La Mesa del Congreso autorizó que el voto telemático del diputado popular Alberto Casero se llevara a cabo «conforme a los términos previstos» en el artículo 82 del Reglamento y la Resolución de la Mesa de la Cámara del 21 de mayo de 2012. Esta regulación establece que el voto a distancia debe estar seguido de una comprobación telefónica por parte de los servicios de la Cámara, «antes del inicio de la votación presencial» para asegurar «la emisión efectiva del voto y su sentido». Solo una vez verificados ambos extremos, el voto puede ser trasladado a la Presidencia para su contabilidad. Además, prevé que un diputado pueda votar presencialmente después de habcerlo telemáticamente, si la Mesa del Congreso le autoriza y anula el voto a distancia.
Ninguna de estos dos premisas se cumplió el pasado jueves en la convalidación de la reforma laboral ya que, como viene sucediendo desde el inicio de la pandemia, los letrados no telefonearon al diputado popular para comprobar su voto. Tampoco la Mesa tuvo la oportunidad de autorizar la petición de Casero para que se anulara su voto telemático porque la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, vetó esta posibilidad de forma unilateral.
La justificación que se venía esgrimiendo desde Presidencia del Congreso es que la resolución de 2012 quedó superada por dos acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso en 2020 y 2021, en el marco de las medidas excepcionales adoptadas por la pandemia y la generalización del voto telemático. Esos dos acuerdos no incluyen la comprobación telefónica del voto telemático ni aluden a una posible repetición del voto de forma presencial, por lo que el equipo de Batet ha venido defendiendo que las exigencias de 2012 habían quedado derogadas.
Nueva falta a la verdad
El escrito que el propio Congreso remitió a Casero confirma ahora que esa versión no se ajusta a la verdad, y que el ejercicio del voto telemático sigue estando regulado por la resolución de 2012, tal y como han venido advirtiendo los juristas consultados por ABC. De hecho, la autorización remitida al diputado popular no alude en ningún momento a los acuerdos de la Mesa de 2020 y 2021. Estos no solo tienen rango jurídico inferior a la resolución de 2012 sino que su carácter es temporal y excepcional, y carecen de cuerpo articulado. A ello se une que el voto telemático generalizado de los diputados llegó a su fin el pasado otoño, cuando la Cámara volvió a imponer la presencialidad al 100 por ciento en todas las votaciones. El voto a distancia volvió a quedar reservado para causas excepcionales como enfermedad, maternidad o muerte de familiar pero los servicios del Congreso siguieron sin practicar el chequeo telefónico recogido en la resolución de 2012.
La autorización remitida a Casero está fechada el 1 de febrero de 2022 y firmada por el secretario general adjunto para asuntos parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
Es la segunda vez en cuatro días que la argumentación de Batet queda desmontada. El mismo jueves, la presidenta de la Cámara aseguró ante el Pleno que la Mesa era «conocedora» y había «podido analizar» la petición de Casero. Sin embargo, no era verdad. Batet no convocó a este órgano para tratar el asunto ni tampoco consultó uno a uno a sus miembros. El vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, ha declarado que se enteró de lo que había sucedido cuando ya había concluido la votación presencial.
El asunto sigue coleando en la actualidad política, con las miradas centradas en la presidenta del Congreso.Ayer desde Bruselas, el presidente del PP, PabloCasado, volvió a advertir de que puede incurrir en «prevaricación» y reiteró que su partido llegará hasta el Tribunal Constitucional si no se produce una rectificación desde la Mesa. También fue contundente el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, quien hilvanó una serie de descalificativos para referirse a lo sucedido el jueves:«esperpento, ilegalidad, inconstitucionalidad, escándalo político...».
En Vox,
la única línea argumental que siguen es la de la presunta actuación contraria al Reglamento protagonizada por Batet. «Da igual», zanjó ayer Buxadé, si el diputado Alberto Casero se equivocó al votar o si, como después argumentó el PP, fue un «fallo informático» el que modificó el sentido de su voto. Buxadé acusó a Batet de «saltarse el Reglamento» para que se aprobase la reforma laboral, lo que a su juicio sitúa a España al nivel de las «narcodictaduras de Cuba y Venezuela». «La señora Batet se saltó la norma, pasó por encima de las normas del Reglamento del Congreso de los Diputados y de las resoluciones acordadas por el Pleno, que deberían ser ley para ella», insistió el portavoz político de Vox.
