Para Europa no es 'una anécdota'

En plena tormenta por la corrupción registrada en el entorno del Gobierno y el núcleo duro del PSOE , ABC publica que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) constata que España ha vuelto a incumplir sus recomendaciones, acordando en su última reunión elaborar un cuarto informe sobre la aplicación deficiente de las medidas articuladas para evitar casos como los que llenan las portadas desde hace días. Contra Sánchez se alinea también esta institución dependiente del Consejo de Europa. El organismo enviará al Gobierno una petición de medidas más efectivas y, de no cumplirse, podría solicitar la llegada una delegación del más alto nivel para hacer efectivos sus requerimientos. Los resultados del cuarto informe sobre malas prácticas en España no resultan prometedores. En los tres primeros se constataba cómo los sistemas de control carecían de suficiente consistencia para evitar una corrupción de la que cada día aparecen más evidencias. El Greco requería a España que actuase en ámbitos en los que justamente se desbordan los escándalos. Una de las recomendaciones pasaba por dotar de una mayor independencia a la Oficina de Conflictos de Intereses, a la que los tribunales han tenido que ordenar que investigue la participación de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, teniendo en cuenta el patrocinio de este grupo de empresas en las actividades privadas de Begoña Gómez, imputada, al igual que el hermano de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. En un primer momento, la propia oficina declinó ejercer su poder fiscalizador: no realizó investigación alguna hasta ese momento y dio por buena la participación de Sánchez en la operación que él mismo promovió. Otra de las recomendaciones que hace el Greco en el informe al que ha tenido acceso ABC, que no se hizo público porque lo impidió la representación española, consistía en la vigilancia del papel de los asesores del Gobierno, recomendación que resultaba premonitoria a la luz del caso Koldo, que implica a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, entre otros, en una trama de venta fraudulenta de mascarillas y una presunta organización criminal dedicada a la obtención de mordidas a cambio de obras públicas. La investigación ha merecido la entrada de la Unidad Central Operativa en la sede del PSOE en la calle de Ferraz, el Ministerio de Transportes y Adif. La realidad que se va a encontrar este grupo de 48 países –solo cuatro suspenden, entre ellos España– es una coyuntura en la que no resulta descabellada una imputación futura del partido del Gobierno por presunta financiación ilegal. Estos escándalos, con ramificaciones que ya han provocado sonadas dimisiones en Navarra , en Aragón y en el Ministerio de Hacienda, crecen día a día alrededor de figuras tan nucleares del sanchismo que resulta imposible trazar un cortafuegos entre La Moncloa y la podredumbre que asoma en las investigaciones. Las conversaciones intervenidas también apuntan a un fraude en las primarias en las que Sánchez obtuvo el poder en su partido, lo que genera un problema evidente de legitimidad electoral. Gran parte de las instituciones están tocadas, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular está imputado en el Supremo por revelación de secretos en una operación que pretendía terminar con una rival política como Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera la velocidad a la que se suceden los escándalos puede dejar atrás casos como el de Leire Díez, 'fontanera' socialista que intentaba conseguir información contra la UCO a cambio de favores de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las haciendas forales. En su próximo informe, el Greco no podrá pasar por alto el intento del Gobierno por controlar y desprestigiar todos los contrapesos de su poder ejecutivo. No es una 'anécdota' que Pedro Sánchez trate de diluir el poder de los jueces y maniatar a los que investigan a su círculo más estrecho, poniendo la instrucción en manos de una Fiscalía que actúa jerárquicamente, a las órdenes de un fiscal general ya imputado y dependiente de Sánchez. La Moncloa no solo no tiene en cuenta los contrapesos de su poder, sino que los ataca con vehemencia, como ha sido el caso de la prensa, los jueces y, en última instancia, la Guardia Civil. Este es el colofón provisional de una legislatura basada en la corrupción política de grado superior, cimentada sobre unos pactos parlamentarios que el propio presidente del Gobierno negó antes de las elecciones y sobre una ley de amnistía, como bien sabe y reconoce ya Bruselas, negociada con aquellos que lo hicieron beneficiario y a la vez cautivo de sus votos.