La regeneración, papel mojado

Si algo ha caracterizado los cinco años de Gobierno socialista ha sido un deterioro institucional sin precedentes. Legislativamente se ha abusado del decreto por costumbre para aprobar, a menudo por la vía de urgencia, normas que en condiciones ajenas al filibusterismo parlamentario deberían haber seguido otra tramitación. E institucionalmente, la impronta de La Moncloa ha sido copar la dirección de los órganos esenciales del Estado para ponerlos al servicio del Ejecutivo. Lo preocupante es que el programa electoral del PSOE presentado el pasado viernes no supone ninguna rectificación. Muy al contrario, tanto sus enunciados como su letra pequeña reflejan que cualquier propuesta de regeneración institucional es artificial. La sección del programa que aborda el poder judicial invita a la inquietud. El PSOE no sólo elude seguir las directrices de la Unión Europea, que son muy claras y taxativas en cuanto a una reforma en profundidad del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para que los magistrados elijan directamente a una docena de sus veinte miembros, sino que Sánchez persiste en su idea de mantener vigente el actual modelo, absolutamente politizado, con el mandato del CGPJ casi duplicado y embarrado en una renovación imposible. Ni una sola línea del programa socialista apela al cambio de un sistema que desde 1985 atribuye a las Cortes, y de facto a los partidos, el control del poder judicial. El PSOE consagra así la idea de que, llegado el caso, cualquier reforma relativa a este poder independiente del Estado seguirá haciéndose conforme a criterios de control partidista, poniendo en jaque la separación de poderes. Es un error propio de quien concibe el poder como un todo intervencionista alejado del propósito del constituyente de 1978 de que el consenso izquierda-derecha sea una condición indispensable de nuestro sistema político para reafirmar los equilibrios básicos. Tampoco hay en el programa del PSOE una sola palabra para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal, de modo que sigue apelando a un modelo de dependencia absoluta del Gobierno. Si a eso se añade que el PSOE admite que forzará la renovación de órganos constitucionales como el TC, sin decir cómo, sólo cabe pensar que si Sánchez renueva como presidente los consensos con la oposición serán imposibles. El poder ejecutivo se seguirá arrogando funciones arbitrarias que debilitarán al poder legislativo y dejarán en total impotencia al poder judicial. Si se contrasta este programa con el anunciado por el PP, las diferencias en cuanto a pretensiones de despolitización de las instituciones son elocuentes. Nada en el programa del PSOE invita a considerar una 'liberalización' del CIS, RTVE, el INE, el Tribunal de Cuentas… No tiene lógica que el programa electoral del PSOE instaure una línea discrepante de Europa. Ya en 1985 el PSOE modificó la ley del Poder Judicial para mantener el control sobre el gobierno de los jueces, y ni siquiera el PP lo modificó cuando tuvo mayoría absoluta, pese a haberlo comprometido en su programa. La tentación de los partidos de desvirtuar nuestra estructura institucional y romper el sistema de contrapesos que debería regir la armonía de nuestra democracia sólo ha desembocado en un intento de dominar todos los órganos públicos relevantes. En la legislatura que ha concluido, el PSOE lo ha demostrado sin reparos, a veces de modo autoritario. Ahora su programa sólo refuerza una inquietante continuidad en ese intervencionismo partidista contra las reglas de juego, y contra las recomendaciones de limpieza y regeneración que la UE demanda a sus países miembros para consolidar auténticos regímenes reales de libertades.