Las pensiones se han convertido en el gran dolor de cabeza de las arcas públicas, como principal causante del déficit con el que España sale de la crisis después de que durante años fueran Estado y comunidades autónomas las administraciones díscolas. El propio Gobierno cree que este año el déficit de la Seguridad Social continuará aumentando por segundo año consecutivo hasta los 17.558 millones de euros, un 1,4% del PIB, en lo que supone elevar en 470 millones el agujero del sistema frente a los 17.088 millones de 2018, un alza fundamentada sobre todo por el gasto creciente en pensiones.
Así lo reconoce el Ejecutivo en la notificación de déficit y deuda que remitió a la Comisión Europea el pasado 9 de abril y que ha publicado hace unos días. En estas estimaciones el Gobierno se «desnuda
» y admite sus previsiones de déficit «reales» por administraciones, más allá de los objetivos que incluye en el Programa de Estabilidad, enviado unas semanas más tarde.
En este último documento, el déficit de la Seguridad Social previsto para 2019 era del 1,2% del PIB, pero en la notificación de abril, con estimaciones más ajustadas a la realidad, el Ejecutivo admite a la UE que el agujero será unos 2.500 millones mayor. Ni siquiera el crecimiento de la economía enjuga estos números rojos: el año pasado la Seguridad Social también terminó con un 1,4% del PIB de déficit, por lo que se trata de la única administración que no sanea sus números e incluso los empeora.
Una situación que llama la atención en un año en el que el Ejecutivo ha subido las bases máximas y mínimas de cotización junto a la subida del SMI para ingresar 2.189 millones más este año, a lo que se le suman otras medidas -como el aumento de la cotización para las empresas que contraten a temporales para trabajar menos de cinco días o el alza de cuotas a autónomos- que elevan los ingresos adicionales en cotizaciones para la Seguridad Social este año a 3.786 millones de euros.
Pese a este plus en la recaudación sumado al que va de la mano de la creación de empleo, el imparable crecimiento del gasto en pensiones provoca que el agujero en la Seguridad Social vaya a más. Parte de ello se explica por la revalorización con el IPC aprobada por el Gobierno para este año, unida al aumento de las pensiones de viudedad, mínimas y no contributivas, que restará 2.794 millones. A ello se añade que cada vez hay más pensionistas y que los nuevos jubilados reciben una nómina superior a la de los que abandonan el sistema, ya que en su vida laboral cotizaron con mayores salarios.
El Gobierno, además, descarta cumplir el objetivo de déficit para la Administración central este año: si la meta en vigor le marca un agujero máximo del 0,3% del PIB, en el Programa de Estabilidad lo flexibilizaba al 0,5%. Pues bien, finalmente el agujero será mayor, del 1% del PIB o lo que es lo mismo, 12.938 millones de euros que el Ejecutivo admite a Bruselas.
4.328 millones de superávit primario
Un boquete que se compensará con el superávit de las corporaciones locales, para las que el Ejecutivo augura un superávit de 6.271 millones -un 0,5% del PIB, mismo porcentaje que un año antes-, mientras que las regiones cumplirían su objetivo a ojos del Gobierno con un desfase de 1.254 millones, esto es, un -0,1% del PIB.
Así, el déficit total será de 25.479 millones -un 2% del PIB-, pero como novedad, por primera vez desde 2007 el Gobierno cree que cosechará superávit primario, es decir, un excedente descontando el pago de intereses. En concreto este superávit sería de 4.328 millones según sus cálculos.
La deuda aumentará en 29.893 millones
Sin embargo, este colchón no redundará, al menos en 2019, en una reducción más acusada de la deuda. El Gobierno planea que el pasivo de las administraciones aumente en 29.893 millones de euros, su mayor aumento en términos absolutos en dos años, hasta la abultada cifra de 1.203.000 millones de euros, esto es, un 95,8% del PIB -frente al 97,1% de 2017-.
Esta pesada carga supone un riesgo si en el futuro se encarece la financiación para el Tesoro. Un escenario que el Gobierno comienza a manejar, ya que por primera vez en cinco años contempla que el pago de intereses en las administraciones aumentará. Si bien se trata de un alza pequeña, 55 millones más que en 2018 hasta los 29.807 millones, simboliza el cambio de política monetaria que se palpa en los mercados. Entre 2014 y 2019, el Ejecutivo ahorraba año a año en el pago a acreedores por las compras del BCE. Sin embargo, el organismo que dirige Mario Draghi aparcó sus adquisiciones este año, lo que puede poner fin al abaratamiento de la financiación.
Una situación a la que se suma que las comunidades autónomas están volviendo a los mercados, algo positivo, pero que a corto plazo redunda en un aumento de los intereses a pagar frente a seguir dependiendo exclusivamente de los préstamos del Estado. Las cuentas públicas caminan en el alambre ante el riesgo de nuevas turbulencias en la economía.
