Ceuta y Melilla hacia la privatización: la sanidad de «los horrores» de Mónica García
La falta estructural de médicos en Ceuta y Melilla es una demanda que los profesionales vienen denunciando desde hace años. Reclaman, entre otras medidas, planes reales de captación y fidelización de especialistas, incentivos económicos y profesionales que compensen la insularidad sanitaria y cobertura de bajas y jubilaciones que permita garantizar la continuidad de servicios esenciales. ¿El objetivo? Proteger a una población que vive con la peor esperanza de vida de toda España y que, según los propios profesionales, está pagando con años de vida las carencias de un sistema sanitario infradotado, desigual y sostenido en mínimos estructurales.
Sin embargo, en vez de atender sus reclamos y ofrecer a los ciudadanos una asistencia sanitaria que pueda equipararse a la que obtiene cualquier paciente que viva en la península, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad, el único responsable de la planificación, contratación y dotación de recursos humanos y materiales a la sanidad de ambas ciudades, ha optado por avanzar con discreción hacia un modelo al que los profesionales sanitarios ya definen como «privatización por abandono». Así, a medida que crecen las carencias asistenciales de la sanidad pública, el Ingesa avanza hacia la privatización de servicios.
«Nuestra población sobrevive con una sanidad abandonada y profundamente desigual: especialidades que desaparecen por falta de médicos, quirófanos cerrados, servicios sin cobertura… Y lo último ha sido la externalización de servicios de forma sistemática a empresas privadas, una dinámica que no responde a una estrategia planificada, sino a un parcheo continuo fruto de la incapacidad del Ingesa para cubrir plantillas básicas. Y esto conduce a que infraestructuras públicas queden inutilizadas mientras crece la dependencia de proveedores externos», denuncia Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.
Según los profesionales sanitarios, los pacientes son derivados a servicios privados para recibir desde atención en salud mental hasta pruebas urgentes, radioterapia o informes radiológicos. «Y esto configura una sanidad a dos velocidades que castiga especialmente a las poblaciones más vulnerables», lamenta Roviralta.
En Ceuta, por ejemplo, las familias con menores con autismo o TDAH llevan meses siendo derivadas a clínicas privadas ante la desaparición efectiva del Servicio de Psiquiatría. En Melilla, los pacientes oncológicos deben cruzar cuatro controles policiales cada día para recibir radioterapia en Algeciras. Y las muestras para obtener diagnósticos urgentes se envían a empresas privadas en Madrid por la imposibilidad de cubrir las guardias de Radiología.
Uno de los últimos servicios que se han sacado a licitación corresponde a la asistencia a pacientes en la especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil y Psiquiatría para Adultos del Área Sanitaria de Ceuta. El anuncio se hacía público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de diciembre.
El nuevo hospital de Melilla
Ese mismo día, el martes 16 de diciembre, se llevaba a cabo el traslado definitivo al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME), una infraestructura sanitaria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró en junio con grandes promesas y una inversión millonaria. En aquel entonces, la apertura estuvo rodeada de polémica por falta de camas, servicios básicos sin funcionar y una coordinación deficiente del centro. Estas críticas no han cesado desde entonces. A día de hoy, los sindicatos advierten de que persisten elementos deficientes, instalaciones que no podrán utilizarse por falta de profesionales y servicios que aún no tienen garantizada su operatividad a la espera de inspecciones y análisis técnicos que siguen sin resolverse.
«El traslado es un tema candente. Avanza positivamente gracias a la implicación de los facultativos; sin embargo, ha habido mucho oscurantismo desde el principio y es la tercera vez que se plantea una fecha posible. Pero, además, pese a contar con unas instalaciones maravillosas, aún tiene deficiencias», indica Elisa García Cortacero, presidenta del Sindicato Médico de Melilla.
