Papelones internacionales y elecciones locales, por Rosa María Palacios
Esta semana ha sido generosa en noticias internacionales sobre el Perú que no han sido, en ningún caso, positivas. Arrancamos el lunes con la presentación de los agentes del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tratando de justificar una amnistía torpemente encubierta a crímenes imprescriptibles. Es verdad que los pobres abogados tenían un encargo imposible: justificar lo injustificable, pero vaya papelón que hicieron.
Luego vinieron resultados de rankings internacionales. En las pruebas PISA 2022 de pensamiento creativo, solo un 48% de los estudiantes peruanos de 15 años superan el nivel 3 de una escala de 6. En resumen, salimos puesto 48 de 64 países evaluados. ¿Qué va a hacer el Minedu con estos resultados? ¿Qué propone el Estado para corregir esta seria llamada de atención? El Congreso insiste en que se contraten a 200.000 maestros que no han podido pasar un examen de méritos y el ministro está muy ocupado en lavarse la imagen luego de llamar “prácticas culturales” a la violación sistemática, por más de una década, de niñas wampis y awajún por parte docentes, contratados y pagados por su sector.
En materia de competitividad (la capacidad de crear riqueza), el Ranking Mundial 2024 pone al Perú a cuatro lugares de ser el último. Ha caído 8 puestos de un año a otro. Peleamos el piso con Argentina y Venezuela, siendo el puesto 63 de 67. ¿Alguna respuesta del Gobierno? ¿Cuál es la estrategia, siquiera de corto plazo, para revertir esto? ¿Dios bendiga el rebote como política pública como toda respuesta?
El miércoles, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, se refirió a nuestro país, en su discurso ante la 56 sesión del Consejo, en estos términos: “En los últimos meses, en el Perú, el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir importantes avances en materia de justicia transicional y de participación política de las mujeres y restringir la libertad de asociación y de expresión”.
Un párrafo para, en pocas líneas, explicar la conducta de un Congreso demente que no parará hasta demoler el poder judicial y electoral, atacar asociaciones y prensa (es decir, cualquiera que limite su poder) para su propio beneficio. Añádase que esta semana nos enteramos de que la ley que debilita la colaboración eficaz fue observada por el comité de probidad de la OCDE, ¡en octubre! Otárola no informó al país y bajo la cabeza ante otra norma más para favorecer el crimen. Ya es ley.
Para completar la faena, el canciller del Perú no tuvo mejor idea que asistir el jueves en la noche a la celebración del día nacional de Canadá y aniversario de 80 años de relaciones diplomáticas con el Perú, para insultar a su embajador. Lo recriminó (y a 15 embajadores más) por hacer pública su preocupación por el proyecto de ley anti.ONG que viola el derecho de asociación. El embajador Louis Marcotte mencionó en su discurso, haciendo un recuento de la cooperación económica con Perú, las donaciones para la CVR hace dos décadas y el ministro González-Olaechea aprovechó para decirle que no había servido para nada y que mejor hicieran una en Canadá para indemnizar a sus propios nativos. Una vergüenza pública, para todos los peruanos ejecutada por un canciller que parece tener como única preocupación la agenda con China, un país con grandes inversiones en el Perú, pero que ofrece la ventaja de no interesarle ni la forma democrática de gobierno, ni los derechos fundamentales de nadie.
Mientras este desmadre internacional ocurre, el plazo del 12 de julio corre para las 28 organizaciones políticas con inscripción para las próximas elecciones y las 19 en trámite. Ese es el último día para inscribirse como militante y acceder a postular como miembro de un partido político en las elecciones del 2026. El juego político comienza a activarse y no de la mejor manera. Hay dos problemas de fondo no resueltos y que el elenco estable de la política peruana no quiere resolver.
El primero, la reforma electoral del 2019, facilitaba la creación de partidos con el propósito de promover la participación directa en política. El esquema ha funcionado y evidencia de eso es el número de agrupaciones inscritas. Pero para operar correctamente y no ir a elecciones generales con 30 partidos (en primera vuelta, donde además se elige al congreso) eran indispensables las PASO. Quien no pasaba la valla no jugaba la final. Eso permitía ir con nomás de 10 partidos (que es mucho) a las elecciones y construir una representación parlamentaria de mayorías (no de minorías extremistas). Sin embargo, el sistema que era un todo fue mutilado por el Congreso, que derogó las PASO. Ese problema, que se resuelve con el regreso a las PASO, no quiere ser ni mencionado por la codicia de los congresistas de 10 partidos con representación parlamentaria que, completamente desconectados de la realidad, juran que serán reelegidos como senadores.
El segundo problema se deriva del primero. Con treinta partidos es imposible que en segunda vuelta gane alguien con mayoría parlamentaria o con posibilidad de hacer alianzas. El ganador de la presidencia será “dead man walking” hasta que lo vaquen, lo que sucederá cada vez más rápido como viene ocurriendo desde el 2016 y seguirá ocurriendo mientras no se reformen las reglas del juego. Abolida de facto la cuestión de confianza por este Congreso y una inconstitucional decisión del TC, ya no importa quién sea presidente. Será siempre un rehén de un Congreso fragmentado que hará alianzas en torno a prebendas, pero nunca con el bien común como norte.
¿Exagero? Tomen el caso de Alberto Fujimori. Está prohibido de postular al estar condenado y esa condena estar vigente. Lo dice la Constitución y la ley orgánica de elecciones. Eso lo sabemos todos. Pero todos sabemos que este Congreso torcerá la Constitución y la ley para que postule. ¿Así quieren entrar a la OCDE? El Estado de derecho comienza a ser una quimera en el Perú y desde fuera nos lo recuerdan cada día.