El falso dilema de los autoritarios
La ofensiva contra el Ministerio Público del Perú no es producto de una pugna legítima entre facciones institucionales. Es, más bien, el síntoma de una estrategia autoritaria y proimpunidad que pretende capturar una de las pocas entidades autónomas que aún resisten el deterioro institucional.
En ese camino, se ha querido instalar una narrativa falaz de conflicto interno, cuando lo que en realidad existe es una arremetida antiderechos —cruda y calculada— con la clara intención de condicionar el rumbo electoral del país mientras blindan a quienes temen responder ante la justicia por sus delitos.
La frustrada restitución de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación es un paso más en esta operación, que aún no termina. No importa que su destitución haya sido un acto administrativo cerrado ni que el propio Poder Judicial ya haya desestimado su demanda de amparo por carecer de sustento legal.
Tampoco parece importar que la Junta Nacional de Justicia actúe, sin disimulo, como un brazo político de la coalición autoritaria que busca consolidar un régimen de inestabilidad institucional afín a una dictadura.
Frente a esta maniobra, la comunidad jurídica internacional ha alzado la voz. La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) ha sido enfática al rechazar la resolución que busca reponer a Benavides. Los destacados juristas de la región la califican como lo que en realidad es: una “nulidad de oficio”.
Además, denuncian públicamente un atentado contra la independencia del Ministerio Público. Según la FLF, la única instancia con competencia para elegir al titular de la Fiscalía de la Nación es el Pleno de la Junta de Fiscales Supremos, y esa elección —en este caso, la de Delia Espinoza— ya fue realizada conforme a ley.
La insistencia en desconocer esta realidad no solo es jurídicamente improcedente, sino también peligrosa. Pretende que el país normalice que decisiones disciplinarias sean torcidas a la fuerza no con la ley en mano. Peor aún, todo esto ocurre en un contexto preelectoral, en el que las garantías democráticas deberían ser reforzadas, no demolidas.
No se trata de un conflicto entre fiscales, sino de un ataque directo contra el Estado de derecho. De la misma manera, un autoritario puede desconocer contratos, imponer jueces y fiscales y destruir las posibilidades de acceso a la justicia, inversión y desarrollo en el Perú.
Ceder ante esta farsa de pugna solo facilitará la instauración de un peor régimen autoritario y violento. Los peruanos ya lo han vivido antes. Lo mismo ocurrió meses antes del golpe cometido por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Los peruanos no pueden permitirse repetirlo.