Gobierno evalúa recibir presos extranjeros desde Estados Unidos, pese a que no cumple con deshacinamiento en cárceles
En una nueva fase de su mandato, el expresidente Donald Trump ha delineado un ambicioso y controvertido plan para ejecutar deportaciones masivas y establecer acuerdos bilaterales con países alrededor del mundo que sirvan como puntos de contención migratoria. Según un reciente informe del New York Times, diplomáticos estadounidenses ya han iniciado gestiones con varios gobiernos, entre ellos Mongolia, Ucrania, Perú, entre otros, para que acepten a personas deportadas, incluidas aquellas afectadas por conflictos armados o con antecedentes de violaciones de derechos humanos.
Pese a la presión ejercida en reiteradas ocasiones, el gobierno peruano se ha negado hasta el momento a aceptar dicho acuerdo. La administración Trump incluso llegó a contemplar el traslado de ciudadanos asiáticos y latinoamericanos a zonas en conflicto como Libia y Sudán del Sur, aunque la medida fue bloqueada por un tribunal federal.
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Sin embargo, este lunes, la Corte Suprema de EE. UU. determinó que el gobierno tiene derecho a expulsar a personas que no sean ciudadanas estadounidenses, reactivando las alarmas sobre una posible implementación acelerada del plan.
Consultada al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, aseguró que aún no se ha tomado una decisión definitiva. “Por el momento, no hay ningún tema decidido sobre la recepción de delincuentes en nuestras cárceles. Nuestra prioridad es mejorar las condiciones carcelarias en el país. El Ministerio de Justicia ya viene adoptando una serie de acciones en ese sentido”, declaró a La República.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, no descartó que se puedan recibir presos extranjeros y alegó a tratados internacionales. "El Perú no puede negarse porque existen convenios internacionales. Si un delincuente solicita regresar a su país de origen y cumple con todos los requisitos legales, no habría inconvenientes", señaló.
Perú tiene sobrepoblación carcelaria
Cabe recordar que, según una resolución del Tribunal Constitucional publicada el pasado 27 de mayo, el Estado peruano tiene plazo hasta 2030 para resolver el grave problema del hacinamiento penitenciario. La sobrepoblación carcelaria, sumada a las precarias condiciones de infraestructura, hacen que Perú no sea actualmente un país viable para acoger a migrantes deportados, lo cual implicaría una carga humanitaria y logística considerable.
De acuerdo con la información del New York Times, Estados Unidos ya ha mantenido conversaciones con al menos 29 países de Europa, América Latina, África y Asia, y el Departamento de Estado ha instruido a sus diplomáticos a contactar a otros 29 países, en su mayoría africanos.
En total, serían 58 los países considerados para establecer acuerdos migratorios bilaterales, 7 han accedido a la solicitud del gobierno americano. Muchos de ellos estarían bajo amenaza de nuevas restricciones migratorias para ingresar a EE. UU., en caso de negarse a colaborar.
Pero no solo eso. También se ha considerado pedir a varios países actuar de 'tercer país seguro'; es decir, que las personas que soliciten asilo en Estados Unidos, sean acogidas en aquellos países que acepten. Según el NYT, algunas naciones quieren pagos o favores a cambio y otros han mostrado su inconformidad con aceptar a personas que no tengan una relación con sus países.
En el caso de El Salvador, Trump pagó aproximadamente 5 millones de dólares después de que recluyera en una prisión de máxima seguridad a más de 200 migrantes venezolanos acusados de integrar bandas criminales. El presidente estadounidense presentó esto como una iniciativa para frenar la "invasión". Pero, hasta el momento no ha podido demostrar que la mayoría de deportados sea culpable de algún delito.