Unos contratos para organizar el mayor torneo de tenis de Madrid puestos en duda, una investigación encargada presuntamente de forma irregular y dos bandos políticos enfrentados. Este lunes arranca el juicio del caso Open de Tenis
que sienta en el banquillo a tres personas: dos exconcejales de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y la que fuera consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela. Los tres se enfrentan a cinco años de prisión y 24 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los delitos de malversación y prevaricación.
En Madrid Destino, la sociedad encargada de patrocinar el suntuoso evento deportivo que acoge la ciudad desde 2002, se gestó una investigación encubierta que saltó por los aires en 2017, a las puertas de la mismísima competición. Los tres acusados planeaban desenmascarar irregularidades en los contratos suscritos durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón entre la empresa municipal y Madrid Trophy Promotion (MTP), la mercantil del tenista Ion Tiriac poseedora de los derechos del torneo. Paradójicamente, las mismas pesquisas que buscaban indicios de corrupción resultaron en sí mismas presuntamente delictivas.
La jueza Patricia Iraburu ha atendido la acusación particular interpuesta por el PP y la asociación Transparencia y Justicia —vinculada al excomisario José Manuel Villarejo— que culpa a Mato, Mayer y Varela de malversación y prevaricación. Una decisión opuesta al criterio de la Fiscalía, que en julio de 2020 determinó el sobreseimiento del caso por no advertir delito en las acciones de los entonces investigados.
Investigación encubierta
Los contratos del máster se pusieron bajo la lupa en enero de 2016, cuando los tres procesados solicitaron un primer informe a la asesoría jurídica del ayuntamiento. Unos meses más tarde, Mato, entonces vicepresidente de Madrid Destino, pidió un segundo veredicto a la misma asesoría jurídica. La respuesta del letrado Rafael Requena fue inequívoca en ambos casos: no atisbó ninguna ilegalidad ni irregularidad. Sin embargo, el periplo continuó.
Mato (exconcejal de Hacienda y Economía), Varela (excoordinadora general de Cultura, Deportes y Turismo) y Mayer (exdelegada del Área de Cultura y Deporte ) recurrieron a la directora del área legal de Madrid Destino, Ana Yáñez, para encargar una investigación externa de los contratos. «Decidieron realizar todas las conductas necesarias, aunque estas se situaran de espaldas a la legalidad y en perjuicio del patrimonio que administraban, para construir una denuncia vana y artificial (...) cuyo único fin, en realidad, era conseguir torticeramente una ventaja en la contienda política basada en la calumniosa desacreditación del rival», reza el escrito de acusación.
En febrero de 2017, Varela suscribe el encargo con dos despachos de abogados, Lex Iusta y Alemany Escalona, por 50.000 euros. Dos contratos fraccionados, «a dedo» y «sin publicidad», que vulneran los criterios de contratación municipal, según denunció el PP. Los nuevos informes sirvieron a los tres procesados para firmar, el 23 de marzo de 2017, la denuncia contra el vicealcalde del PP Manuel Cobo y los exdirectivos Pablo Bautista y José Ignacio Fernández. La tentativa evolucionó en una querella que finalmente fue rechazada, en marzo de 2018, por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Al año siguiente, después de que Carmena expulsara de Madrid Destino a los implicados, la querella cambió de bando y, a pesar de que la Fiscalía no advirtió malversación ni prevaricación, detonó el juicio. Hasta la fecha, Mato, Varela y Mayer han gozado de libertad provisional, después de abonar una fianza de 56.900 euros, la «cantidad [presuntamente] malversada» que pagó Madrid Destino a los abogados. En las próximas sesiones de la vista oral los tres reconstruirán el caso que hace un lustro partió el partido gobernante en el palacio de Cibeles.
