Un juzgado madrileño tomará declaración este miércoles al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras , y al jefe de la División de Personal de la Dirección General del Cuerpo, Luis Guillermo Carrión. Ambos están citados en calidad de querellados a las 11:45 horas. El origen de la citación es una querella presentada por el policía y portavoz nacional de Vox en materia de Seguridad e Inmigración , Samuel Vázquez , quien les atribuye la presunta comisión de delitos de acoso laboral, coacciones y prevaricación administrativa. Les acusa de orquestar una «vil estrategia» contra su persona «a raíz de la repercusión mediática de sus intervenciones en diversos foros en los que abordaba temas de seguridad ciudadana». Según denuncia, en pocos meses se le abrieron «un rosario de seis expedientes disciplinarios carentes de todo fundamento«, además de la »denegación injustificada de la excedencia voluntaria para presentarse a las elecciones, la filtración de información sesgada a la prensa y el acoso telefónico«, en referencia a las llamadas de agentes del régimen disciplinario a su domicilio para comunicarle las sanciones. La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que inicialmente la inadmitió al considerar que los hechos denunciados no eran penalmente relevantes. No obstante, Vázquez recurrió ante la Audiencia Provincial, que entendió que la decisión de la instructora, Luisa María Prieto, fue «precipitada», ya que no se habían practicado «las pertinentes diligencias» solicitadas por el querellante. En consecuencia, la magistrada citó a declarar como testigos a los instructores de los expedientes disciplinarios, y tras escuchar sus testimonios, archivó la causa , según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. Vázquez volvió a recurrir, y la Audiencia Provincial le dio la razón nuevamente el pasado mes de marzo. Los magistrados consideraron que, por su cargo y funciones, los testigos citados «poco o ningún conocimiento podían aportar sobre circunstancias ajenas a su acotada e individualizada función, relacionadas con los hechos denunciados como acoso, prevaricación o coacciones», incluyendo la restricción de derechos como la excedencia, el sufragio pasivo o incluso el disfrute de vacaciones. «Como era previsible —expusieron en su auto—, de sus declaraciones nada se deduce al respecto». Por ello, ordenaron citar a Pardo Piqueras y Carrión, ya que, según señalaron, «resulta especialmente exigible la práctica de tal diligencia en salvaguarda de sus derechos constitucionales en el seno de este procedimiento, conociendo las imputaciones vertidas contra ellos por el querellante y pudiendo ejercitar su derecho de audiencia y contradicción mediante su comparecencia ante la autoridad judicial para prestar declaración sobre los hechos». Así, se dejó sin efecto el archivo de la causa para que la instrucción continuara. Samuel Vázquez era un agente de seguridad ciudadana, un 'patrullero' veterano del municipio madrileño de Fuenlabrada, según apuntan fuentes consultadas por este diario. Se hizo conocido hace unos años por sus mensajes en la red social X (antes Twitter) y sus críticas al sistema policial. Colaborador habitual del programa Horizonte, de Iker Jiménez, fue endureciendo su discurso, especialmente en materia de inmigración . Fue invitado al Congreso de los Diputados por Ciudadanos como coordinador de la plataforma 'Una Policía para el siglo XXI', y más tarde acudió a la Asamblea de Madrid a propuesta de Rocío Monasterio, portavoz regional de Vox. El primer expediente disciplinario se originó tras ser denunciado por el jefe de la Oficina de Prensa del Cuerpo, después de que Vázquez subiera a YouTube un vídeo en el que lo acusaba de utilizar la cuenta institucional de Twitter de la Policía para expresar opiniones personales. Fue sancionado con 15 días de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave de «desconsideración con superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos». El segundo expediente se le abrió por vincular a un mando policial con un caso de corrupción, pese a que este no estaba implicado. El tercero, por anunciar en un tuit su participación en un acto político de Vox en Fuenlabrada. Mientras que el cuarto llegó por sus declaraciones en la Asamblea de Madrid el 7 de octubre de 2022, en las que relacionó a las bandas violentas con la «inmigración descontrolada». Posteriormente, comenzó a atacar en su cuenta de X al director general, a la cúpula de comisarios y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El quinto expediente tuvo su origen en dos mensajes que Vázquez publicó el 28 y el 30 de marzo de 2023. «Ha tocado el pan de mis hijos, así que no pararé hasta verle sentado en el banquillo (...) Seguiré luchando para acabar con este sistema de cortijos y caciques», escribió refiriéndose a Pardo Piqueras. «Ningún conocimiento en ciencia policial o criminología. Mientras ellos protegen estructuras de poder y discursos políticos, los barrios se vencen y las ciudades se rinden. Cero experiencia operativa en la materia», escribió después. El sexto expediente se le abrió tras participar en mayo de 2023 en un mitin de Vox en Fuenlabrada, municipio en el que pretendía concurrir a las elecciones municipales, hasta que se le denegó la excedencia al estar expedientado, conforme al Régimen de Personal de la Policía Nacional. A pesar de ello, Vázquez asistió al acto, y la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo trasladó los hechos a la Fiscalía. Según ha podido saber ABC, el pasado 12 de febrero un juzgado madrileño dictó auto de apertura de juicio oral contra él. La Fiscalía solicita para el portavoz de Vox 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante ese tiempo y una multa de 3.600 euros , por un delito electoral recogido en el artículo 144.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Dicho artículo establece que «serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis meses a un año los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, de las Policías Autonómicas y Locales, los jueces, magistrados y fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral o realicen actividades de campaña». Samuel Vázquez es portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad desde septiembre de 2024.
