Inseguridad pública, legado ominoso
El gabinete de seguridad pública del presidente López Obrador vive en un mundo de fantasía, en el que se habla de que el problema en materia de seguridad no es grave, y que la estrategia de connivencia con los criminales está dando resultados; cuando en realidad basta observar los actos de barbarie y criminalidad que ocurren todos los días en territorio nacional, en los cuales el narcoterrorismo y la complacencia de varios gobernadores de Morena y sus rémoras son una constante.
La comparecencia de los miembros del gabinete de seguridad ante la Comisión Bicameral del Congreso dejó en claro varios temas: el primero es que la militarización llegó para quedarse, por lo menos lo que resta del sexenio de López Obrador, es decir, el regreso de los militares a los cuarteles como lo prometió quedará en la lista interminable de promesas incumplidas por el tabasqueño.
La Guardia Nacional es un disfraz que cubre el rostro de miles de soldados que fueron entrenados en el Ejército y que su adiestramiento fue para matar ante cualquier amenaza y no para combatir la inseguridad pública y proteger a los ciudadanos. La violación sistemática a los derechos humanos de los mexicanos ha dejado un estigma a esta administración que será imposible borrarla en el futuro.
No basta con señalar que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sea civil y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también lo sea, si de lo que se trata es que la Guardia Nacional debe estar compuesta por civiles con formación profesional policíaca que les permita someter a los delincuentes y proteger a la población.
El mundo bizarro en el que viven estos funcionarios y que comparten su visión con la del presidente de la República, se pone en evidencia con las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al culpar al Poder Judicial del fracaso del Ejecutivo, por lo que dijo “es urgente una limpieza en el Poder Judicial para que funcione correctamente”.
Estas irresponsables declaraciones hay que enmarcarlas en el contexto de la pugna que libra AMLO contra la SCJN y el Poder Judicial por no plegarse a sus designios.
Cierto, el problema de la inseguridad pública se ha recrudecido en este sexenio y efectivamente requiere la participación de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, aunque el responsable directo del incremento exponencial de homicidios, desapariciones, desplazados y el control de vastas regiones del territorio nacional por parte de los grupos criminales, es el presidente López Obrador y el gabinete de seguridad que lo acompaña.
Los 156 mil homicidios dolosos que reportan las cifras oficiales del gobierno, ya superaron los que ocurrieron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y pensar que todavía falta un año seis meses para que concluya esta administración, por lo que, sin duda, será el sexenio que ha pintado más sangre y muerte en la historia posrevolucionaria.
Las desapariciones o el levantamiento incluso de niños y jovencitas en todo el país, habla del fracaso del gobierno de AMLO en la tarea de salvaguardar sus vidas y su integridad.
La estrategia de “Abrazos, no balazos”, ordenada por el presidente, inhibe la participación activa de los militares para repeler y combatir a los malos y por otro lado, se les empodera ante una ciudadanía indefensa.
La penetración del narco en las más altas esferas de poder es un hecho incontrovertible y ello, ya de suyo, marca al gobierno de la autollamada 4T como cómplice o inepto. Ese es el legado que dejará AMLO.
El encuentro de los senadores con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y el titular de la Marina, Rafael Ojeda, además del secretario de Gobernación y de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana —con la ausencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz—, es el primer ejercicio de este tipo que se lleva a cabo en este sexenio y, tal como lo mandata la Constitución, se deberá hacer periódicamente.
El primer informe semestral de la Fuerza Armada sobre tareas de seguridad pública al Senado de la República, evidenció que ambos poderes tienen dos visiones, dos realidades sobre el gravísimo problema de la inseguridad pública en el país.
Sobre las inquietudes de los legisladores en torno a temas como el espionaje a través del programa Pegasus, o la corrupción que ha salido a flote en el Ejército, no recibieron respuesta, faltaba más, y menos se habló sobre el patrimonio del general secretario de la Sedena.
En varias entidades federativas del país, principalmente aquellas gobernadas por el PAN y el PRI, se ha avanzado en la profesionalización de las policías, a tal nivel que muestran resultados positivos en su lucha contra la delincuencia, incluso en esta lista podemos incorporar a la CDMX, y por qué no hacerlo en el resto de los estados, sobre todo aquellos gobernados por Morena y sus rémoras.