Juristas advierten de afectación a los derechos de detenidos en sede policial
Producida la detención preliminar, las personas permanecen privadas de su libertad mientras duren las audiencias judiciales, lo que puede demorar semanas y meses, tiempo en que permanecen en las celdas de la policía, más allá de la orden judicial o los plazos que señala la Constitución
Un grupo de juristas nacionales y extranjeros pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo y las autoridades judicial y del Ministerio Público por la prolongada detención de personas en la sede de la DIRCOTE, en la ex prefectura de Lima, más allá de los plazos establecidos por la Ley, la Constitución y el mandato de los jueces penales.
Estas personas fueron detenidas por orden judicial por un máximo de 15 días, pero en la actualidad ya han superado los 60 días de privación de la libertad, sin que se defina su situación legal.
Los expertos en derecho indican que han tomado conocimiento de esta situación a través de un informe de la Jefatura del Programa Para las Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría del Pueblo. Un grupo de 23 individuos, arrestados desde el 12 de abril, llevan más de 70 días privados de su libertad, a pesar de que la Constitución establece un plazo máximo de detención de 15 días.
Otras cinco personas, detenidas el 23 de abril de 2024 y cuyo plazo de detención de 15 días venció el 8 de mayo de 2024, llevan dos meses en detención preliminar, sin que los jueces hayan tomado una decisión sobre su libertad o su traslado a un centro penitenciario. Las celdas de la DIRCOTE tampoco cumplen las condiciones mínimas para tener detenidos por un plazo prolongado de tiempo.
En estos casos, luego de la detención policial, la fiscalía solicita la prisión preventiva al cumplir los 10 o 15 días del plazo autorizado por el juez, por lo que la privación de libertad se amplía en un “limbo jurídico” hasta que concluyan las audiencias en el juzgado de investigación preparatoria. Estas audiencias pueden demorar varias semanas o meses, tiempo en que las personas permanecen privadas de su libertad.
El escrito dirigido a las autoridades judiciales lleva las firmas de los juristas españoles José María Ascencio Mellado, José Luis Gómez, Eduardo Montealegre y los abogados nacionales, Domingo García Belaunde, Víctor García Toma, Duberly Rodríguez, Francisco Távara, Gerardo Eto Cruz, Jorge Luis Cáceres Arce, Pablo Talavera, Raúl Chanamé, Juan Carrasco Millones, Dino Caro Coria, Fidel Rojas, Julio Espinoza Goyena, entre otros.
"Es de lamentar, que en el año 2024 en el Perú se repitan prácticas contrarias a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos y se produzcan violaciones sistemáticas de la libertad personal como en la década de los años 80 y 90 que merecieron condenas internacionales contra el Estado peruano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos", señalan los abogados.
Anotan que 'hasta el momento las instituciones tutelares del sistema de justicia no han adoptado ninguna medida correctiva ni se ha implementado alguna acción inmediata y urgente que supere el estado de cosas inconstitucional, incumpliendo las recomendaciones establecidas por la Defensoría del Pueblo y desacatando el precedente vinculante del Tribunal Constitucional sobre la detención preliminar'.