«Descargaron en nosotros la rabia hacia el Estado»

«No había visto tanto odio en mi vida. Descargaron en nosotros la rabia hacia el Estado». Cinco años después de la operación Copérnico, el dispositivo que desplegó el Ministerio del Interior en Cataluña para evitar el 1-O , así lo recuerda un mando de la UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional . Su primera intervención fue en el colegio de Sabadell donde votó la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell. «Tratabas de hablar con ellos, pero luego veías que era inútil porque estaban totalmente fanatizados. No podías explicar que solamente estabas cumpliendo una orden judicial, que era un referéndum ilegal y que estaba prohibido», cuenta a ABC el uniformado, que pide no desvelar su identidad. Aquella jornada comenzó muy temprano, pero cuando los agentes llegaron a los colegios, reconvertidos en centros de votación, el intento de requisar las urnas resultó inútil por la cantidad de gente que había allí concentrada. «A los primeros, los emblemáticos, acudimos con mucha fuerza, fuimos cuatro grupos de la UIP. A medida que avanzaba la mañana, recibíamos noticias de la brigada de información para desplazarnos a aquellos donde hubiese menos gente y requisar el material de votación», recuerda, pero la planificación no fue efectiva. «El operativo tenía muchas posibilidades de fracasar. Había que haber tomado los colegios con antelación o haberles dejado votar y decir que el 1-O era una farsa , pero [intervenir] fue una decisión política y nos salió el tiro por la culata», señala. Y es que aquella fecha, la Policía Nacional era la «segunda respuesta. La primera la tenían que haber dado los Mossos, que tienen las competencias en seguridad ciudadana en Cataluña, pero esa primera respuesta nunca se produjo. No hubo colaboración», lamenta el mando, que cuestiona: «¿dónde estaban? ¿con un binomio pretendes que un colegio abra las puertas?», en referencia a la pareja de agentes que el Cuerpo autonómico destinó a cada uno de los centros de votación. Las indicaciones que recibieron los antidisturbios de la Policía fueron claras: «guante de seda» con los votantes. «En los colegios en los que yo entré se hizo con mucho cuidado, intentando evitar lesionados y que no hubiese que usar la defensa», apunta. No en todos fue así. «Con centenares de personas concentradas ante la puerta de un colegio y tienes que entrar...al final tienes que utilizar la fuerza. Es inevitable, porque a alguien que se niega a moverse, cuando las palabras no sirven de nada, tienes que moverlo por la fuerza», explica el mando, que defiende que, en su caso, en todos los centros a los que acudieron, la actuación fue impecable. «Me daba dolor de corazón tener que entrar en algún centro rompiendo las puertas, porque imaginaba que podía ser el de mi hijo, pero no quedaba más remedio». Eso sí, admite que se sorprendió cuando vio imágenes del despliegue en otros centros. «Hubo, puntualmente, algún agente que se pudo extralimitar». A media mañana, con los agentes desbordados ante la concentración de votantes que custodiaban los centros, recibieron la orden de esperar en reserva en los barcos, entre ellos el Piolín y el Rhapsody , atracados en el puerto de Barcelona. «No se entró en ningún colegio más», rememora el policía. Aunque vivió el operativo como cualquier otro servicio, sí admite que, tras casi dos décadas en la UIP, éste fue especialmente «desagradable por la tensión» y lamenta que las imágenes de algunos agentes que golpearon a los manifestantes se utilizaron por parte del independentismo para «alimentar el sentimiento de agresión de España hacia Cataluña ». Policías investigados Cinco años después de la operación Copérnico, son 65 los agentes de la Policía Nacional investigados por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, por su actuación en diferentes escuelas de la capital catalana para tratar de evitar la votación. Será en los próximos meses cuando el magistrado Francisco Miralles decidirá a cuántos envía a juicio, y las acusaciones, que ejercen Irídia, Òmnium y la ANC, presentarán los escritos para solicitar las penas correspondientes. A estos se suman el activista Roger Español , que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma el 1-O , y cuatro agentes de la Policía Nacional, ya a un paso de juicio por su actuación durante el referéndum ilegal. El primero, por lanzar, al menos, una valla contra los uniformados, en las inmediaciones de un centro de votación en la calle Cerdeña de Barcelona. Los policías, por lesiones, tras las denuncias de trece personas –entre las que se incluye el propio Español –. Otros tres casos por supuestas lesiones durante la intervención policial en localidades de Tarragona, Gerona y Lérida ya se han archivado. Al respecto, el mando de la UIP lamenta que mientras los políticos condenados por el Supremo por la organización de la votación ilegal han sido indultados, decenas de agentes se encuentran investigados por tratar de impedirlo, cumpliendo órdenes. «Estoy imputado, ¿qué cara se me queda? Y lo peor es la propaganda: hablan de exiliados y de presos políticos», censura. Los disturbios tras la condena, en octubre de 2019, supusieron un nuevo despliegue de la UIP en Barcelona. En aquella operación, la Ícaro, la Policía Nacional trabajó en coordinación con los Mossos. Una semana que comenzó con el asedio al aeropuerto de Barcelona y que culminó con graves disturbios en Urquinaona , con agentes heridos de gravedad. «Lo que ellos querían era entrar en la Jefatura de Vía Layetana y desmantelarla. Se aseguró un perímetro alrededor y se aguantó lo que se pudo. Nunca llovió que no amainase», apunta el uniformado, que celebra que, tras aquellos días, la imagen del Cuerpo salió reforzada.