema eléctrico, que permita anticiparse a la demanda futura y evitar cuellos de botella. La falta de inversión en redes no solo compromete el desarrollo económico, sino que también puede afectar a la calidad del suministro y generar desequilibrios territoriales. La energía es un elemento básico para el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la cohesión social y territorial, y debe ser considerada una prioridad estratégica para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible.