Miles de personas se manifiestan en Barcelona para reclamar al PSOE que limite por ley el precio del alquiler
Miles de personas se han manifestado este sábado en Barcelona para exigir al PSOE que la futura Ley de Vivienda que prepara al Gobierno incorpore la limitación del precio de los alquileres, la paralización de todos los desahucios y la obligación a los grandes propietarios para que realicen alquileres sociales.
La movilización se ha convocado en varias ciudades españolas en pleno debate interno en el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la conveniencia de que la ley entre a regular el precio de los alquileres, un asunto que ha generado tensión entre el PSOE, partidario de los incentivos fiscales a los propietarios, y Unidas Podemos, que reclama a sus socios de Gobierno que mantengan el compromiso que adquirieron para fijar un tope a los alquileres. En la marcha de Barcelona han participado varios cargos de En Comú Podem, como el diputado del Congreso Gerardo Pisarello.
Los movimientos en favor de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH, han instado a los socialistas a escoger "entre los 'lobbies' o las personas", en palabras del portavoz del Sindicato, Jaime Palomera, que también ha criticado la propuesta del PSOE sobre incentivos fiscales a los propietarios por ir "en contra" del acuerdo de Gobierno de coalición así como de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda firmante hace pocos meses al Congreso por los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez.
Las dos partes del Gobierno se han reunido en múltiples ocasiones en los últimos meses, dando muestras de sus diferencias en aspectos clave como la definición de "gran tenedor" (es decir, a partir de cuántas viviendas se puede considerar a un propietario como grande) o la prohibición de los desahucios para personas sin alternativa habitacional. Pero el gran nudo de las conversaciones está en cómo regular el precio de los alquileres. Una materia recogida en el acuerdo de gobierno de forma explícita y que le han reclamado al PSOE de forma insistente no solo desde Unidas Podemos, sino también desde los socios de la investidura y de los Presupuestos.
El planteamiento parece, a día de hoy, irreconciliable. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto sobre la mesa una propuesta que abandona la limitación al precio del alquiler y recoge incentivos fiscales como fórmula para que los precios de los alquileres bajen en las zonas llamadas tensionadas, es decir, donde suben mucho en poco tiempo. La fórmula de bonificaciones llega al 90% en los casos de propietarios que reduzcan un 10% los precios respecto a contratos anteriores y varía en función de distintas casuísticas.