Alerta sobre la reventa de citas de la Administración Pública: "Se debe atender a los ciudadanos presencialmente"
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha advertido de uno de los problemas crecientes que enfrenta la ciudadanía tras la pandemia: las dificultades para ser atendida por la Administración Pública. En su memoria anual se refieren específicamente a los escollos en la Seguridad Social, pero el presidente de la institución, Antón Costas, ha ampliado su denuncia al conjunto de los servicios públicos y ha alertado sobre "el mercado negro" y los negocios de reventa de citas.
"Me preocupa mucho, la verdad", ha afirmado el catedrático de Política Económica y presidente del CES, que ha advertido incluso de su temor de que España pase a engrosar alguna de las listas internacionales que miden el nivel de corrupción de los países. Hace unos días, la Policía Nacional desmanteló una banda que bloqueaba el sistema de citas online de Extranjería mediante un bot informático.
"El hecho de que no haya presencialidad en la atención a los ciudadanos en los servicios públicos, una vez que la pandemia ya ha pasado, está provocando un malestar, una inaccesibilidad a gran parte de los servicios y una insatisfacción creciente", ha advertido Antón Costas en la presentación de la Memoria del CES de 2022.
El informe, con un amplio repaso a la situación económica y laboral en el país, se detiene en las "importantes dificultades en la tramitación de las prestaciones de la Seguridad Social, por demoras en la concesión de citas, falta de disponibilidad de citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social y retraso en el acceso a las prestaciones" el año pasado, una situación que también ha recibido varios toques de atención del Defensor del Pueblo.
El CES valora que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un plan de choque dirigido a la provisión de vacantes en el INSS y la Tesorería de la Seguridad Social. "En los primeros meses de 2023 empezaron a solventarse estas dificultades", pero el CES considera que sigue "siendo necesario el refuerzo de la plantilla de la Administración de la Seguridad Social, además de medidas específicas dirigidas a mejorar la atención presencial", especialmente a las personas afectadas por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad social.
También requiere "ampliar la atención telefónica", otra de las mayores quejas de los ciudadanos, por ejemplo de cara a la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV) y otras prestaciones, ya que aseguran que es "misión imposible" encontrar a alguien al otro lado de la línea. En 2022, hubo más de 3,8 millones de llamadas 'desbordadas' –perdidas, no atendidas– en la atención e información al ciudadano de la Seguridad Social, según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
La memoria del CES destaca que "conviene recordar el derecho de la ciudadanía a la defensa en los procedimientos administrativos". Antón Costas dio un paso más allá y defendió este miércoles que, más allá de las necesarias mejoras de los servicios de cita previa y de atención online en la Administración Pública, "un ciudadano debe tener derecho a ser atendido de forma presencial".
El catedrático destacó que "no hay que perder de vista que la alfabetización digital en España es muy baja, especialmente entre aquellas personas con menos recursos".
Por ello, el presidente del órgano consultivo pidió que se implementen con celeridad medidas para mejorar la atención a la ciudadanía y que eviten los negocios de reventa de citas. Problemas a los que al principio puede que no se dé "gran importancia", apuntó Antón Costas, pero que después pueden no ser fáciles de cortar.
Este miércoles, personas refugiadas anunciaban una protesta frente a una oficina de asilo y refugio en Madrid con el lema 'Sin citas, no hay derechos'. "En abril de 2023, el Ministerio del Interior habilitó números de teléfono para solicitar dichas citas. Este sistema telefónico está igual de saturado y poder contactar es algo excepcional", denunciaban en una nota de prensa, en la que piden poder "solicitar asilo compareciendo personalmente ante la Policía".