Las familias numerosas pedirán una reunión a Ribera tras insinuar la vicepresidenta un posible recorte del bono social
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) pedirá una reunión al Ministerio para la Transición Ecológica para “defender que se mantenga” el bono social de la electricidad para este colectivo tal y como está planteado.
La petición se produce después de que el martes la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, avanzase en el Congreso que la reforma de este instrumento va a ir dirigida a que lo reciban “quienes más lo necesitan” e insinuase un posible recorte a las familias numerosas (el único colectivo que lo disfruta independientemente de su renta) al señalar que “si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor”.
Fuentes de la FEFN señalan su “sorpresa” ante las declaraciones de Ribera y recuerdan que “no es la primera vez que se plantea este debate” sobre el acceso al bono social de las familias numerosas.
La entidad defiende que el bono se otorga a este colectivo sin filtrar su nivel de ingresos porque "se les sobreentiende un esfuerzo mayor” y se trata de “una medida de compensación económica y social”. Añaden que en otros países europeos “hay una prestación universal por hijo a cargo independientemente de los ingresos”, para que “todos tengan las mismas oportunidades”.
Según la federación, “una gran mayoría” de familias numerosas tiene ingresos ajustados “y vive al día”, en un momento en el que la pandemia ha disparado el consumo eléctrico de los hogares por el fomento del teletrabajo. El estereotipo que les presenta como acomodadas está, según la FEFN, “lejos de la realidad”: de acuerdo con sus encuestas, el 39% llega con dificultades a fin de mes y el 36% se ven obligadas a recurrir a sus ahorros o a un préstamo.
Las que tienen altos ingresos y disfrutan estos descuentos son “una minoría” porque pedir el bono social es un trámite “farragoso”, como mostraba la denuncia que presentaron en 2019 ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que exponían supuestas trabas de las comercializadoras para no concederles o renovar el bono. La denuncia se archivó sin sanción, pero el atasco de peticiones se resolvió, según la FEFN.
El martes, la vicepresidenta Ribera no citó expresamente en el Congreso a las familias numerosas, pero sí abogó por “consolidar y ampliar el bono social eléctrico concentrándonos en quienes más nos necesitan” y “entender si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan”.
“A veces nos encontramos con que no necesariamente es así y si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”. El ministerio no responde a la pregunta de si se ha realizado o se está llevando a cabo ese análisis.
En 2017 se introdujeron por primera vez criterios de renta para la concesión del bono social, que permite un descuento (del 25%, con carácter general) a diferentes colectivos vulnerables. Desde entonces hay un tope al consumo subvencionado para el colectivo de familias numerosas de 3.600 kilovatios/hora anuales, sin distinción entre el número de miembros de la unidad familiar ni sus ingresos.
En julio de 2020, y según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tenían el bono social 323.553 familias numerosas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, a cierre de 2019 existían 735.583 títulos de familia numerosa.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos preveía una “reforma profunda del bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista”, con “el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”.
Transición Ecológica trabaja en la creación de un bono social energético de carácter “universal y automático” y en la puesta en marcha de un “Suministro Mínimo Vital” que garantice el denominado principio de precaución (que ante cualquier impago doméstico, la compañía suministradora deba comunicarse con los servicios sociales municipales para conocer la situación del hogar afectado) y establecer un suministro temporal, aun en caso de impago, para evitar la desconexión total del suministro eléctrico de los consumidores vulnerables.