Vicentin, contra la Corte Suprema de Santa Fe: "Provocará un verdadero escándalo jurídico"

Asesorada por Ricardo Gil Lavedra, Vicentin le pidió a la Corte Superma de Santa Fe que dé marcha atrás con la suspensión del concurso preventivo que el tribunal decidió hace una semana. Acusó a un acreedor de buscar el fracaso del acuerdo para levantar su deuda que, dice, es "inminente"

En medio de la polémica que generó Alberto Fernández por la posibilidad de intervenir Vicentin y tras la suspensión de su concurso preventivo que ordenó la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cerealera, que acumula una deuda superior a u$s 1570 millones, le pidió al máximo tribunal de Justicia provincial que dé marcha atrás con esa decisión y solicitó la "inmediata devolución" del expediente al juez de primera instancia que lo llevaba, Fabián Lorenzini. De lo contrario, la empresa advirtió que la Corte santafesina "provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social". 

Además de objetar a la Corte, la agroexportadora del norte santafesino salió con los tapones de punta y acusó a Commodities S.A., el acreedor que le pidió a la Corte la intervención del concurso, de querer hacer fracasar un "inminente acuerdo" para reestructurar la deuda, que, según Vicentin, ya cuenta con "un amplio consenso". 

Commodities S.A. pertenece al grupo Grassi y es el segundo acreedor comercial más importante de la aceitera. En ese sentido, Vicentin volvió a rechazar la alternativa de un cramdown, propuesta que impulsa Commodities S.A. junto con el Banco Nación, acreedor privilegiado del concurso, con quien Vicentin acumula su mayor pasivo individual (u$s 300 millones).

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El planteo presentado este lunes en el expediente está encabezado por el vicepresidente de la cerealera, Daniel Foschiatti, quien actualmente reemplaza en el cargo de presidente del directorio a Omar Scarel, quien solicitó una licencia médica tras quedar en libertad luego de haber sido detenido en el marco de la investigación penal que lleva adelante la Justicia rosarina contra varios ejecutivos de la empresa. Lo acompañan el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, como apoderado, con el patrocinio letrado de Maximiliano Toricelli. 

En el escrito que le remitieron a la Corte, al que accedió El Cronista, la empresa pretende que se revoque el pedido de avocación, se devuelva el caso al juzgado de origen (a cargo de Lorenzini) y se deje sin efecto la suspensión del concurso. La compañía consideró que "no hay norma legal que autorice a sustraer el expediente de la instancia que le es propia" y que, en caso de hacerlo, "provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social". 

Aseguró que, hasta el momento, no fue notificada sobre la decisión de la Corte de paralizar los trámites y plazos del concurso.

"Ante las groseras falsedades que contendría el escrito que solicitó el avocamiento, nos vemos obligados a esclarecer los hechos", expresó al respecto, y argumentó que "es la directa perjudicada de la medida que acá se impugna", justo cuando el concurso se acerca a su fin. 

En ese sentido, este jueves, 30 de junio, vence el período de exclusividad. En otras palabras, el plazo que fijó Lorenzini para que Vicentin llegue a un acuerdo con sus acreedores en el marco judicial. "La empresa debe presentar las conformidades para su eventual homologación. En plena gestión para conseguirlas, tomamos conocimiento por noticias periodísticas de un pedido de avocación que habría presentado un acreedor ante la Corte", relató Vicentin.

Manifestó que, "siendo la principal interesada, se ve obligada a efectuar esta presentación sobre la base de publicaciones periodísticas", ya que no fue formalmente informada. "Commodities S.A., que no tiene representación mayoritaria, habría alegado la existencia de fraudulentas circunstancias en los trámites concursales, que a su criterio ocasionan un caso de interés institucional para que la Corte se avoque. Que Commodities S.A. no esté conforme no significa que tenga derecho a hacer fracasar un acuerdo que cuenta con amplio consenso", apuntó.

En el mismo escrito, remarcó que, durante el concurso, no contrajo deudas y que las que tiene son las que se verificaron en él. Hizo hincapié en que, a lo largo de este período, pagó todos los salarios e impuestos, sin realizar despidos, y mantuvo las plantas funcionando a fasón. 

"No puede soslayarse esta situación infrecuente, ya que lo usual es que las firmas concursadas contraigan nuevos pasivos postconcursales, que constituyen un riesgo para el cumplimiento del acuerdo", destacó.

De igual modo, advirtió que, si hubiese un cramdown, "muy posiblemente Vicentin colapsaría por falta de ingresos". "Los fasones se interrumpirían y no se podrán pagar sueldos, impuestos ni ninguna otra obligación. Mes a mes, la situación se agravaría inexorablemente", anticipó las consecuencias que ocasionaría el fracaso de su acuerdo con los acreedores.

"No hubo una sola propuesta de terceros en dos años y es altamente improbable que aparezca una en el contexto actual del país, dado que para hacerlo hace falta garantizar al menos u$s 300 millones de capital de trabajo, que desde el sector público (especialmente el Banco Nación) ya han declarado que no van a participar de ese financiamiento y que nadie -ni del sector público ni del privado- pueden compensar créditos con capital, por lo que invertir en Vicentin requiere de fondos frescos", afirmó.

"En definitiva, todos sabemos que un concurso no es un proceso deseado para nadie. Ni para quien debe presentarse a tal condición, ni para los acreedores. Se está realizando el máximo esfuerzo para obtener los acuerdos que permitan no sólo mantener la fuente de trabajo, sino también generar oportunidades de desarrollo económico para las distintas empresas que negocian con Vicentin. La continuidad de la empresa representa la mejor opción para todos, no solo hacia el futuro, sino también de percibir, en la mayor medida, las acreencias correspondientes", finalizó.