El Gobierno redobla la presión ante el temor de medidas tibias de la UE para bajar los precios de la energía
La presión va aumentando ante la escalada de los precios de la luz en distintas direcciones. La convocatoria de huelgas que amenazan el suministro incrementa la tensión sobre el Gobierno, que acusa a la ultraderecha de estar detrás de las movilizaciones de una parte "minoritaria" de los transportistas, mientras Pedro Sánchez redobla sus esfuerzos para que las acciones que se tomen en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo no queden en agua de borrajas, que es el temor que traslada el Ejecutivo de lo que puede acabar pasando cuando ven que los países van tomando medidas de forma unilateral.
“Es importante que la UE actúe de manera urgente y no posponga la decisión que está afectando no solo a pequeñas y medianas empresas sino también a los ciudadanos a los que nos debemos y que vienen sufriendo consecuencias”, señaló Pedro Sánchez en Bucarest (Rumanía), que es la primera parada de su gira europea para ganar adeptos a su propuesta de desvincular el gas del precio de la electricidad. La primera reunión que mantuvo en esa ronda fue con el primer ministro croata, que no dio un apoyo explícito a la posición de España.
Con el rumano, Sánchez acordó "trabajar conjuntamente para que salga una posición lo más contundente posible con medidas lo más urgentes y rápidas posible para que podamos garantizar unos niveles de precio no tan volátiles sino mucho más adecuados a las necesidades y la defensa de la industria, la economía y el bienestar de nuestros conciudadanos”. También recordó que ambos llegaron a un acuerdo en diciembre para apremiar a la UE a "actuar de manera rápida" para desvincular el gas del precio de la electricidad.
Esa es la principal propuesta que hace España para rebajar los precios de la energía. De hecho, Sánchez sostiene que cambiar el modelo del mercado energético es mucho más importante que cualquier bajada de impuestos que se pueda llevar a cabo, pese a su compromiso con el PP a actuar también en el ámbito fiscal. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró este jueves que España lo llevará a cabo a nivel nacional si la UE se retrasa.
En plena escalada de la tensión también en las calles, con movilizaciones y paros anunciados de algunos sectores como el de los transportistas o el sector pesquero -y el cierre de algunas industrias afectadas por el incremento de los precios de la energía-, el Gobierno sigue insistiendo en esperar a tomar medidas al Consejo de Ministros del 29 de marzo, cuando pase el Consejo Europeo de la próxima semana en el que aspiran a que los veintisiete establezcan un nuevo marco.
A pesar de las señales de tranquilidad que hasta ahora había emitido Moncloa, dando por hecho que tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Sánchez hace un par de semanas el camino estaba allanado para el desacople del gas del precio de la electricidad, Ribera lanzó una advertencia al Ejecutivo comunitario. "Si la Comisión no reacciona a tiempo, lo que nos podemos encontrar es que cada Estado miembro, con una presión insostenible por parte de su sociedad, haga lo que le parezca. Y, entonces, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, lo que tengamos sean 27 soluciones diferentes. Y yo creo que sería el escenario peor para la Unión Europea y para la Comisión", expresó en Bruselas.
Poco antes de ese aviso, la vicepresidenta avanzó una nueva propuesta que defenderá España junto a Portugal: la limitación del precio de la luz en el mercado mayorista a 180 euros/MWh. "Nosotros creemos que es una decisión europea porque la regulación es europea, lo que pasa es que el análisis de la situación económica y de la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos e industria nos lleva a plantearnos como Gobierno a tomar decisiones para proteger el interés nacional en el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten", insistió.
El Gobierno pretende aguantar la presión hasta que pase el Consejo Europeo, aunque ya va lanzando mensajes inequívocos de que actuará en el ámbito nacional si la respuesta de la UE no es suficiente. El decreto ley que aprobará el próximo 29 de marzo incluirá rebajas fiscales que Moncloa no ha concretado y el alcance de las medidas dependerá en buena medida de lo que previamente se decida en Bruselas. Fuentes gubernamentales no descartan incluso compensar a las empresas gasistas porque sostienen que es mejor que pagar la electricidad con la evolución del gas.
"Este es el momento definitorio de Europa y tenemos que reivindicar el patriotismo europeo para salir fortalecidos de este embate definitorio al que Putin está tratando de someter a nada más y nada menos que un proyecto político que vive como una amenaza que es esta Europa unida", reivindicó Sánchez este miércoles.
Mientras el presidente recorre Europa en busca de aliados, con una parada especial en Roma, donde se reúne con el italiano Mario Draghi, el portugués António Costa y el griego Kyriakos Mitsotakis, para hacer un frente común del sur, Moncloa ha puesto en marcha una ronda de contactos con los partidos y pretende contar con el visto bueno de las comunidades. Sin embargo, Unidas Podemos ha mostrado sus recelos respecto a la inclusión del PP en la ecuación y ha hecho sus propias propuestas de las que el ala socialista por ahora se desmarca.