La Agencia Tributaria canalizará la mayoría de ayudas directas del plan de respuesta al impacto de la guerra
La mayoría de medidas entrará en vigor de forma inmediata aunque las ayudas directas requieren autorización previa de la CE
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) será la Administración encargada de canalizar la mayoría de ayudas directas incluidas en el 'Plan de Respuesta' al impacto económico de la guerra en Ucrania aprobado este martes por el Consejo de Ministros, a excepción de las destinadas al sector agrario, que correrán a cargo del Ministerio de Agricultura, según han confirmado fuentes gubernamentales.
En cuanto al funcionamiento, fuentes del Gobierno han especificado que la gestión se hará hasta que se agote el presupuesto que está establecido para cada una de las actividades beneficiadas en función de las solicitudes.
La fecha de entrada en vigor del real decreto ley es la misma para la mayoría de las medidas incluidas en él, pero algunas de ellas están condicionadas a la aprobación previa por parte de la Comisión Europea, como es el caso de estas ayudas directas. En general, todas las ayudas directas, que se enmarcan dentro del nuevo marco europeo, tienen que contar con el visto bueno comunitario.
Por ello, desde el Ejecutivo aseguran que la gran mayoría de medidas aprobadas entrará en vigor de manera inmediata, pero habrá algunas que requieran ese paso previo de la autorización por parte de la Comisión Europea, algo que está expresamente indicado en el real decreto-ley.
AYUDAS A LOS SECTORES MÁS AFECTADOS
Los apoyos para mitigar el impacto en el sector primario suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero, mientras que el sector productor de leche percibirá un total de 169 millones de euros y la pesca extractiva y acuícola contará con unas ayudas de 68,18 millones de euros, lo que suma un total de 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias para apoyar al conjunto del sector.
En ayudas directas, el plan contempla un paquete un total de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el pesquero, más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad, 125 millones para la industria gas-intensiva y 450 millones para empresas del transporte de mercancías.
Las ayudas directas de 450 millones de euros se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias. Estas ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de abril.
CONSECUENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA GUERRA, PESE A LA MENOR EXPOSICIÓN
El Gobierno ha impulsado estas ayudas directas con el objetivo de proteger la liquidez de empresas, descartando la opción de acometer una bajada generalizada de impuestos. De hecho, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha defendido que el plan ya incorpora la prórroga de las bajadas de impuestos vinculados a la factura de la luz y ha asegurado que incluso algunos de los sectores afectados pedían explícitamente no rebajarlos.
Además, la titular económica del Gobierno ha defendido que las medidas están alineadas con las recomendaciones del Banco de España y otros bancos centrales. Justo este martes, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a evitar un "impulso fiscal generalizado" para hacer frente a la crisis y ha abogado por respuestas "focalizadas" en los hogares, empresas y sectores "más vulnerables".
Y es que el Gobierno ha admitido que las consecuencias de la guerra en la economía española ya son significativas, pese a que la exposición del país al conflicto sea más moderada respecto a otros países de la Unión Europea.
Entre esas consecuencias directas, destaca el incremento del precio de la energía, el efecto sobre la renta disponible de las familias y sobre la inflación y la escasez de algunas materias primas agrícolas y minerales, que afecta a algunos sectores por el aumento del coste.
Frente a esta situación, el Ejecutivo ha lanzado este plan que se extenderá hasta junio y que pretende, sobre todo, que la tasa de inflación toque techo cuanto antes y baje con la mayor rapidez a niveles más compatibles con los previstos a medio plazo.