Hace ya más de medio año que un terrible patógeno fue detectado en nuestro país. Nada se sabía de él, pero tal ha sido su fiereza que ya ha segado miles de vidas en la Comunidad de Madrid. Este pernicioso nuevo coronavirus está golpeando a todo tipo de personas, pero hay una franja de edad, la de los mayores, con la que se ha cebado cruelmente, convirtiéndolos en un grupos poblacional muy vulnerable. Por ello, si ha habido un lugar donde el virus ha impactado con una dureza inimaginable, provocando un reguero de muertes, este ha sido las residencias de mayores. En este contexto, conscientes de que dejar a sus allegados en estos centros era exponerlos a un alto riesgo de fallecimiento, miles de familias los recogieron de las residencias para llevárselos a sus hogares, por miedo a que pudieran contagiarse.
Sin embargo, transcurridos varios meses y finalizado el estado de alarma, la Comunidad les ha puesto fecha a los familiares para que ingresen de nuevo a los mayores en las residencias públicas, bajo riesgo de perder la plaza en favor de otras personas que se encuentren en lista de espera. La normativa señala que tienen que llevar a su familiar al centro en el plazo de 45 días que comenzó el 6 de julio y que finaliza el próximo 20 de agosto, puesto que si no sería una ausencia injustificada y se quedarían sin la plaza.
Salieron 315 mayores
En los meses de marzo, abril y mayo, los peores de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, un total de 315 ancianos abandonaron las residencias públicas, concertadas y de gestión indirecta de la Comunidad, según cifras aportadas la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad. Ahora, familiares de estos mayores que fueron llevados a sus hogares denuncian que están recibiendo llamadas de presión para que dejen a los ancianos en sus centros.
Según indicó a Ep una portavoz de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Adefam), familiares que decidieron «salvar a sus padres, madres o abuelos» de los geriátricos por miedo a que allí murieran han estado recibiendo llamadas «realmente preocupantes y angustiosas» de las residencias para que reingresen los usuarios. Lo cierto es que los datos de mortalidad en las residencias han sido muy elevados. Desde el 9 de marzo hasta el 26 de junio, 8.234 residentes murieron, de ellos se estima que 5.950 por coronavirus.
La citada asociación considera «un despropósito» que les amenacen con perder una plaza concedida tras muchos años de espera. «Un despropósito más, como todo lo que está pasando con las personas mayores y dependientes», se quejan.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad advierten de que la norma de los 45 días se implantó en 1994 con el objetivo de que personas que se encuentren en lista de espera puedan acceder a una plaza pública -a fecha de 30 de junio, 6.486 personas estaban a la espera de un plaza en un geriátrico público o concertado-. Y señalaron que los días del estado de alarma no contaban en este plazo al ser una causa de fuerza mayor y empezó a contar desde el inicio de la fase 3, el 6 de julio.
Según el protocolo establecido en los centros de mayores por las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad, los residentes deberán presentar una prueba PCR negativa y no haber tenido síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días para el reingreso.
La Fiscalía ha abierto en la última semana tres investigaciones penales (dos de ellas en la región) por la situación de caos creada en algunas residencias de mayores a causa de la pandemia. Actualmente hay abiertas 228, más de la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid. Estos datos ha sido actualizados a 20 de julio por la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias de investigación incoadas por el Ministerio Público por hechos vinculados particularmente con ancianos y discapacitados que viven en geriátricos.
