Red de trata caso Begonias ofertaba servicios sexuales de colombianas en viviendas, discoteca y página web
Santo Domingo.- La red criminal de trata de personas desmantelada mediante la Operación Begonias, integrada por dominicanos y colombianos, operaba al menos cuatro viviendas utilizadas como centros de acogida para mujeres colombianas, víctimas de explotación sexual con fines de lucro para la organización.
Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, además de estos inmuebles, los servicios sexuales de las extranjeras eran promocionados en la página web “Skokka”, bajo el criterio de búsqueda “colombiana saco leche”, así como en la discoteca Lekker Club, ubicada en la calle General Gilberto Montás, en San Cristóbal, donde ofrecían una promoción denominada “Jueves de colombianas”.
Las declaraciones de las víctimas de explotación sexual, obtenidas durante la investigación, fueron incorporadas como pruebas clave por el Ministerio Público para ser presentadas en la audiencia de solicitud de medida de coerción, celebrada en la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, contra los implicados en esta estructura criminal.
Será entonces el juez o la jueza quien deberá decidir si impone la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva y declara el proceso como complejo, tal como lo ha solicitado el órgano acusador, sustentado en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y lavado de activos.
Los imputados en el caso Begonias son: los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo), y los ciudadanos colombianos Karen Juliana Chía Gélvez (Nana, Naye o la Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
Las investigaciones revelan que esta red de trata de personas logró mantener sus operaciones ilícitas mediante el pago de sobornos a agentes policiales del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han identificado a los oficiales que recibían dinero a cambio de brindar protección a la organización criminal y permitir el abuso continuo de las víctimas.
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