No son los tránsfugas, es el sistema político
El episodio de Murcia y la convocatoria electoral en Madrid ha desencadenado una tormenta en Ciudadanos. La amenaza de desaparición del partido y la fuga oportunista de sus cargos hacia el PP ha reabierto el debate del transfuguismo, usual últimamente. En las pasadas elecciones catalanas del 14F, ERC fichó a Carles Castillo del PSC, el PP a Lorena Roldán de Cs, etc. ¿Cómo tratar tal fenómeno? Este puede abordarse de dos maneras distintas: como fallo del sistema o como su modo de funcionamiento.
La tendencia general, estos días, está siendo abordarlo como un fallo del sistema político. Muchos han salido a reprocharlo como un comportamiento contranatura que pervierte el sistema y es causa de una cada vez mayor crisis del mismo en tanto que falsea la representación, debilita la imagen de los partidos, perjudica la gobernabilidad y favorece la corrupción. Lo definen como un intruso ajeno que debe expulsarse del sistema para mantener su integridad. Para ello, algunos reglamentos de parlamentos autonómicos, como el de Castilla-La Mancha o Catalunya, penalizan su práctica estableciendo que quienes abandonen su grupo o sean expulsados pasarán a tener la condición de diputado no adscrito, con el objetivo de aislarlos y privarlos de los medios materiales, económicos y de intervención de los grupos parlamentarios.
Esta visión del transfuguismo como fallo del sistema es, sin embargo, una visión hoy descontextualizada y desfasada. Y es que el transfuguismo no puede analizarse al margen o sin relación con la forma histórica del modelo político en el que opera.
Si bien en el marco de la sociedad de los partidos de masas de la Europa de posguerra este sí era un exterior negativo pervertidor del sistema, en el marco del actual modelo de democracia espectáculo y partidos electorales-profesionales separados de la sociedad es un interior constitutivo del mismo, habiendo devenido funcional a su reproducción y parte natural del proceso de selección de candidatos. El transfuguismo no es hoy un fallo sino parte estructural del modo de funcionamiento del sistema. En este contexto, lo que es reprochable no es el transfuguismo sino un modelo político que lo ha incorporado como estructural del mismo. El transfuguismo no es la causa de la degeneración del sistema sino su consecuencia.
El transfuguismo en el sistema de partidos de masas
Durante décadas, los parlamentos operaron como espacios reales de decisión donde se enfrentaban y negociaban grandes partidos de clase que eran correas de expresión de los grupos de la sociedad. El momento de creación del Derecho actuaba como momento de mediación, intermediado por los partidos en el Legislativo, de la plural y conflictiva estructura social. Los partidos acudían al momento normativo como condensación orgánica de las asociaciones de clase (sindicatos, patronal, asociaciones de vecinos…) que transmitían opiniones, propuestas y las imponían o negociaban con el respaldo de la presión y la movilización de sus bases.
Este modelo, normalmente bipartidista, determinaba tanto el proceso de selección de candidatos en el interior de los partidos como las pautas de competencia de éstos por el poder. La elaboración de las listas era un procedimiento no público en el que los criterios para ser candidato eran el equilibrio entre las distintas facciones internas, la trayectoria militante del candidato y su conexión orgánica con las estructuras de base, su coherencia ideológica, etc. Asimismo, la manera en que los partidos competían por el control del gobierno era lograr la máxima movilización o mínima abstención de su electorado en el interior de bloques sociales de identificación partidista cerrados con poco trasvase de votos.
En tal modelo de dos grandes partidos como grandes contenedores de identidad de clase definida y fuertemente conectados con sus bases, el transfuguismo o cambio de partido de los candidatos se configuraba como un elemento excepcional de traición al sistema. Un fallo del mismo.
El transfuguismo en la época de la política espectáculo
Desde la década de los 80 del siglo XX asistimos a un cambio en el régimen de acumulación capitalista que va de la mano de un cambio de la arquitectura institucional y el régimen político: el desplazamiento de los espacios de toma de decisiones hacia instancias internacionales y transnacionales; el vaciamiento de funciones de los parlamentos en tanto que, desactivada la capacidad organizativa y el potencial conflictivo del Trabajo, el capital ya no requiere de instancias políticas de mediación para organizar la relación entre clases; la aparición de una tecnocracia nacional, regional y global que hace que los partidos ya no sean actores clave en el proceso político; las transformaciones en la estructura social que desdibuja la identidad de clase y la identificación partidista aumentando el número de votantes disponibles, lo que se refleja en la volatilidad electoral y la creación de nuevos partidos; la aparición de las redes sociales y la transformación de los procesos de construcción de identidad en el que la voluntad de singularización simbólica expresa el nuevo objetivo vital de las personas y se configura como campo de juego principal de la distribución de significantes sociales, reduciéndose el papel mediador de los partidos ahora sustituidos por individuos-marca en autopromoción continua; etc.
Todos estos elementos han cambiado absolutamente el sistema político. Éste ya no es un campo de lucha donde partidos de clase conforman instrumentos de movilización social para la disputa de plusvalía, derechos, etc. sino que, a medida que aumenta su vaciado de funciones y concentración del poder en el Capital, es más un escenario-teatro autorreferencial separado de la sociedad con candidatos-profesionales que organizan su autopromoción personal y vinculación con los ciudadanos como una relación mercantil electoral. Un espacio autónomo con partidos que durante la campaña salen a las puertas de las instituciones para vender mediante golpes de efecto mediáticos y técnicas de marketing político implementadas por empresas, candidatos-producto electorales.
En este sistema, el trasvase de candidatos de un partido a otro no es, como continúan creyendo algunos, un fallo excepcional que pervierte el sistema sino un interior constitutivo del mismo, habiendo devenido parte estructural del proceso de selección de candidatos de un modelo donde el efectismo, el fichaje de candidatos-mercancía en el escaparate de las audiencias y el reality show de la política amplificado por programas y tertulianos televisivos se convierte, en sustitución de la ideología, en el nuevo método de seducción y captación de votos. El transfuguismo no es la causa de deterioro del sistema político sino su consecuencia.
Partiendo de esta base, podemos decir que algunas de las propuestas desenterradas los últimos días para intentar evitar más episodios de transfuguismo como la reforma de la LOREG o la aprobación de una Ley Orgánica sobre Actividades e Incompatibilidades de Diputados y Senadores que incluyan disposiciones que penalicen comportamientos tránsfugas, servirían de poco. Hecha la ley, hecha la trampa. Al igual que las antes citadas medidas del Parlamento de Castilla La-Mancha o Catalunya han servido de poco puesto que, a efectos de votaciones o formación de mayorías, de nada sirve el destierro a la condición de no adscrito de los posibles tránsfugas, ya que pueden votar al servicio de sus nuevas lealtades clandestinas a cambio de favores.
En un modelo donde el transfuguismo ya no puede interpretarse como un fallo del sistema sino como su modo de funcionamiento estructural, la única vía para evitar su expansión no es otra que reconstruir una reterritorialización real de la democracia. Una democracia que permita volver a hacer del sistema político un espacio de participación conectado a la ciudadanía y no un teatro televisado que actúa a la vez como instrumento meramente formal para la legitimación del dominio absoluto del Capital y como velo que impide ver la privatización de la democracia en manos de éste último.