«El independentismo no puede dar estabilidad a un Gobierno que nos espía. Dejen de tomarnos el pelo». Son palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pronunciadas el pasado jueves desde la tribuna de la Cámara Baja. Junts, como ERC y la CUP, entre otros grupos, votó en contra del decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, como medida de protesta y presión contra el Ejecutivo por el caso Pegasus. Para Junts, el espionaje de unos sesenta líderes secesionistas, entre 2017 y 2020, hace imposible cualquier pacto con el Gobierno y con el PSOE. ¿Cualquiera? No.
Tras las elecciones de 2019, Junts y el PSC sellaron un acuerdo en la Diputación de Barcelona que, pese al caso Pegasus, parece más sólido que el pacto de perdedores entre los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras -las elecciones autonómicas de 2021 las ganó el PSC de Salvador Illa- para que Pere Aragonès se hiciera con la Generalitat de Cataluña. La Diputación es la tercera institución de Cataluña, dejando al margen la Administración General del Estado, si hablamos de presupuesto. En 2022 está manejando algo más de 1.060 millones de euros.
Un dulce juguete. Aproximadamente, el 25% de estos más de mil millones se va en gasto de personal y algo más de otro 25% del presupuesto, en transferencias a ayuntamientos. Es una empresa de colocación de asesores y cargos de confianza de los partidos políticos y de sufragar necesidades municipales. De momento, una herramienta que está al margen de los vaivenes políticos en el Congreso y el Parlament. Parafraseando a Nogueras, sí es aceptable la tomadura de pelo. Aunque no queda claro de quién.
La pugna Borràs-Sànchez
La ruptura de Junts con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, si alguna vez hubo algo más que acuerdos puntuales por necesidades mutuas, a diferencia de cómo se ve a ERC desde La Moncloa, mantiene al margen el acuerdo en la Diputación, si bien, en los últimos días, han vuelto a oírse voces que reclaman romper el pacto que mantiene como presidenta a Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y vicepresidenta del PSC.
Toni Comín, eurodiputado y exconsejero de la Generalitat fugado de la Justicia española, como Puigdemont, así como uno de los letrados del expresidente autonómico, Jaume Alonso-Cuevillas, que ahora es también diputado en el Parlament, son dos de los que más critican el acuerdo. «Todo el mundo debe hacer un ejercicio de coherencia», señaló Comín en TV3, al respecto, y en la misma cadena secundó esta posición Alonso-Cuevillas.
Pero quien más está por la labor de que Junts rompa con el PSC en este ámbito administrativo es Laura Borràs, presidenta del Parlament, y que aspira a controlar todo el partido -con el visto bueno y la resignación desde la distancia de Puigdemont- a partir de este verano, cuando se celebre el congreso de la formación que dará paso al relevo de Jordi Sànchez, secretario general, y artífice del acuerdo con ERC en la Generalitat y con el PSC en la Diputación.
Para Borràs, según defendió en la emisora en catalán de RNE, Ràdio 4, no se puede pactar nada con las formaciones políticas que «utilizan las cloacas del Estado». Sin embargo, Sànchez, enemigo de Borràs en el partido, distingue entre un asunto nuclear, como el del espionaje, con la «cogobernanza» de una institución provincial. «El que quiera creer que el 'catalangate' se resuelve con una decisión en un ayuntamiento o en una diputación equivoca la dimensión del problema», apuntó el todavía secretario general de Junts.
La opinión de Sànchez es compartida por dirigentes de Junts que provienen de Convergència y, por lo general, con experiencia en la política municipal. Es el caso de Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat, y Lourdes Ciuró, consejera de Justicia. Ambos han manifestado la necesidad de que Junts mantenga el pacto con el PSC y Ciuró, incluso, no cerrar la puerta a que se explore un pacto con los socialistas en la Generalitat.
Marín, investigada
Las turbulencias internas en Junts y el caso Pegasus parecen no afectar al pacto con el PSC. Tampoco que Marín esté siendo investigada, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Hospitalet, en un caso de presunta malversación en su Ayuntamiento (posible desvío de fondos del Consejo Deportivo, entidad privada que recibe fondos públicos). No habría sido ella la protagonista directa de este delito, pero pudo haber mirado para otro lado, voluntaria o involuntariamente.
En cualquier caso, la Diputación no se toca. En Junts se agarran a que no hay otra fórmula para gobernarla (salvo un bipartito PSC-ERC) y no olvidan que ERC se hizo con el control de más de 20 ayuntamientos catalanes en los que ganaron los de Puigdemont. Por lo visto, con el 'espía' no se pacta, salvo que se pueda gobernar con él.
