El PP salva por segunda vez al presidente del Parlament y cuestiona la autoridad moral del PSOE para exigir «lo que no aplica a sí mismo»

El Partido Popular ha anunciado este jueves que votará en contra de la suspensión del presidente del Parlamento balear , Gabriel Le Senne ( Vox ), en la Comisión del Estatuto de los Diputados. La iniciativa, propuesta por los partidos de izquierda tras la apertura de juicio oral contra Le Senne por un presunto delito de odio, no llegará, por tanto, al pleno. El portavoz popular, Sebastià Sagreras , ha defendido la negativa de su grupo al considerar que aplicar una suspensión como esta supondría «banalizar» una herramienta que, en su opinión, afecta directamente a la representación democrática. «Significaría alterar la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas, pasando de 59 a 58 diputados», ha argumentado. Con esta decisión, el PP salva por segunda vez a Le Senne , después de que en septiembre del pasado año se abstuviera en el debate sobre su remoción, evitando también entonces cualquier acción contra el presidente de la Cámara. Sagreras ha alertado del peligro de sentar un precedente que permita a una mayoría parlamentaria retirar derechos a diputados en minoría. «Sería un precedente muy peligroso», ha advertido. Además, el portavoz popular ha cuestionado la autoridad moral del PSOE para pedir la suspensión de Le Senne. «El PSOE exige a sus adversarios lo que no aplica a sí mismo», ha reprochado, mencionando el mantenimiento del fiscal general del Estado o el caso de la dirigente socialista en Extremadura, que fue aforada tras asumir un escaño en el Senado. Sagreras también ha cargado contra la diputada socialista Patricia Gómez y la expresidenta del Gobierno, Francina Armengol , a quienes ha acusado de «mentir» durante su comparecencia en comisión por la compra de mascarillas fraudulentas a la trama de Koldo. Por último, ha puesto en duda la solidez del proceso judicial abierto contra Le Senne, recordando que la Fiscalía ha solicitado el archivo del caso. «Respetamos el procedimiento judicial y pedimos rebajar la tensión en esta Cámara. En estos meses, quienes han generado crispación no han sido precisamente Le Senne, sino otros miembros de la Mesa», ha sentenciado, apuntando a la vicepresidenta segunda, la socialista Mercedes Garrido . Gabriel Le Senne será juzgado por la Audiencia Provincial de Palma como supuesto autor de un delito de odio por romper una fotografía de una víctima republicana durante un pleno. Los hechos ocurrieron hace un año, el 18 de junio de 2024, cuando la diputada socialista Mercedes Garrido se negó a retirar la fotografía de las Rojas del Molinar que lucía pegada en la tapa de su ordenador durante un tenso debate en el que se abordaba precisamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El presidente de la Cámara expulsó posteriormente a Garrido y a la diputada Pilar Costa, ambas miembros de la Mesa, después de darles la oportunidad de cambiarse de ropa o de ocupar algunos de los escaños si querían seguir luciendo las prendas. El criterio de Le Senne es que vulneraban la neutralidad de la Mesa, no así las camisetas que lucían casi la totalidad de diputados socialistas desde sus escaños. Le Senne, que pidió perdón públicamente, declaró el pasado mes de septiembre ante un juez por estos hechos, y sostuvo que su actuación estaba enmarcada dentro de la intención de dirigir el debate y de mantener el orden y el decoro del parlamento, pero «no quería humillar o menospreciar a nadie». Cuatro entidades memorialistas y partidos políticos presentaron acusaciones populares, solicitando penas que van desde 16 hasta 48 meses de prisión, además de multas e inhabilitaciones. Denunciaron que la actuación de Le Senne constituía un claro acto de odio y desprecio hacia la memoria de las víctimas. A principios de este mes de junio, la Audiencia Provincial de Baleares dictó un auto rechazando el recurso de apelación presentado por la defensa de Le Senne, al que se adhirió la Fiscalía, solicitando el archivo de la causa. El Tribunal respaldó el auto del juez instructor, que acordó la apertura de juicio oral por los hechos ocurridos durante un pleno hace casi un año.