Demasiada iniciativa…., por Sofia Aron Said

En 2022, el Tribunal Constitucional del Perú tomó una decisión devastadora para las finanzas públicas. Reinterpretó el artículo 79 de la Constitución y dinamitó una de las pocas murallas que protegía la sostenibilidad fiscal del país: el límite a la llamada iniciativa de gasto del Congreso. Dos años después, los efectos ya se sienten con fuerza.

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En su último reporte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la credibilidad fiscal del Perú se ha deteriorado. El Congreso ha aprobado más de 160 iniciativas con impacto fiscal, muchas sin sustento técnico, que comprometen recursos equivalentes al 5,7% del PBI. Eso implica que, o bien el Estado tendría que aumentar su presupuesto en casi 25%, algo inviable en el corto plazo, o tendría que recortar otros gastos esenciales para poder cumplir con esas nuevas obligaciones.

El centro de esta discusión está en el artículo 79 de la Constitución. Veamos por qué es tan relevante.

El artículo 79 de la Constitución es claro: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su propio presupuesto”. Es decir, el Congreso no puede presentar proyectos de ley que impliquen más gastos para el Estado.

Pero en 2022, el Tribunal reinterpretó ese artículo y dijo, en esencia: “el Congreso no puede proponer leyes que afecten el presupuesto vigente, pero sí puede hacerlo si el gasto se aplica en años futuros.” Es decir, si el proyecto aprobado hoy genera egresos en el presupuesto del próximo año (o más adelante), está permitido.

Esto puede sonar técnico, pero es como decirle a un adolescente que no puede gastar el dinero de sus padres hoy… pero sí puede firmar un contrato para gastar su sueldo del próximo año sin consultarles. En el papel, sigue habiendo una regla; en la práctica, la puerta al gasto se abrió de par en par.

La idea de limitar la iniciativa de gasto del Congreso no es un capricho del MEF. Es una protección. Sin esa valla, cada congresista puede impulsar leyes con nuevos gastos – muchas veces sin estudios técnicos, sin definir de donde va venir el financiamiento, y motivados más por la inmediatez política que por una planificación estratégica de largo plazo.

Es importante aclarar que, antes de 2022, el Congreso no tenía prohibido proponer leyes con gasto, pero debía hacerlo en coordinación con el MEF, que evaluaba su viabilidad fiscal.

El Perú no está solo en esta discusión. Cada país ha tenido que encontrar su propia manera de equilibrar dos fuerzas legítimas pero tensionadas: la necesidad de mantener finanzas públicas sostenibles, y el derecho del congreso a representar las demandas ciudadanas.

En países como Estados Unidos o Argentina, el Congreso tiene amplia libertad para proponer gasto público. No existen límites legales formales que impidan incluir nuevos gastos en leyes. Esta apertura ha permitido una representación más activa del Legislativo… pero también ha contribuido a déficits crónicos y negociaciones presupuestales interminables, como los famosos shutdowns del gobierno federal en EE.UU.

Por otro lado, la mayoría de países de América Latina han optado por lo contrario: limitar parcial o totalmente la iniciativa de gasto legislativa. En Chile, por ejemplo, el Congreso no puede presentar ni una sola ley que implique gastos. En Colombia, Uruguay y Costa Rica, los legisladores pueden hacerlo, pero deben señalar de dónde saldrá el dinero o contar con aval del Ejecutivo. Incluso en Alemania o Francia, países con democracias sólidas, el Parlamento necesita el consentimiento del gobierno para aprobar leyes que aumenten el gasto o reduzcan ingresos.

Los estudios comparativos son contundentes. Países que imponen límites claros al Legislativo para generar gasto suelen tener menores déficits fiscales, mejor control del crecimiento del gasto y, en general, finanzas públicas más sanas. Además, cuando se combinan estas restricciones con otras herramientas como reglas fiscales o consejos fiscales independientes, el efecto positivo se potencia.

En cambio, cuando el Congreso tiene vía libre para introducir gastos sin contrapesos, los riesgos aumentan. Se generan leyes costosas sin análisis técnico, se comprometen recursos a largo plazo sin prever su impacto, y se reduce la capacidad del Ejecutivo para responder a emergencias o implementar políticas públicas sostenibles.

La sentencia del Tribunal Constitucional fue un error que debilitó seriamente la institucionalidad fiscal del país. Aunque el contexto político actual —capturado por intereses particulares y sin una mayoría técnica— dificulta una reversión inmediata, el MEF no puede dar esta batalla por perdida. Ya sea en este gobierno o en el siguiente, debe existir una estrategia clara para revertir la sentencia del Tribunal.

No se trata de silenciar al Congreso. Se trata de crear un marco institucional que permita que su voz se exprese con responsabilidad. Que represente, sí, pero sin hipotecar el futuro del país.