Derechos Sociales presiona a Hacienda para financiar ya la ley de la ELA con 200 millones de euros
El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha enviado al departamento dirigido por María Jesús Montero una propuesta para desplegar la ley dentro del Sistema de la Dependencia antes de octubre: "Esperamos su respuesta para que esté en tiempo y forma"
Sanidad anuncia un plan para pagar los cuidados de los pacientes con ELA más avanzado hasta que se desarrolle la ley
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido a Hacienda una propuesta de adaptación del Sistema de la Dependencia para incluir una financiación adicional de 200 millones de euros para desplegar la ley ELA a lo largo de 2025. La propia norma, aprobada el pasado octubre, mandata que hay un plazo de un año para hacer esta integración al sistema.
“Ya hemos remitido al Ministerio de Hacienda esa propuesta y espero que podamos obtener su respuesta lo antes posible para garantizar que esté en tiempo y forma, como prevé la ley, que disponía de un plazo de un año para que esta transformación del sistema de la dependencia estuviera en marcha”, ha asegurado el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, al finalizar el Consejo Territorial que se ha celebrado este jueves en el Imserso, en el que se ha aprobado el reparto de 783 millones de euros a las comunidades para el Sistema de Dependencia.
La fracción de Sumar en el Gobierno intensifica así la presión sobre el PSOE, a los mandos del Ministerio de Hacienda, para dotar ya de financiación a la ley ante las quejas de los pacientes que ven pasar los meses sin cambios pese a que la ley está aprobada.
La Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica o la Fundación Luzón llevaba meses pidiendo al Gobierno una solución inmediata para los enfermos más graves hasta que se dote de financiación a la ley. El Ministerio de Sanidad, tras reunirse con los afectados, anunció la semana pasada un “plan de choque” con una inversión de 10 millones de euros para financiar los cuidados continuados a los enfermos que necesitan ventilación mecánica (ya sea por traqueotomía o con una máscara) o que padecen disfagia severa.
Ahora, Derechos Sociales ha dado un paso más enviando la propuesta concreta a Hacienda con una financiación que coincide con el presupuesto calculado por las organizaciones de pacientes.