«Una mujer que vivía con su hijo pequeño tuvo que irse de su piso en propiedad, en un bloque okupado en la calle del Clavel, porque no aguantaba más. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada porque la amenazaban y temía que le pasara algo. Sigue pagando su piso, aunque vive en otro alquilado». La anécdota la cuenta una abogada que conoce perfectamente el mundo de la ocupación ilegal en el pueblo donde trabaja, Ocaña. «Aquí se dejaron vacías 3.000 viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y ahí empezó el problema ¡Esto es para vivirlo!», se lamenta.
Esta letrada suelta de carrerilla calles de esta localidad, de unos 12.000 habitantes, donde la okupación ha tomado bloques enteros. «Viviendas en la carretera de Noblejas son como el Bronx. No se puede ni pasear», denuncia.
Es tal el estado de inseguridad en el pueblo por la okupación que su alcalde, el socialista Eduardo Jiménez, ha tomado cartas en el asunto, literalmente.
El pasado viernes, el edil envió sendas misivas, con el mismo contenido, a los ministros del Interior y de Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo. Les pide «amparo y reflexión» para que el «capricho de unos pocos (no la necesidad)» acabe con la paz, la convivencia y «con algo tan sagrado, reflejado como derecho fundamental en la Constitución, como es el de la propiedad privada».
El regidor municipal les trasmite su «profunda preocupación, cercana a la desesperación» por lo que «se ha convertido en un verdadero problema social que conlleva malestar ciudadano, comisión de delitos, actividades incívicas, falta de convivencia e inseguridad».
«Me estoy refiriendo —añade— a las ocupaciones ilegales de viviendas, perpetradas (sí, perpetradas) por indeseables personas que, a la vez que violentan la propiedad privada, ponen en jaque con sus actitudes la pacífica convivencia de los vecinos».
El alcalde relata que «estos sujetos entran violentamente en viviendas que no son suyas. En la práctica totalidad de los casos hacen conexiones también ilegales a las redes públicas de energía y agua, amenazan a los vecinos y destrozan la vida a quienes quieren simplemente vivir y convivir en una sociedad en paz».
Jiménez ha constatado que «muchas son las ocasiones en las que las compañías eléctricas, junto al ayuntamiento y a la inestimable e imprescindible colaboración de la Guardia Civil y de la Policía local, han procedido al corte de los suministros en un vano intento de hacerles manchar». «Una situación —continúa— que es delictivamente respondida a las pocas horas o días por los mismos sujetos ocupantes ilegales de viviendas ajenas, y que sume a la población no solo en el desconcierto y enfado, sino en la más profunda desesperación, al comprobar los inútiles esfuerzos de todos y de las propias fuerzas del orden, que se encuentran sin instrumentos para ejercer la autoridad».
El edil asegura que «estos sujetos campan a sus anchas, sabedores del privilegio del que gozan al no poder ser expulsados e incluso detenidos de manera automática por la comisión de estas acciones».
Por eso Jiménez pide «amparo y reflexión» a Grande-Marlaska y Campo. «Le ruego [que] desde su departamento haga todo lo necesario para que las fuerzas del orden, los cuerpos de seguridad del Estado, recuperen su autoridad y se pueda dar respuesta policial a esta serie de actos, que han de ser calificados de delictivos».
El alcalde traslada a los ministros la «inquietud de cientos, de miles de vecinos de Ocaña de bien, de ciudadanos de orden que creemos en la justicia, también en lo social. Pero hacer justicia social no es proteger a quienes violentan la propiedad, la convivencia, el orden».
«Peligroso para el Estado»
Jiménez se despide insistiendo en que las acciones de los okupas «han de ser tratadas como delitos. Y con la respuesta que se daría a cualquier comisión de delito: intervención inmediata de las fuerzas del orden con la autoridad inherente a las mismas; detención y puesta a disposición judicial del autor del mismo. Solo así acabaremos con esta nueva pandemia que sufre mi pueblo y que no estamos dispuestos a soportar más tiempo».
«La defensa de los derechos ciudadanos ha de provenir del Estado de derecho, no de la organización vecinal, que es lo que está ocurriendo. Y eso, señor ministro, es muy peligroso para el propio Estado», concluye el edil.<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D1234869450193085%26id%3D102999743380067&show_text=true&width=552&height=735&appId" width="552" height="735" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
«Lo que el alcalde describe es totalmente cierto», confirma la abogada que ha llevado ya varios casos de okupación. Destaca también que el juez David Pérez García-Patrón trabaja mucho contra la ocupación ilegal desde que llegó, a mediados del pasado año, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña. «Ha incoado delitos leves por usurpación y a los okupas les da un plazo para irse; si no, los condena por el delito, fija un día para el lanzamiento y a la calle. Pero llegó la pandemia y no se ha podido echar a más», manifiesta la letrada.
Recuerda la figura de un individuo, ahora en prisión por otros delitos, que abría viviendas por 50 euros. «Y dejó a sustitutos», añade. En este punto, diferencia a los okupas violentos, muchos de ellos muy jóvenes, de otros que en Ocaña han entrado en una vivienda para pintarla y arreglarla, «esperando que un día los echarán». «Pero luego irán a otro sitio. ¡Esto es para vivirlo», insiste la abogada.
Y habla también de la situación en la calle del Clavel, donde los okupas de un edificio viven enfrente de las casas que ocupan funcionarios de prisiones que trabajan en Ocaña, y a pocos metros .
«Contra las mafias»
Illescas, con unos 30.000 habitantes, es una de las poblaciones más en auge de la comarca de la Sagra, muy azotada por el fenómeno de la okupación. «Aún hay determinados focos y trabajamos con la Policía local, con la Guardia Civil y con las mancomunidades», afirma Francisco Rodríguez, portavoz del Ayuntamiento y concejal de Urbanismo. «Buscamos una solución para la gente que ocupa por necesidad social, pero, desde luego, no hay ninguna tolerancia con las mafias, que funcionan como relojes suizos. ¡Es alucinante!», exclama.
En su pueblo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, habló el 1 de julio de presentar una estrategia definida al delegado del Gobierno en la región y al ministro del Interior sobre la ocupación ilegal de viviendas en La Sagra. «Desde la Delegación del Gobierno, estamos de acuerdo en que todas las administraciones estemos coordinadas (ayuntamientos, Junta y Estado)», señalan fuentes oficiales. «La competencia de la Delegación del Gobierno —añaden— tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero, en el caso de los okupas, hay otras muchas cuestiones a considerar, comenzando por las propias leyes. Todas las administraciones tienen mucho que decir».
El concejal de Illescas exige que se legisle en materia de okupación. «Además, es histórica la reclamación de que se dé competencias a los ayuntamientos para poder maniobrar y reaccionar de una manera rápida, algo que ni tan siquiera tienen la Guardia Civil, ni la policía», recalca. Mientras eso llega, aconseja a los ayuntamientos que hagan como en Illescas: tener a mano los teléfonos de todas las entidades financieras con viviendas vacías para actuar en menos de 48 horas y tabicar.
En algunos pueblos de la comarca sus policías ya lo hacen sin permiso de los dueños, generalmente bancos e inmobiliarias, como reconoce a ABC un agente. «También amenazamos a los okupas: o se van o los detenemos por robo. Hay que ponerse rudo a veces. No podemos permitir que se llene el pueblo, pero no siempre funciona».
