Corte Interamericana condena negligencia en muerte de embarazada en hospital de Argentina
Por el daño causado, Estado argentino deberá diseñar, a más tardar en un año, una campaña informativa de radio y televisión sobre los derechos relacionados con el embarazo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Argentina por el trato negligente dado a una mujer embarazada, quien falleció en un hospital, tras nueve meses de una gestación de alto riesgo, sin que se le brindaran los cuidados necesarios para resguardar su vida y la de su bebé.
La paciente murió de un paro cardiorrespiratorio en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, después de que la obligaran a entrar en labor de parto, la cual se extendió por tres horas, para extraer al feto fallecido que llevaba en el vientre. Los jueces determinaron que ella fue víctima de violencia obstétrica, pues recibió una atención inadecuada y fue sometida a un trato deshumanizado durante el embarazo y el parto.
La resolución que condena al Estado de Argentina fue notificada y dada a conocer este martes 18 de enero por parte de la Corte, cuya sede se ubica en San José. Por tratarse del máximo tribunal de derechos humanos del continente, la resolución se convierte en un antecedente de referencia para todos los países de América Latina, incluido Costa Rica.
Los hechos ocurrieron en 1992. Aunque Argentina logró demostrar que desde entonces ha desplegado acciones para mejorar la atención médica que reciben las embarazadas, la Corte determinó que la mortalidad materna en el país repuntó entre el 2019 y el 2021 a niveles similares a los registrados hace 31 años (4,1 por cada 1.000 nacimientos), y ordenó que se implementen nuevas medidas como garantía de no repetición del caso juzgado.
Cristina Brítez Arce, de 38 años, falleció el 1.° de junio de 1992 en la Maternidad Sardá, a donde llegó alrededor de las 9 a. m. con molestias lumbares, fiebre y pérdida de líquido por sus genitales. Tenía 40 semanas de embarazo y dos hijos menores de edad: Ezequiel Martín, de 15 años; y Vanina Verónica, de 12 años.
En los controles prenatales se determinó que durante la gestación su peso aumentó en más de 10 kilos y, además, que en los embarazos previos había experimentado presión alta y que en una de las mediciones registró una presión elevada de 130/90. Sin embargo, no recibió la atención “diligente y reforzada” que requieren las pacientes gestantes de alto riesgo.
“Consideramos que el factor de riesgo más importante que tuvo la señora Brítez Arce y su feto, es la pésima calidad de atención que se le brindó”, concluyó un peritaje realizado años después por especialistas de la Universidad Católica de Córdoba.
La ecografía de emergencia que le practicaron ese día indicó que el feto había fallecido, por lo cual se le indujo el trabajo de parto para extraerlo. El proceso duró tres horas, de las cuales dos las pasó sentada en una silla. A las 5:15 p. m. la trasladaron a una cama, para parir al feto, y a las 6 p. m. murió, por un “paro cardiorespiratorio no traumático”.
‘Trato deshumanizado’
El caso llegó ante la Corte Interamericana luego de que los tribunales argentinos rechazaran, tanto en la vía penal como en la civil, los reclamos del papá de los dos hijos de la víctima, quien denunció al personal médico que atendió a Cristina y a los técnicos que realizaron el peritaje tras su muerte.
Los jueces determinaron que la mujer, en medio de la “especial vulnerabilidad” en la que se encontraba a causa de su embarazo, sufrió un trato deshumanizado.
“Durante su embarazo, la señora Brítez Arce presentó varios factores de riesgo que no fueron atendidos de forma adecuada por el sistema de salud, entre ellos, su edad, un aumento importante de peso, un antecedente de presión arterial alta en un embarazo anterior y presión arterial de 130/90 en uno de los controles. Estas circunstancias, imponían un deber especial de protección en su favor, que obligaba a los médicos tratantes a brindar una atención diligente y reforzada”, dice la sentencia.
Los jueces reprocharon que el personal a cargo de la atención de Cristina ni siquiera le brindaron información específica sobre su estado de salud.
“En particular, sobre el riesgo de padecer preeclampsia y sus implicaciones, esto es, que provoca altos índices de mortalidad materna. Tampoco le dieron recomendaciones de cuidado para prevenir o tratar el cuadro de hipertensión, a pesar de lo establecido en su historia clínica, lo que indica que tampoco se garantizó su acceso a información precisa y oportuna sobre su estado de salud”, cuestionaron los jueces.
El Tribunal, además, censuró que la víctima haya sido sometida a “un estado de estrés, ansiedad y angustia”, con una labor de parto de varias horas, en condiciones precarias.
Los jueces recordaron que la violencia obstétrica es una violación de los derechos humanos, basada en el género, que los Estados tienen la obligación de evitar, por medio de servicios de salud adecuados, especializados y diferenciados durante el embarazo, parto y posparto.
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Ordena campañas informativas
“Las muertes maternas no son “simples desgracias o (…) problemas naturales inevitables del embarazo, sino más bien injusticias que podrían impedirse y que los gobiernos están obligados a remediar con sus sistemas políticos, de salud y jurídicos”, se consignó en la sentencia.
Como parte de la reparación por el daño causado, la Corte ordenó que Argentina diseñe, a más tardar en un año, una campaña informativa de radio y televisión sobre los derechos relacionados con el embarazo, el parto y el posparto, las situaciones que pueden convertirse en violencia obstétrica y la atención que tienen derecho a recibir las pacientes durante la gestación.
Los jueces también determinaron que se violaron los derechos de los hijos de la víctima a “la integridad personal, el derecho a la protección a la familia y los derechos de la niñez”, por lo cual le ordenó al Estado pagarles atención psicológica e indemnizarlos por los daños materiales e inmateriales que experimentaron.