Aagesen pone la máxima multa a la eléctrica catalana de los horrores y abre la vía para inhabilitarla

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mueve ficha ante el calvario que sufren los clientes de Eléctrica del Montsec, pequeña distribuidora catalana que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió al Gobierno inhabilitar en 2023 por graves incumplimientos de la normativa sectorial.

La alternativa de la inhabilitación, según fuentes del sector, está ya sobre la mesa del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que según fuentes del ministerio “ha sancionado en numerosas ocasiones a Eléctrica del Montsec por su reiterado incumplimiento de la legislación”. “La última vez fue en octubre de 2024”, cuando elDiario.es informó de que esta empresa, radicada en el municipio ilerdense de Àger, estaba cobrando por duplicado a sus clientes.

Transición Ecológica impuso entonces a la empresa “la sanción máxima que autoriza la normativa, del 10% del negocio anual de la compañía”, y “está estudiando medidas adicionales para asegurar la seguridad de suministro de los consumidores finales”, indica el ministerio.

La inhabilitación figura entre las “sanciones accesorias” a las multas económicas que contempla el artículo 68 de la Ley del Sector Eléctrico y que la CNMC pidió aplicar hace ya casi dos años. Para las infracciones “muy graves”, la norma prevé la inhabilitación por hasta tres años, entre otras penalizaciones adicionales a la multa por infracciones muy graves. Esta puede ser de entre 6 y 60 millones de euros, si bien “en cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del importe neto anual de la cifra de negocios del sujeto infractor”. El último año en el que Eléctrica del Montsec presentó cuentas en el Registro Mercantil, 2020, no facturó ni medio millón de euros.

Fuentes del sector indican que, ante la posibilidad de que el proceso acabe empantanado en los tribunales, otra alternativa es la compra de Eléctrica del Montsec por parte de otro operador que sí cumpla sus obligaciones de calidad del servicio, comprometiéndose a regularizar y actualizar los activos de la empresa, con líneas, contadores y sistemas informáticos adecuados.

A estas alturas, tras años de incumplimientos y gravísimas irregularidades, no es exagerado referirse a esta pequeña distribuidora como la eléctrica de los horrores. Un resumen de la situación actual es la carta que remitió hace unas semanas el Síndic de Greuges de Catalunya [equivalente allí al Defensor del Pueblo] a la consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, recopilando las “diferentes quejas sobre el funcionamiento, la gestión y el servicio prestado” por esta empresa.

La primera, que “aunque factura como comercializadora, no está inscrita en el registro como tal, sólo como distribuidora, lo que es contrario a la ley. En muchos casos, no ha procedido a la sustitución de los contadores antiguos” por los digitales, que permiten la discriminación horaria y en España son obligatorios desde el 31 de diciembre de 2018. Los consumos que factura “no son reales”.

Además, continúa la misiva, “parece ser que no dispone de ningún sistema informatizado de facturación”. “Lo hace manualmente, lo que comporta no pocos errores e incrementos de facturación incoherentes”. “Los precios por cada período no varían en función de la evolución del mercado”, que en España se factura por horas (y dentro de poco, cada cuarto de hora), “sino que se mantienen estables” y lo hacen “asignando consumos exagerados, justamente en la tarifa más alta y muy fuera de mercado”.

Además, se sospecha que, por impagos a un proveedor informático, Eléctrica del Montsec “ha perdido la base de datos de los abonados y, por tanto, no puede facturar”. Esto explicaría que “algunos abonados” lleven “desde el mes de diciembre” sin recibir facturas, dice la carta.

La cosa no acaba ahí: “Desde el punto de vista de la red, hay una desatención de ésta, lo que comporta riesgo de incendio y cortocircuitos, peligrosos tanto para personas, inmuebles y naturaleza” en un entorno de gran valor natural. “A menudo” se producen “subidas de voltaje y cortes de suministro” que han provocado averías de electrodomésticos de las que “nadie se hace cargo”.

“Otro problema añadido” es la inexistente atención al cliente. “Los teléfonos, el correo electrónico y la dirección de la compañía que figura no están operativos”, lo que supone “una irregularidad muy grave”. Por último, a los clientes que han invertido en instalaciones de autoconsumo “no sólo no les abonan la energía que vierten a la red, sino que les siguen facturando como antes”.

