Instaurar un "orden moral" y "tumbar la ley bolivariana de vivienda": metas de Vox en Extremadura para gobernar con el PP
"Vox ha venido para cambiar la política en Extremadura, no para hacer a nadie presidente”, dijo su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, el pasado lunes, cuando ya sabía que el PP necesitaría el apoyo de los cinco diputados de extrema derecha para llevar a su candidata, María Guardiola, a la presidencia de la Junta. El problema es que ni siquiera el PP conoce las propuestas de Vox para Extremadura. Sí se conocen sus intenciones, que pasan por formar un Gobierno de coalición de derechas. También se conoce la Extremadura con la que sueña Vox: una en la que se destierra del poder "al socialismo y al comunismo".
Ángel Pelayo quiere instaurar un "orden moral y socioeconómico". En el debate de Canal Extremadura negó la existencia de la violencia sobre las mujeres y en una entrevista en Onda Cero el pasado abril se mostró "a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte", por lo que el aborto "no es un derecho, es un error", y en contra de considerar como "colectivo" a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
El pasado lunes, además, dijo que si Vox es determinante en el próximo Gobierno regional no permitirá la “ley de vivienda bolivariana que pretendía instaurar Vara".
Pero las fricciones se suceden en los últimos días, sobre todo por la insistencia de Guardiola de querer gobernar en solitario a través de acuerdos que tengan en cuenta los programas. El problema en este caso es la carencia de medidas concretas de Vox para Extremadura. En la campaña, Ángel Pelayo Gordillo describió solo generalidades, reiteró algunas de las 100 medidas diseñadas del programa único de su partido para toda España y rehuyó asuntos que se le plantearon directamente como qué planes tiene para las Casas de la Mujer que acogen en Badajoz y Cáceres a víctimas de violencia de género o su postura ante el derribo o mantenimiento del resort de lujo Isla de Valdecañas.
Ahora mismo, según se desprende de las palabras de la candidata del PP, las relaciones con Vox son inexistentes: ni han hablado tras el 28M ni conoce qué propone el partido ultra para la región o cuáles son las medidas del PP que no comparte. Pero lo cierto es que ambos están condenados a entenderse y hay asuntos que comparten y otros que van a suponer obstáculos en las negociaciones para lograr un acuerdo, sea cual sea.
El bloque de derechas en Extremadura coincide en llevar a cabo una reforma fiscal para los ciudadanos y las empresas, aunque con matices. Mientras que el PP se ha comprometido a bajar los dos primeros tramos del IRPF al 8% y al 10%, reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en dos puntos hasta dejarlo en el 6% y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en los grupos 1 y 2, Vox también plantea rebajar el impuesto sobre la renta pero bonificar en su totalidad sucesiones, donaciones y patrimonio.
Este último impuesto solo lo pagan 1.242 extremeños, aquellos con un patrimonio neto superior a los 500.000 euros, aunque hay exenciones. La previsión del año pasado era recaudar 5,5 millones en la región. En el caso de sucesiones y donaciones, en Extremadura ya se bonifica al 99% para los grupos 1 y 2.
El bloque de derechas también coincide en revisar la que consideran una excesiva protección medioambiental que ha dificultado el desarrollo económico, agrícola y ganadero de la comunidad. Los extremeños desconocen en qué consiste la revisión de Vox, pero en el caso del PP se trata de analizar de forma individual los planes rectores de los territorios protegidos para intentar flexibilizar las limitaciones que existan.
En general es lo mismo que propuso el PSOE a finales de legislatura, y que aprobó en solitario. Los socialistas llevaron a la Asamblea una ley para modificar los límites de numerosos espacios de la red ecológica europea Natura 2000, aunque el objetivo detrás de esta propuesta ha sido conseguir la legalización de Valdecañas, que el Tribunal Supremo ha ordenado echar abajo en su totalidad, aunque el asunto se encuentra en el Tribunal Constitucional. El PP considera que modificar 55 zonas de especial protección de una tacada es una "chapuza" que carece de seguridad jurídica.
Sin embargo, donde Guardiola y Gordillo chocan tiene que ver con los derechos sociales de las personas y colectivos más desfavorecidos. La candidata del PP ha marcado en muchas ocasiones cuáles son las líneas rojas sobre las que no aceptará ni retroceso ni derogación: el reconocimiento de la violencia machista, el aborto, los derechos de las personas LGTBI y la inmigración. "No se van a cuestionar", ha asegurado. Pese a discrepar en todo lo anterior, el candidato de extrema derecha no se ha pronunciado de forma abierta sobre este obstáculo para negociar el Gobierno en Extremadura.
Pelayo Gordillo también ha alabado la gestión de Vox en Castilla y León, donde tiene la vicepresidencia y tres consejerías (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Comercio y Cultura, Turismo y Deporte. Sin embargo, al ser cuestionado en una entrevista en el periódico HOY por las medidas de ese gobierno que destaca, el extremeño evitó responder.
Las primeras conversaciones entre PP y Vox comenzarán esta semana y antes del día 12 se constituirá la Asamblea, por lo que en unos días se conocerán las propuestas del partido ultra y hasta dónde es capaz de negociar para rentabilizar el resultado obtenido en la región, donde hasta ahora carecía de representación.