Las advertencias sobre las deficiencias estructurales del hospital ya se hicieron públicas en el momento de su inauguración. Lo hizo Elisa Perlado del Campo, exdirectora médica y exgerente en funciones del Hospital Comarcal de Melilla, quien, durante los últimos años participó en los trabajos de construcción del edificio. «El edificio contaba con múltiples carencias en la infraestructura. Algunas, afectaban directamente al funcionamiento de servicios esenciales: la máquina dispensadora de medicamentos se colocó en una planta cuyo suelo no soporta su peso, y las ventanas del pasillo quirúrgico se abrían permitiendo la entrada de aire, algo incompatible con un entorno estéril. Lo comunicamos al Ministerio de Sanidad, pero no nos hicieron caso», reclamó entonces.
Elisa García hace hincapié en algunas de las deficiencias actuales y pone el foco en el problema del déficit de recursos humanos: «No se sabe si nefrología o la diálisis podrán irse definitivamente. Tenemos entendido que están pendientes de inspecciones y de análisis del agua. Además, hay instalaciones que no podrán utilizarse, como es el caso de la sala de hemodinámica. Está ahí, ha costado un dinero, pero no tenemos profesionales».
Describe un escenario que contrastaba con los discursos triunfalistas del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los presidentes de los colegios de médicos apoyan su testimonio. Justo Sancho-Miñano, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla, vuelve a insistir: “Pedíamos activar los incentivos necesarios para atraer profesionales sanitarios y evitar la inminente quiebra de la sanidad en Ceuta y Melilla. No se ha hecho nada”.
Su homólogo ceutí apoyaba esta afirmación. “Aquí vivimos siempre bajo mínimos. No hay especialistas suficientes, no se cubren bajas, no se cubren jubilaciones y no se atraen nuevos profesionales porque las condiciones no son competitivas. Son carencias gravísimas que el Ministerio de Sanidad se niega a abordar y que, con un planteamiento totalmente ideologizado, ha tratado de enmascarar. Así es imposible sacar adelante una sanidad digna”, lamenta. El doctor se queja de que este escenario es “especialmente frustrante” si se tiene en cuenta que su máximo responsable es el propio Ministerio de Sanidad: “En vez de tenernos en palmitas, nos ahoga, nos ha convertido en los sitios donde más deteriorado está el sistema sanitario”.
Ciudadanos con la peor esperanza de vida
Según los profesionales sanitarios y ciudadanos de ambas ciudades, la gestión de Mónica García es “el modelo de los horrores”. Y es que, pese a que hace casi tres años que el Ministerio de Sanidad declarase formalmente a ambas ciudades autonómicas como zonas de difícil cobertura, no ha establecido las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en estos puestos. Plantillas en mínimos estructurales que engrosan las listas de espera, pacientes oncológicos obligados a desplazarse diariamente a la península para recibir radioterapia, una sala de hemodinámica cerrada pese a haber costado un millón de euros, y diagnósticos urgentes externalizados a empresas privadas de Madrid forman parte del panorama que se encuentran los habitantes de estas dos ciudades autonómicas cuando acuden en busca de asistencia sanitaria.
Precisamente, para Enrique Roviralta, el deterioro sanitario no es solo una cuestión de listas de espera o servicios cerrados: tiene un impacto directo en cuánto viven los ciudadanos. “Ceuta es la ciudad con peor esperanza de vida de toda España”, subraya. “Vivir aquí es un factor de riesgo: se vive casi cinco años menos que la media nacional”. El presidente del Colegio de Médicos considera que estos datos, recogidos en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024, “son la prueba más contundente de que el modelo actual no funciona y de que la población está pagando con años de vida las carencias del sistema”.
Y le dirige una exigencia a la ministra de Sanidad: “Somos 160.000 personas entre ambas ciudades. No somos menos españoles ni merecemos menos que cualquier otro ciudadano del país, pero Mónica García está muy preocupada por la política y se desentiende de quienes dependemos de ella. Le pediría simplemente humanidad y responsabilidad con la población de la que es directamente responsable”.