La comisión permanente contra la desinformación —bautizada mediáticamente como «ministerio de la verdad»— lleva trabajando desde el 15 de marzo de 2019 sin rendir cuentas ni ofrecer detalles sobre sus actuaciones u operativas. El pasado mes de julio, Vox lanzó una batería de preguntas escritas al Gobierno a través del Congreso intentando arrojar luz sobre las actividades de este órgano, pero el Gobierno le contestó en octubre con negativas, evasivas y contradicciones, fundamentalmente.
La secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes reconoció que la comisión se mantenía «activa» desde su creación y que se ha reunido en cinco ocasiones, pero mantuvo ocultos las fechas y las materias abordadas en las mismas. Según La Moncloa este grupo no se ha estado reuniendo con periodicidad fija porque las citas se organizan «con rapidez en cuanto es necesario». Resulta llamativo que el Gobierno haya decidido reforzar los poderes de un grupo que solo ha considerado oportuno reunirse cinco veces en veinte meses. Máxime cuando en otra pregunta, el Ejecutivo señala «el trabajo constante» y «permanente» de los profesionales que trabajan en la lucha contra la desinformación.
Las noticias falsas, no
El Gobierno también se negó a entregar los informes, ficheros o conclusiones elaborados por esta comisión argumentando que toda la «documentación que pueda elaborar es clasificada». Y tampocó aceptó detallar a Vox las «actuaciones concretas» que esta comisión ha llevado a cabo desde su creación. En su respuesta, se limitó a subrayar que la lucha contra la desinformación implica realizar «análisis y valoración permanentes de posibles campañas» de desprestigio siguiendo los «procedimientos establecidos». Procesos que, sin embargo, se niega a compartir con la oposición y con la opinión pública.
La Moncloa sí entró en qué es lo que no ha estado haciendo esta comisión durante estos meses. Subrayó que ninguna de esas reuniones fue para «tratar las noticias falsas» difundidas desde el inicio de la pandemia, a pesar de que el propio Gobierno se ha apoyado estos días en este tipo de campañas para justificar el aumento de poderes de esta comisión.
Según admitió el Ejecutivo a Vox, el denominado «ministerio de la verdad» no discutió ni adoptó «alguna posición relativa a los procesos electorales de Galicia ni del País Vasco», pese al riesgo de injerencias para incidir en el resultado. Esta contestación también choca con los argumentos ofrecidos los últimos días por el Gobierno pero, sobre todo, por la información que difundió la propia Moncloa en marzo de 2019 cuando creó esta comisión. Entonces, aseguró que pondría «especial énfasis» en «el elemento reputacional de España vinculado a la crisis territorial en Cataluña y a los procesos electorales, tanto internos como europeos, que se van a celebrar en nuestro país en los próximos meses». Una nueva contradicción que suscita aún más dudas sobre la imparcialidad de su labor ya que el Gobierno admite en otra respuesta que la comisión realizó tres informes «que no son de difusión abierta», con motivo de las elecciones de abril, mayo y noviembre del año pasado. Vox también quiso saber si se ha producido alguna injerencia externa en las últimas convocatorias electorales pero esta cuestión quedó, directamente, sin respuesta.
Evasivas
Otro punto negro respecto a esta comisión es su papel de cara a la Unión Europa. En su creación se estableció que la secretaría de Estado de Comunicación sería el punto de contacto único con las instituciones comunitarias, además de ser la coordinadora de las tareas de la comisión. Vox quiso saber en qué se han concretado estos contactos y si se ha solicitado ayuda europea para enfrentar las estrategias de desinformación lanzadas contra España. La Moncloa mezcló una cuestión y otra para limitarse a replicar que el denominado ministerio de la verdad no es «punto de contacto único con la Unión Europea, por lo que tampoco ha pedido ninguna ayuda».