Fuentes del sector apuntan otra grave irregularidad: tampoco pagan la electricidad recibida por los productores. La empresa atiende más de 1.300 puntos de suministro en los municipios ilerdenses de Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa y Os de Balaguer.

“Cables pelados que emiten chispas”

“Muchos de los afectados aún tenemos que enviar fotos de la lectura de los contadores, para que manualmente se haga la discriminación horaria a ojo, con numerosos errores, como el de una usuaria, vecina ocasional, que recibió una factura superior a los 11.000 euros, por citar solo un ejemplo de los muchos errores, duplicidades de facturas, etc…”, relata Joan Manel Marín de Bes, que ejerce como portavoz de decenas de afectados.

“Más grave es la falta de mantenimiento de las líneas e instalaciones, con cables pelados que emiten chispas y solo la Providencia sabe por qué no ha habido un incendio aún”, añade.

La historia de incumplimientos de Eléctrica del Montsec es larga, aunque con sanciones poco relevantes dada su escasa cifra de ventas.

Ya en 2016 Competencia la multó por no presentar las ofertas de compra necesarias para desarrollar actividades de comercialización. En junio de 2018, tras exigir vecinos de la zona medidas por riesgo de incendios y denunciar la falta de inversión, la CNMC inicia una inspección en la que comprueba que declaran ser dueños de activos ajenos de alta tensión, cobrando por ello a todos los consumidores de luz. También detecta que venden electricidad directamente a usuarios finales, algo prohibido a las distribuidoras; que no compran la energía que suministran; y que no comunican los consumos a Red Eléctrica, lo que impide calcular los desvíos generados por la energía consumida no adquirida.

Otra inspección iniciada en octubre de 2019 detecta que carecen de un concentrador de medidas, el dispositivo al que deben enviarse los consumos de todos los contadores de la zona de una distribuidora. Esta irregularidad, según una fuente del sector, impide que ninguna empresa pueda leer los consumos de los clientes en esa zona. Por eso Eléctrica del Montsec tiene todavía esa cartera de más de 1.000 abonados “cautivos” pese a su historial de abandono y quejas.

En noviembre de 2022 otra inspección revela que no declaran por peajes y cargos a la CNMC “una parte considerable de la energía” que suministran. Todas estas irregularidades llevan al organismo a incoar en mayo de 2023 otro expediente sancionador por no instalar el concentrador secundario, ni remitir datos al operador del sistema [Red Eléctrica], e incumplir la obligación de gestionar las verificaciones de los contadores. Ese es el expediente que remite al ministerio y que deriva en la sanción impuesta en octubre pasado.

El propietario de esta empresa es el octogenario Antonio Soler Lletjós. Vinculado a una familia con un negocio de ferretería en la zona, fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por estos hechos. En el juicio celebrado en febrero de 2024, el Ministerio Público pidió para él una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó que era una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.

En 2020, Competencia ya les multó con otros 63.000 euros por otra infracción grave, no separar sus actividades de distribución y comercialización. La resolución explicaba que Eléctrica del Montsec “se dedica a tres actividades diferentes mediante una única persona jurídica”: inmobiliario, distribución y comercialización de luz, según sus estatutos, que datan de 1991, cuando no era obligatorio aún tener actividades separadas.

El análisis de la contabilidad de inspección comprobó “que los bienes inmuebles que constan en el activo de la empresa, suponen un porcentaje significativo en el inmovilizado total” y que no se utilizan para distribuir electricidad, puesto que “no cuenta con oficinas de atención a los usuarios y la sede social de la empresa (lugar donde se realizó la inspección) es una vivienda”.

Antonio Soler figura vinculado a negocios inmobiliarios o de turismo y hostelería. El último rumor en Àger es que está vendiendo la vivienda en el centro del pueblo que albergó durante años la sede de su empresa y está comprando terrenos en el Caribe. El empresario aparece vinculado a una compañía en República Dominicana, Eleccaribbean Company. Se dedica a importar aparatos electrónicos y baterías.