Se consumó la jugada. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto a su ex jefa y predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como máxima responsable de la Fiscalía Togada del Supremo (Sala Militar), lo que supone su ascenso a primera categoría. La propuesta de designación se ha producido en el Pleno del Consejo Fiscal convocado este jueves, en contra del criterio de los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), la obligada abstención de Salvador Viada, único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (por concurrir su mujer a esa plaza), y los votos a favor de los dos consejeros de la UPF y las dos miembros natos (la teniente fiscal del Supremo y la jefa de Inspección) que fueron propuestas hace solo unos meses precisamente por la propia Delgado . No ha tenido, así el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal, pero el sentir de la carrera, si bien debe tenerse en cuenta en estos casos, no vincula. Suya es la última palabra. En paralelo, ha decidido no renovar al teniente fiscal de la Audiencia Nacional , Miguel Ángel Carballo, de la AF, y propuesto en su lugar a Marta Durántez, no asociada pero sí subordinada suya en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Tampoco en este caso ha escuchado la posición de la mayoría del Consejo, donde Carballo ha obtenido siete votos (AF y APIF) frente a cuatro (UPF y las dos natas). La noticia ha caído como un jarro de agua fría en los Juzgados Centrales, donde tienen a Carballo por un fiscal muy solvente, resolutivo y eficaz frente a la inexperiencia que presumen a su sustituta. Durántez fue fiscal de violencia de género primero y después, de siniestralidad laboral. En ese área se desempeñó en Pontevedra hasta que García Ortiz la trajo a Madrid cuando él fue ascendido a primera categoría. Ahora, visará las causas por terrorismo , área especialmente sensible. En la misma línea Estos nombramientos eran una prueba de fuego para el fiscal general , cuyo aterrizaje, tras la renuncia de su predecesora «por motivos de salud», ya levantó suspicacias al entender que llevaría una línea continuista respecto a su polémica gestión. De hecho, las últimas elecciones al Consejo Fiscal, antes del verano, ya supusieron el castigo de la carrera a la Unión Progresista de Fiscales, asociación en la que había militado Delgado antes de su nombramiento como ministra de Justicia y que le había ido brindando su apoyo a todas sus decisiones, para frustración de parte de sus adscritos. Delgado concurría a esta plaza con otros diecinueve candidatos, entre ellos el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, por el que apostó la AF y que era el único de los candidatos que tenía algún vínculo con la jurisdicción militar, pues formaba parte del cuerpo antes incluso de opositar. El fiscal del Supremo Francisco Javier Cuesta era otro de los favoritos, aunque no el más antiguo en el escalafón, privilegio que correspondía al también fiscal del Supremo Álvaro García Barreiro. Concurrían, además, a esta plaza la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, y los dos representantes del Ministerio Público en el juicio del 11-M: Olga Sánchez y Carlos Bautista . Sin embargo, el escalafón no ha sido factor determinante en este caso, como tampoco en el de Miguel Ángel Carballo, muy por delante de la que va a ser su sucesora, como comentaban este jueves a ABC varios fiscales de la Audiencia Nacional que se veían venir el resultado. Temen que se trate de un nombramiento más para mantener el control de lo que ocurre en los Juzgados Centrales que para procurar la eficacia del trabajo fiscal en esta instancia tan especializada. Cunde así malestar entre los fiscales de la Audiencia Nacional, que quizá no habrían visto con tan malos ojos la llegada de otro fiscal que tuviese una destacada trayectoria. Cuestionan que para un puesto así, el fiscal General haya elegido un perfil como el de Durántez, que habría tenido complicado acceder a fiscal rasa en esta instancia si lo hubiese intentado por concurso y ahora aterriza como número 2. Al orden Militar Pero los ojos estaban puestos en el destino de la ex fiscal general, cuya plaza se ha debatido pasadas ya las nueve de la noche. Ha logrado el ascenso que no pudo conseguir al verse obligado el Grupo Socialista a retirar la enmienda con la que pretendía premiar su labor tras su cese. Solo Delgado y su antecesora, María José Segarra, fueron nombradas fiscales generales perteneciendo a la segunda categoría, por lo que tras dejar el cargo estaban obligadas a volver a su anterior destino: en el caso de Segarra, la jefatura de la Fiscalía de Sevilla, y en el de Delgado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Delgado solucionó el 'problema' nombrando a Segarra responsable de la Fiscalía de Personas con Discapacidad. Y García Ortiz hace lo propio ahora con su ex jefa. Noticias Relacionadas estandar No García Ortiz promete más autonomía y transparencia en la actuación de la Fiscalía Nati Villanueva estandar No El ascenso de Delgado a primera categoría, prueba de fuego para el nuevo fiscal general Nati Villanueva Delgado amarra de esta forma un ascenso que no tiene garantizado ahora mismo en la nueva Fiscalía de Memoria Democrática que prevé la ley con el mismo nombre pero que todavía no ha sido aprobada ni presupuestada definitivamente. Un cambio de Gobierno frustraría sus expectativas en este sentido. Si antes de que termine al mandato del Ejecutivo esa Fiscalía está en condiciones de echar a andar, nada impediría que Delgado pudiera dar el salto de una a otra. Anticorrupción, sin cambios Quien sí ha renovado su mandato al frente de la Fiscalía Anticorrupción es Alejandro Luzón, que desempeña esta función desde diciembre de 2017. En este caso no ha habido sorpresas pues partía ya como favorito . De perfil discreto y técnico, tiene una amplia trayectoria en esta Fiscalía Especial, donde se siguen las investigaciones habitualmente más complejas, desde las diligencias que afectaban a Don Juan Carlos hasta el caso Villarejo. Su candidatura tuvo once votos, todos excepto el de Salvador Viada, que apoyó a Belén Suárez , dada su conocida discrepancia en torno a la gestión de Luzón con el denominado caso Stampa.