El número cuatro de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez Calvo, censuró de «bochorno» lo vivido la semana pasada en el Congreso, con «una votación bronca y un espectáculo lamentable», y remarcó que esa no es la imagen que España debe dar ante Europa. No obstante, desde Cs, partido que apoyó la reforma laboral pactada con los agentes sociales, se prioriza el foco en el contenido de la norma y en el enfrentamiento entre PSOE y PP. Inés Arrimadas, en Antena 3, criticó que solo se pongan de acuerdo para «repartirse cargos» de RTVE, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
Alicia Sánchez Camacho: «Los letrados de la Cámara me llamaban cada vez que votaba telemáticamente»
En 2017, Alicia Sánchez Camacho era diputada popular y secretaria de la Mesa del Congreso. Votó telemáticamene durante dos meses porque sufrió una lesión que le impedía caminar. En aquel momento, el procedimiento se seguía a rajatabla. «Cada vez que voté telemáticamente, sin excepción, me llamaba un letrado del Congreso para verificar que había sido yo la que había votado y para comprobar qué es lo que había votado», señala a ABC.
«La verificación personal es un proceso necesario porque el voto es un acto jurídico. No es suficiente una verificación con unas claves porque alguien puede descubrirlas, ‘hackearlas’ o puedes perder el dispositivo o que lo coja tu hijo y vote sin querer si tienes las claves grabadas», apunta Sánchez-Camacho. «Una cosa es que en pandemia, cuando es imposible física y materialmente llamar a 300 diputados, se realice una verificación con usuario y contraseña y otra muy distinta que esto siga siendo la norma cuando la presencialidad se ha recuperado al 100 por ciento, como sucede ahora», añade.
No obstante, para Sánchez Camacho lo relevante es que el diputado pidiera que se ejerciese el chequeo telefónico. «Si el diputado ha alegado que el procedimiento no ha respondido a los previsto en la resolución de 2012, que sigue vigente, y ha solicitado amparo, no está justificado que se le deniegue», remacha.
La exdiputada popular Margarita del Cid fue una de las primeras en utilizar el voto telemático tras su aprobación en 2012 y también relata la verificación sistemática que antes realizaban los letrados. «Vote telemáticamente durante toda mi baja de maternidad y el procedimiento fue siempre el mismo. Tras votar, me llamaba un letrado e iba comprobando el sentido de lo que había votado», recuerda.
Ana Belén Vázquez: «Recibimos una carta que dice que nos regimos por la resolución de 2012;nos tendrían que llamar»
Ana Belén Vázquez, diputada del PP por Orense, fue una de los cinco populares que votaron telemáticamente el pasado jueves. En su caso, aislada por coronavirus, le era imposible acudir al Congreso sin saltarse los protocolos sanitarios en vigor. En conversación conABC, explica que esta vez le fue más complicado que se le habilitase el voto a distancia. La Cámara Baja ha recuperado la votación presencial salvo para los casos por enfermedad que contemplaba ya el reglamento antes de la pandemia de Covid-19.
«Ahora, a diferencia de antes que era genérico, tenemos que pedirlo por escrito a la Mesa y nos responden», expone. El miércoles, un día antes de la crucial votación de la reforma laboral, los letrados del Congreso llamaron a Vázquez para avisarla de que sin certificado médico, les sería imposible habilitarle el voto telemático. Una complicación para ella, sostiene, porque al ser positivo en Covid-19 no podía desplazarse a solicitarlo al centro de salud y por teléfono le decían que no los estaban dando porque ya no eran necesarios para justificar un positivo. Fue el médico del Congreso quien finalmente le dio el justificante.
«En base a eso, recibimos una carta que dice que ahora, como somos casos puntuales, nos regimos por el artículo 82 y la resolución de 2012. Volvemos al reglamento, a tener que reconfirmar con una llamada. No es el mismo procedimiento», dice la diputada. Al igual que su compañero Alberto Casero, a Vázquez no le llamaron para reconfirmar su voto. Sí recuerda una llamada durante la pandemia, con el voto telemático generalizado, cuando se saltó un punto de la votación por error. La rigurosidad para justificar la petición de voto telemática, lamenta Vázquez, no es la misma que para «cumplir el reglamento».
