RTVE, la teoría del mal menor
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación de la cúpula de RTVE representa, en este momento, un atisbo de apaciguamiento en la vida política nacional, más allá de su incidencia directa en la dirección del ente público. El deterioro del clima político es tan acentuado que cualquier pacto entre los grandes partidos se convierte en una buena noticia, lo cual es conformarse con poca cosa, porque en una actividad democrática sin sobresaltos lo importante no sería el consenso por el consenso, sino los fundamentos y los objetivos del consenso alcanzado.
En cuanto a RTVE, es evidente que la situación de su administradora, Rosa María Mateo, era difícilmente sostenible. El descrédito de TVE y su caída en audiencia obligaban a un cambio urgente, sobre todo porque esa audiencia estaba siendo sensible a una politización continua de los contenidos informativos. El cambio ha llegado de la mano de un pacto, que no se puede calificar como ilegítimo, entre partidos políticos, en el que priman sus intereses y sus tácticas de ocupación del espacio público, pero igualmente es un cambio que debe ser bienvenido porque abre la puerta a una nueva etapa. En todo caso, que Podemos pierda peso en la nueva dirección de RTVE sí es objetivamente un gran paso para el interés general.
También es beneficioso para la función institucional de la televisión y la radio públicas que el acuerdo recupere algo del bipartidismo que, con todos sus defectos y carencias, ha sido imprescindible para la conservación del orden constitucional. No hay que hacerse ilusiones con Pedro Sánchez en el Gobierno, pero si tiene continuidad en otras instituciones y órganos del Estado como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, quizá pueda hablarse de un cambio de tendencia. Sin falsas esperanzas, pero tampoco sin ignorar la realidad de estos posibles pactos.
Hasta aquí, el balance positivo del acuerdo entre socialistas y populares. Visto con la perspectiva general que hay que dar a estos acuerdos, lo cierto es que refrenda un modelo de gestión de los medios públicos que no es el más deseable. Todo sistema democrático necesita una opinión pública sólida y bien informada por los medios privados y públicos que cumpla su función de control sobre los poderes del Estado. Si la aportación de los medios públicos consiste en una política informativa sesgada, activista y servil, sus perfiles propios frente al sector privado desaparecen, pierden su razón de ser y cualquier euro invertido en su presupuesto sería un malgasto. La experiencia del mandato de Mateo demuestra que los medios públicos se deslegitiman si no respetan ese interés general que los ciudadanos, al margen de sus ideologías, quieren reconocer en la actividad de una institución pública financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Sánchez propuso otra cosa, como es habitual en él. El presidente del Gobierno prometió un sistema fiable de gestión de medios públicos basado en la profesionalidad y ha acabado desactivando de facto el concurso abierto, y realizando un trueque de intereses con el PP, lo cual es posible en un sistema de partidos, pero entonces hay que dejar de engañar a los ciudadanos. Nada pone en cuestión en absoluto la integridad de las personas elegidas para dirigir RTVE. No sería justo ni razonable hacerlo. Lo cuestionable es la incoherencia entre el discurso aparentemente regenerador de Sánchez y los resultados de su gestión.